Por Beatriz Montaldo (*)

En menos de 48 horas los entrerrianos recibimos del Poder Ejecutivo dos propuestas de gobierno que nos sirven de disparadores para la reflexión sobre cuál es el proyecto de provincia con que se está administrando. Las dos tienen que ver con el futuro, porque involucra a las nuevas generaciones de entrerrianos.

Por un lado, se impulsa un proyecto para que los jóvenes puedan votar a los 16 años sin siquiera percibir la gravedad de lo que sostiene: se incluye en los fundamentos de la iniciativa que, así como existen madres adolescentes y chicos que trabajan, también deberían tener el derecho a elegir y ser elegidos.

La perversidad de este mecanismo de sostener un argumento “a favor” de un derecho a partir del reconocimiento de que otros derechos están siendo vulnerados provoca espasmos. Porque incluso viene del Área de Juventud -que siempre ha sido una suerte de “semillero” de dirigentes- y con el propósito explícito de imponer un debate, pero que está muy lejos de las demandas concretas de esos que dice representar.

Efectivamente, hay madres-niñas honrando su condición como pueden e incluso tal vez llorando su suerte a escondidas por una realidad que no es la que querían. Efectivamente, hay hombres-niños llevando el pan a sus hogares como pueden y gambeteando su doble condición de jefes de familia y pibes que quieren divertirse. Todos con un futuro truncado, esperando sortear el día y ya veremos mañana. Sin animarse a soñar para que tampoco haya de qué decepcionarse. E incluso, viendo que no terminen detenidos en alguna comisaría porque viven bajo sospecha por ser pobres... o mejor dicho, expropiados.

En este mismo escenario aparecen proyectos educativos de vanguardia, que hacen presente en la memoria los tiempos en que con fondos internacionales que no sabemos hoy cómo pagar llenábamos de computadoras escuelas sin luz eléctrica.

Proponemos así -porque es el Gobierno elegido por el pueblo quien lo hace- la creación de nuevas carreras desde la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) con recursos técnicos y humanos sostenidos con fondos de la Comisión Administradora de Fondos Especiales de Salto Grande (CAFESG). Claro: la educación hace al desarrollo de la región y entonces es lícito destinar esos fondos a una tecnicatura, tanto como el uso que se hizo durante más de una década con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Pero se supone que un plan de factibilidad serio debería tener en cuenta la oferta existente y su relación con la potencial matrícula. Ello, sin mencionar las alarmantes similitudes con planes de estudios ya consolidados y que estas propuestas están siendo planteadas sin debate en los órganos de conducción de la institución universitaria e incluso casi sin chances de ser aprobadas por la Comisión Nacional de Evaluación u Acreditación Universitaria (Coneau). Entonces, en esta mediocridad académica lo único que tiene continuidad entre las gestiones de gobierno de diferente signo partidario resulta ser el reproductivismo de experiencias nefastas.

No nos equivoquemos: no estamos frente a un Estado desertor. Hay un plan sistemático que se sostiene en el paradigma de la desigualdad, solapado bajo las tonalidades más variadas de los barnices especulativos que ya conocemos: si el contexto ordena, se sostienen políticas neoliberales y llenamos el vaso que promete derramar; si el contexto ordena, sostenemos la consigna de la reconstrucción de un proyecto nacional que nos encargamos de hacer añicos. Todo sin medir consecuencias, sin percibir demandas, sin superar el cortoplacismo en una provincia expulsora, que supera la media nacional en todas las mediciones que se quieran hacer sobre pauperización de las condiciones de vida.

Precisamente, hoy aparece cuantificada otra de las verdades que constatamos cotidianamente: nuestro pueblo es cada vez más pobre, más desnutrido, más analfabeto. Porque si apenas cuatro de cada diez trabajadores públicos, que tiene nada más ni nada menos al Estado como patrón, ha tenido la posibilidad de ejercer su derecho a terminar la escuela primaria, qué podemos esperar del sector privado. No hay agenda en este Gobierno para esta problemática. Porque lisa y llanamente no hay un proyecto educativo para Entre Ríos.

Las consecuencias de lo que se vendió bajo la sacra consigna de reformas “eficientes” están en la superficie: atrocidades sociales como el despido de trabajadores y el abandono de obligaciones.

Sostenemos que la educación es la única herramienta para sostener la identidad de un pueblo; consecuentemente, estamos trabajando para romper la desintegración. Porque siguiendo por el camino emprendido por este gobierno sólo vamos encontrando la consolidación de la desigualdad.

(*) Beatriz Montaldo es diputada provincial (Nuevo Espacio-Paraná) y fue secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y de la seccional provincial de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).