“Coincidimos con la concejal Minino” en lo expuesto anteriormente,
aseveraron. “En lo que no coincidimos con la señora Minino es en su pretensión de minimizar la impugnación interpuesta por Almada”, agregaron.

“Si bien es cierto que no es ninguna novedad para cualquier federalense que Cecco ocupó varios cargos en los gobiernos de facto, ahora vemos que aparecen en los medios elementos de juicio que de ser verdaderos, resultan de mucha seriedad. Hoy se está hablando de que durante la dictadura fue varias veces secretario de Gobierno, que disolvió el Honorable Concejo Deliberante (organismo que representa al pueblo), en abierta violación a la división de poderes, que declaró huésped de honor a los represores Rafael Videla y Albano Harguindeguy, que echó empleados públicos sin sumario administrativo, aplicando las leyes de la subversión, entre otras cosas”, argumentaron.

Por lo tanto, “en caso de que se demuestren estos hechos, no estamos ante una situación intrascendente para hacer declaraciones deliberadas por parte de algunos dirigentes, en el marco del desconocimiento. Como es sabido, nosotros apoyamos fuertemente la política de defensa de los derechos humanos que lleva a cabo el gobierno nacional, y por ende interpretamos que esta impugnación debe analizarse con la debida seriedad y premura”, instaron.

“No cabe su minimización, como lo hace la señora Minino y como también pretende Cecco, argumentando que él sólo realizaba tareas administrativas y era un simple empleado municipal. Además aparentemente habría también otros casos, donde llama la atención que aparezcan algunas personas y medios queriendo taparlos o desvirtuarlos. Es más: creemos que a partir de esta impugnación habría que empezar a investigar más, porque podrían aparecer nuevas sorpresas”, deslizaron.

Asimismo, “queremos dejar constancia de que lo que ha generado nuestra desconfianza son las propias declaraciones de Cecco, negando veracidad a algunas de estas acusaciones que han tomado estado público. Primero faltó a la verdad al afirmar que sólo tenía 18 años, después afirmó que sólo era empleado municipal y ahora afirma que esto viene de parte del municipio”, añadieron.

“Esto último resulta ser lo más grave, porque de acuerdo a lo que ha trascendido de esta impugnación por los medios, todos los elementos probatorios son decretos municipales. Y como es de conocimiento público, para que los decretos sean válidos se requiere su publicación. ¿Cómo puede decir entonces que ésta sólo se puede originar en información de la Comuna? ¿O acaso cuando él estuvo como secretario de Gobierno y Hacienda y fue intendente interino en dicho período nefasto no se publicaban los decretos?”, inquirieron.

“Por eso y para resumir, la posición que tomamos como justicialistas es seguir levantando la bandera de los derechos humanos. Cabe mencionar que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó su preocupación en el año 2000, respecto a que seguían en el país habiendo personas que habiendo prestado funciones en la dictadura, seguían ocupando cargos públicos e inclusive recibiendo ascensos, siguiendo con esto la impunidad de los responsables de la violación de los derechos humanos y manifestó que estas violaciones deben seguir siendo investigadas durante todo el tiempo necesario y con toda la retroactividad necesaria. Luego, con la sanción de la ley 25.779, que declaró insanablemente nulas las leyes de punto final y obediencia debida, una nueva etapa ha comenzado en nuestro país, que es el principio del arduo y largo proceso de poner fin a la más cruel de las impunidades y a la falta de justicia. Posteriormente con la reciente Reforma Constitucional de Entre Ríos, se estableció que es condición de idoneidad para ejercer cualquier función de gobierno, no haber desempeñado ningún cargo de responsabilidad política en regímenes de facto”, sostuvieron.

“Esta normativa va en consonancia con la legislación nacional e internacional, que inhibe la impunidad como política de estado y la negación del derecho fundamental a la justicia, a las víctimas y a toda la sociedad. Este tipo de normas resulta fundamental para fortalecer las instituciones de la democracia, sobre todo en países como el nuestro, que sufrió reiterados golpes de estado y quebrantamientos del orden constitucional”, analizaron.

“Sólo cabe esperar entonces que la Justicia Electoral se expida como corresponde. Y que caigan los que tengan que caer. Máxime si tenemos en cuenta que dicha reforma fue defendida por el propio radicalismo”, asestaron.
“Claro que si Cecco dice la verdad y lo puede demostrar ante la Justicia Electoral, entonces debería estar tranquilo, porque así son las reglas de la democracia. Mientras que de nuestra parte no le tenemos miedo a su candidatura, porque siempre le hemos ganado en las urnas y porque nunca hemos ocupado cargos públicos de ninguna naturaleza en la dictadura y por el contrario, fuimos perseguidos. Esto es en definitiva lo que le tiene que quedar muy claro a la sociedad federalense”, concluyeron.