Hace 9 años se comenzaron a llevar adelante los concursos a través de un proceso dividido en tres etapas: Antecedentes, Oposición y Entrevista Personal.

En cada una de ellas se evalúan diferentes aspectos: en la primera, el recorrido académico y profesional; en la segunda, la solvencia técnica a través de un examen escrito en el que se tiene que resolver un caso judicial concreto; y en la tercera, diferentes sectores sociales elegidos por sus representados (asociaciones, gremios, etcétera) indagan sobre aspectos más humanos.

“Siempre van a haber vacantes, porque la gente se jubila. Pero la brecha entre las designaciones de jueces luego de haber concursado, y los que se van, es cada vez más corta”, evaluó el secretario general del organismo, Gustavo Castiglioni. En la actualidad están en trámite 25 concursos, mientras que las vacantes que se comunicaron desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al Consejo y aún falta llamar a concurso son 12.

Esto hace que se esté ante la presencia de 37 vacantes en toda la provincia. Todas los demás fueron cubiertas. En el Poder Judicial los cargos que se concursan son 203, lo que indica que sólo restan evaluar un 18,2 por ciento. El mérito es que casi el 80 por ciento de la Justicia se renovó en estos años con el nuevo sistema.

Tiempos

Es difícil encontrar un consejero que pueda precisar cuánto dura o debe durar un proceso de evaluación. Todo depende de una serie de variables, por ejemplo, las impugnaciones. Algunas cuestiones se solucionaron con la nueva reglamentación. Un punto importante que se introdujo en el nuevo texto aprobado por la Legislatura y que se pondrá en marcha con los próximos 12 concursos es la inversión de las etapas. Con este cambio, el puntaje de los antecedentes se dará a conocer junto con los de la oposición con el fin de evitar cualquier especulación por parte de los concursantes ante una escasa performance en la primera etapa.

En un escenario así, muchos no se presentan en la segunda. Esto también tiene como objetivo economizar recurso humano. Pero el enroque en las dos primeras etapas también impide el festival de impugnaciones por parte de los concursantes que, en muchas oportunidades, lo hacían sobre lo resuelto en Antecedentes y luego en la Oposición. Quien quiera apelar en cualquiera de las dos etapas lo hará en una sola vez. De esta forma se agilizará el concurso, muchas veces empantanado por las desconformidades de los aspirantes con las calificaciones otorgadas por el jurado.

Todo el procedimiento para la elevación de las ternas al Poder Ejecutivo no podrá extenderse por más de 120 días hábiles contados desde la primer publicación del respectivo llamado a concurso, pudiendo prorrogarse por resolución fundada del Consejo. Aún queda por resolver en el seno del organismo el puntaje que se le asignen a los ítemes de cada uno de los antecedentes que se presenten (postgrados, cursos, antigüedad, etcétera).

“Quizás esperemos que pase mayo en donde a algunos consejeros se le vence el mandato”, narró Castilioni. Igualmente, la idea es seguir disminuyendo la brecha. 374 aspirantes se han presentado en el Consejo de la Magistratura de la provincia desde su creación. En su mayoría, los postulantes se presentan para más de un cargo, informó La Calle.