Por Luis María Serroels

En diciembre de 2001 nuestro país enfrentó quizás la mayor crisis económica, social y política desde de su historia. Desplomado el modelo de la convertibilidad que desembocó en medidas de neto corte antipopular, el arbitrario “corralito”, cinco presidentes en diez días y desbordes sociales respondidos con una dura represión, esas jornadas resultaron luctuosas y significaron la caída del presidente Fernando de la Rúa.

En esta capital, la represión desde el Estado tronchó tres vidas inocentes: dos niñas y un joven. Es cierto que muchos se aprovecharon del clima descontrolado para cometer tropelías, pero la protesta se convalidaba a partir de quienes no aceptaban más un cuadro intolerable. La violencia de arriba originaba la respuesta de abajo.

“Que se vayan todos”, fue la consigna, acompañada por el lenguaje estridente de las cacerolas. Pero lamentablemente muchos que debían irse se quedaron (y hasta se los volvió a votar) y otros que debían quedarse se terminaron yendo. Fue, con todos sus ingredientes y condimentos, una alianza entre el hartazgo por saturación y el ejercicio del derecho como sello legitimante. Cerca de treinta muertes en todo el país pusieron un rótulo trágico a esas jornadas aciagas que harían cesar el mandato de un presidente y abrirían una descompresión no demasiado convincente pero al menos con efectos amortiguadores ante la grave crisis.

Cuatro meses después, en Paraná se debatían siete causales contenidas en un claro dictamen tratado por los diputados –en funciones de cámara acusadora- para impulsar el juicio político al gobernador Sergio Montiel. Todo indicaba que se aprobaría el informe, para ser luego elevado al Senado en su calidad de cámara juzgadora.

Sospechosamente y luego de repetidas chicanas, los legisladores oficialistas terminaron dando el quórum constitucional que antes habían boicoteado para evitar que su jefe político deba enfrentar los cargos. Algo venía oliendo mal y un presagio desalentador invadía el recinto. Cuando hubo que levantar la mano y ante el estupor general, un diputado peronista estremeció el ámbito con una frase tristemente célebre: “voto por la negativa”.

Esta felonía salvó al mandatario que así continuó en su cargo. Todo cuanto sobrevino es conocido. La provincia entró en un período desastroso y la paz social quedó atrapada entre el autoritarismo y el desatino, como remezones del diciembre triste. Esta historia nunca se olvidará. Y es bueno que así permanezca para no cometer la irracionalidad de tropezar de nuevo con la misma piedra.

¿Qué pasó con los responsables?

Transcurrido un lustro de los funestos episodios, un ex jefe policial redactó una carta dirigida a la máxima autoridad de la fuerza y luego publicada en el Semanario ANALISIS, donde consignaba sus reflexiones y planteaba numerosos interrogantes sobre el comportamiento de los efectivos del orden durante aquellos días, a la vez que puntualizaba severas objeciones sobre la conducta exhibida por la cadena de mandos. En el documento, demandada investigar y determinar responsabilidades en la muerte de tres jóvenes: Eloísa Paniagua, Romina Iturain y José Daniel Rodríguez. Y ponía énfasis a la actuación del entonces Jefe de Policía, Victoriano Ojeda y sus subalternos (gestión de Sergio Montiel), pero también incluyó a Ernesto Geuna (el jefe ya en el gobierno de Jorge Busti) por no haber cumplido su compromiso de investigar esos gravísimos hechos.

Se afirma la necesidad de iniciar una amplia investigación administrativa contra la cúpula policial de entonces, poniéndose el acento en que “cuando se registran pérdidas de vidas, debe entenderse que detrás de ello existen responsables”. Es que frente a tamaña situación que comprometía seriamente la paz social, la fuerza policial pasó a ser protagonista de lo que ocurría, donde quedó evidenciada la inexperiencia de altos funcionarios políticos y policiales para enfrentar y conjurar el problema”. Y añade que “se colocó a oficiales de baja jerarquía ante la alta responsabilidad de salir a la calle, en operaciones donde se reprimió y hasta se efectuaron disparos contra le gente, sin evaluar ni ponderar en qué marco y por qué causas detonantes se hacían las marchas”.

Estaba claro, se expresa en la nota, que frente a un contexto de caos que debía ser controlado en base a las normas de procedimiento que rigen los reglamentos, no se observó la presencia del Jefe, sub Jefe ni Directores en el orden provincial, cuestión que resultaba más crítica si se recuerda que la Jefatura Departamental por ese entonces se había trasladado a María Grande y se requería presencia efectiva.

Alude asimismo a que “una acción inmediata y decidida en cuanto a las directivas exigibles, hubiera evitado disparar indiscriminadamente contra la multitud y con ello también librar a nuestra sociedad de esas muertes”. Y advierte que hubo entonces desprolijidad en la forma de actuar, falta de organización y de órdenes adecuadas, no perdiendo de vista que los propios efectivos policiales también enfrentaban situaciones económicas que no les otorgaban precisamente un equilibrio psíquico suficiente, resultando así factor fundamental la intervención operativa directa de la cúpula de la institución y el propio gobierno, que no se produjo.

“Lo que no se puede entender tras los hechos de diciembre de 2001, es que nunca se haya determinado la identidad de quienes dieron las órdenes ni tampoco medir los diferentes niveles de responsabilidad política del entonces gobernador y de su ministro de Gobierno”, sostiene el ex funcionario.

No se concibe que todo cuanto iba sucediendo quedara fuera del conocimiento de las autoridades, habida cuenta de los elementos de enlace comunicacional que enlazaban a los grupos de operaciones y de éstos con las altas autoridades, mientras la población observaba atónita las imágenes contundentes que acercaba la televisión. Deja en claro que las muertes de Paniagua, Iturain y Rodríguez, fueron el trágico final de una suma de desaciertos en la apreciación y análisis de los acontecimientos, errores que el poder de entonces nunca asumió. Según el firmante de la presentación, no es complicado revisar documentación donde están asentadas las órdenes de servicio recibidas por los jefes comisionados y las directivas enviadas a jefes de Comisarías, quién o quiénes lo hicieron, la toma y recepción de armas largas sin control superior, la provisión de proyectiles que, según informes, habría terminado agotándose y, no menos grave, el déficit de profesionalismo evidenciado. Los libros de guardia de Jefatura Central y Comisarías, más otros elementos que establezcan identidades, pueden ser un elemento muy valioso para fijar responsabilidades.

Transcurridos ya 10 años de aquellos infaustos hechos, la sociedad paranaense continúa sintiendo que hay una gran asignatura pendiente, cuya cancelación le hará justicia a quienes perdieron la vida sin saber porqué. Un solo condenado por estos asesinatos: al cabo Silvio Martínez, de la Comisaría Octava, recibió una sentencia de 10 años por matar a Eloísa Paniagua. Los demás siguen cubiertos por la impunidad.

Omisiones y acefalía

En una ceremonia cuidadosamente preparada y ornamentada –e iniciada con un irreverente retraso por no haber podido sustraerse a observar un partido de fútbol-, Sergio Urribarri asumió su mandato por segunda vez consecutiva (una prerrogativa inédita que le concede la reformada Constitución entrerriana). En líneas generales se trató de un buen mensaje en el cual exhibió una evidente superación en materia de oratoria, pero por momentos pareció hallarse todavía en campaña proselitista y elípticamente censuró a quienes no se identificaron con su pensamiento.

La insistencia en temas ya repetidos, con propósito efectista, es parte de las costumbres históricas ya naturalizadas. Pero no dejaron de llamar la atención una serie de omisiones que, por el momento en que se pronunciaron sus palabras, adquieren no poca importancia. Por ejemplo, no alentó ninguna expectativa salarial para activos y pasivos del Estado provincial, en momentos de rispideces con los gremios y fuertes demandas que buscan recuperar el poder adquisitivo de sus haberes. Este olvido no genera un buen clima en miles de familias entrerrianas. Tampoco hizo mención a algún tipo de bonificación graciable, al menos para sueldos y jubilaciones más bajas. Y a pesar de su entusiasmo y optimismo por terminar con la pobreza, no explicó con qué herramientas luchará contra este flagelo.

Es útil recordar que entre el 14 al 17 de diciembre de 2001 -pocos días antes del
estallido popular-, 3.100.000 personas votaron adhiriendo a la propuesta del Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo). En la consulta se planteó el verdadero problema de los argentinos: la desocupación y la pobreza, definiéndose precisamente que la desocupación ha sido siempre el instrumento de disciplinamiento social aplicado por los gobiernos de turno.

Volviendo al mensaje de Urribarri, tampoco aludió a una eventual reforma del régimen de coparticipación federal de impuestos, sabiendo que está pendiente la reformulación exigida por la Constitución de 1994 (Sexta disposición transitoria) de la que sucesivas camadas de legisladores han hecho caso omiso y los gobernadores de turno rehúyen por motivos que sólo ellos conocen. Además Urribarri sabe que el descuento que la Nación le hace mensualmente a cada provincia desde 1992, consistente en el 15 % sobre la masa primaria con destino a la Anses, se torna cada vez más innecesario porque ese organismo tiene una gran caja que no justifica acogotar a los estados del interior.

La diputada nacional Cristina Cremer (Entre Ríos), denunció que de la recaudación impositiva de 2012, calculada en 668 mil millones de pesos, la nación sólo coparticipará 163 mil millones. Y además, se quejó porque en el artículo 15 del Presupuesto Nacional, el centralismo kirchnerista se habilita a utilizar recursos que pertenecen a Salto Grande. Sobre esto tampoco habló el reelecto gobernador. ¿Qué instrucciones les habrá impartido a los legisladores entrerrianos?

Finalmente –siendo muy sintéticos en nuestras observaciones-, debemos aludir a una frase que el mandatario pronunció con un tono más elevado y es cuando dijo que nadie se haga los rulos pensando que pretendía eternizarse en el cargo. Quizás se olvidó en ese momento que detrás suyo estaba el vicegobernador José Cáceres, quien el 16 de noviembre apoyó públicamente una nueva reforma constitucional que permita la re-reelección de Urribarri, destinada a promover un tercer mandato cuando aún no había comenzado el segundo.

Ratificamos nuestra opinión vertida en La Lupa del 19 de noviembre, basándonos en el artículo 161º que veda toda posibilidad de una tercera gestión, salvo que una reforma –previa convocatoria a una convención constituyente según ordena el artículo 272º- acuerde semejante posibilidad. Como hemos sostenido, para que ello ocurra debe contarse con al menos dos tercios de los miembros de cada cámara, cosa que le sobra al oficialismo en el Senado pero no le alcanza en la cámara de Diputados. Al no haber ley no hay convocatoria y sin ésta no hay elecciones ni asamblea constituyente. Creemos que Urribarri actuará con la prolijidad necesaria y no querrá llevar sobre sus espaldas la mácula de pasar a la historia como el gobernador que se hizo una reforma a medida, como si el poder fuese una sastrería. Finalmente quedó claro que el cordón umbilical con la Casa Rosada, seguirá conectado.

Un párrafo especial para aludir a un hecho que parece haber pasado desapercibido pero no deja de tener gravedad. Podría decirse que el pasado fin de semana el gobierno provincial estuvo acéfalo. Y ello fue así, porque desde la cero hora del domingo 11 hasta la casi noche del lunes 12, no hubo autoridades que conduzcan el Poder Ejecutivo provincial. Se sabe que en la línea sucesoria, en ausencia del gobernador éste debe ser reemplazado por el vice. Si éste no puede hacerlo, continúa la cadena trasladando la responsabilidad al presidente de la Cámara de Diputados y, en último caso, el remedio constitucional indica que el Poder Ejecutivo debe quedar a cargo del Presidente del Superior Tribunal de Justicia.

Al culminar el primer mandato de Sergio Urribarri (a la hora 24 del sábado 10), el gobierno quedó sin autoridades, porque también había cesado en sus funciones el vicegobernador y las cámaras no se hallaban funcionando formalmente. Lo que debió hacerse –si se lo hizo al menos no se lo informó-, era transferir provisionalmente el ejercicio del gobierno y hasta tanto asuma el futuro mandatario (en esto no interesa que Urribarri se haya convertido en sucesor de sí mismo), a quien preside el STJ, en este caso, la doctora Leonor Pañeda. Por consiguiente y por alrededor de 44 horas, se produjo un estado de acefalía que podría haberse solucionado fácilmente el mismo sábado al retorno del gobernador de la ceremonia de juramento de la presidente de la Nación. ¿Nadie se percató de este “blooper” institucional? Si estamos errados, lo reconoceremos humildemente, como corresponde.

Y ya que hablamos de juramentos y sucesiones, fue muy lamentable lo ocurrido al mediodía del sábado en el Congreso Nacional. Se sabe que nuestra Ley Suprema en su artículo 93º, establece que al tomar posesión de sus cargos, el presidente y el vice prestarán juramento en manos del presidente del Senado. Mucho se especuló la semana anterior respecto de si Julio Cobos lo haría o no, ya que desde el kirchnerismo se lo presionó para que no lo haga, generándose rumores de que podrían originarse incidentes en el recinto. Pero la mandataria decidió –más allá de que está obligada por la Carta Magna- que el juramento se preste según el precepto constitucional. Finalmente Cobos, en un gesto corajudo y de responsabilidad, acudió a la cita.

Para asombro de los presentes y de millones de televidentes, tanto Amado Boudou como Cristina Fernández, juraron por su cuenta leyendo un texto preestablecido. Pero lo más insólito fue que la cinta argentina le fue colocada a la reelecta mandataria por su hija Florencia (¿en calidad de qué?), en un juego irrespetuoso de protocolo propio, antojadizo y ajeno a las normas vigentes. Es un tema no menor que, teniendo en cuenta la abrumadora mayoría que en el Congreso ostenta el kirchnerismo, puede indicar de qué manera se irán abriendo las compuertas a excesos y atropellos en una especie de “operativo revancha”. El ultra rápido tratamiento dado sin necesidad a varios proyectos, sin escuchar opiniones distintas ni leer seriamente la Constitución, son una muestra acabada. Este Parlamento K quiere ingresar al Libro Guinnes de los récords (los diputados lo hicieron sesionando durante 17 horas corridas).

La siguiente frase tiene una gran significación: “Las constituciones son el chaleco de fuerza que las sociedades se colocan en tiempos de bonanza, para no cometer desatinos en épocas de crisis”.

Colofones

1-Una información publicada en la semana, da cuenta de la inmoralidad imperante en el Senado nacional al revelar que cada integrante de ese cuerpo que deba viajar desde el interior del país hacia la Capital Federal y viceversa, dispone de 240 pasajes aéreos anuales gratuítos (20 por cada mes de sesiones). Pero lo más repudiable es que por los boletos que no se utilicen, pueden solicitar el dinero equivalente. Este plus se suma al sueldo, gastos de representación y gastos por desarraigo (que perciben quienes viven a más de 100 kilómetros del Congreso). Quienes han venido canjeando pasajes por dinero fresco –alrededor de la mitad-, se habrían hecho al final del período ordinario de una suma superior a los 132 mil pesos, incorporada a sus cuentas bancarias. Esta práctica, que ha sido legitimada por la cámara –es decir, los propios beneficiarios- es una mancha oscura que avergüenza al Parlamento y distancia más los legisladores de quienes los han ungido para sentarse en las bancas. Como si esto fuera poco –al decirde los vendedores ambulantes-, los senadores del Frente para la Victoria, apenas desembarazados de Julio Cobos, no demoraron en pedirle al titular de la cámara, Amado Boudou, un aumento de sueldo porque ¡sufren merma en el poder adquisitivo! Dígame lector: ¿a usted esto no le provoca indignación? A este periodista sí.

2- El gobernador Sergio Urribarri puso en funciones como nueva Directora de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, a la joven Ana Carolina Gaillard. Su condición de abogada, master en Administración Pública y asistente a seminarios internacionales, hacen de la flamante funcionaria una inteligente designación. Quien la antecediera en el cargo, el piloto de automovilismo Omar Gurí Martínez, nunca pareció una presencia acorde con las exigentes responsabilidades de la función y por ende la dedicación material que impone. De hecho se ignoran cuáles fueron los aciertos evidenciados durante su revista como un virtual embajador entrerriano en la ciudad capital de los argentinos. Un balance de esa tarea no estaría de más. Hasta la semana que viene.