El bloque de senadores provinciales de Juntos por Entre Ríos expresó un duro repudio a las presuntas amenazas y agravios que, según denunció públicamente la concejal Karina Percara, habría recibido por parte del intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto (PJ). A través de un comunicado, los legisladores calificaron el episodio como un hecho de “enorme gravedad institucional” y reclamaron que la Justicia avance en el esclarecimiento de la denuncia. Una idéntica actitud tuvieron los diputados provinciales del oficialismo, que repudiaron el hecho y exigieron justicia.
"Las expresiones intimidatorias y descalificaciones personales que trascendieron públicamente constituyen un hecho de enorme gravedad institucional, impropio de quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de una ciudad y representar a todos sus ciudadanos", señalaron.
Y agregaron: "En democracia no hay lugar para los aprietes, las amenazas ni la violencia política. Mucho menos cuando son dirigidas hacia una representante elegida por el voto popular en el ejercicio de sus funciones de control y representación institucional".
En ese marco, sostuvieron: "Nos preocupa profundamente que este tipo de conductas intenten naturalizarse en el ámbito político. El respeto por las instituciones, por la división de poderes y por la tarea de los cuerpos legislativos es una condición indispensable para la convivencia democrática".
Asimismo, manifestaron su solidaridad con la concejal y reafirmaron el "compromiso con la defensa de la libertad de expresión, el respeto institucional y el pleno ejercicio de los derechos políticos de quienes cumplen funciones públicas".
"Esperamos que la Justicia avance con celeridad en el esclarecimiento de los hechos denunciados y que nunca más el ejercicio del poder sea utilizado para intimidar o silenciar voces opositoras", cerraron.
Diputados también repudian
Por su parte, el bloque de diputados de Juntos por Entre Ríos expresó también su repudio. “Lo sucedido reviste una gravedad institucional evidente. No se trató de una discusión privada ni de una diferencia política circunstancial. Por el contrario, los hechos ocurrieron en un ámbito público, ante funcionarios y otros testigos, y estuvieron dirigidos contra una representante elegida democráticamente por la ciudadanía para ejercer, entre otras funciones, el de control sobre los actos del Ejecutivo municipal”, detallaron.
“En democracia no puede naturalizarse ningún intento de intimidación hacia quienes cumplen con su deber institucional. Los concejales no son subordinados del intendente; son representantes del pueblo con autonomía política y con responsabilidades claramente establecidas por la ley. Pretender disciplinar o amedrentar a quien controla la gestión pública constituye un ataque directo a la convivencia democrática y al normal funcionamiento de las instituciones”, señalaron.
“Desde el bloque expresamos nuestra solidaridad con la concejal Karina Percara y valoramos su decisión de hacer pública la situación y acudir a la Justicia. El silencio frente a este tipo de episodios sólo favorece la degradación del debate público y el avance de prácticas incompatibles con una democracia sana”, indicaron.
“La política necesita más respeto, más tolerancia y mayor apego a las reglas institucionales. Ninguna investidura habilita el abuso de poder ni el agravio hacia quienes piensan distinto o ejercen el rol de contralor que la ciudadanía les ha conferido.
Por último, indicaron que impulsarán en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución "repudiando estos hechos y reafirmando el compromiso irrenunciable con la defensa de las instituciones democráticas, la libertad de expresión y el respeto entre los distintos poderes del Estado”, destacaron en el comunicado de prensa.
