Gobierno: la basura bajo la alfombra. Jubilaciones en riesgo. Terrorismo sui generis. Londres Express

*Por Luis María Serroels para ANALISIS DIGITAL

Obsérvese lo que ocurre en el Parlamento nacional, donde la hegemonía oficialista está aprobando prácticamente a libro cerrado y con simulacros de un falso debate las leyes que la presidente Cristina Fernández demanda, incluyendo la concesión de mayor poder, sin interesar su costado de inconstitucionalidad. Las opiniones opositoras no tienen cabida, la prensa independiente no vale y el sentido común ha desaparecido. Ni siquiera para salvar las apariencias se opta por escuchar voces disímiles o posiciones divergentes, instalándose el juego del pensamiento único que da por tierra con la necesidad de fijar un clima de convivencia en el Templo de las Leyes. Hay una especie de “legisducto”, un tubo por donde ingresan, corren y salen despedidos los proyectos, velozmente convertidos en leyes.

En un tiempo récord se están votando normas respondiendo a órdenes de arriba. Y esta práctica que tiene mucho de “chavismo”, revela que entre una dictadura con botas y una dictadura con votos, la diferencia sólo se da en el origen porque no existe en el ejercicio.

Pero es menester ajustarnos a nuestra región. Según una nota publicada en el Semanario ANALISIS del jueves 22 (y hasta ahora no desmentida públicamente), en el núcleo de legisladores provinciales más cercano al gobernador se estaría analizando en voz baja una medida que de confirmarse, caerá como una bomba en el ámbito de los agentes estatales. Se trata nada menos que de extender la edad jubilatoria -una tentación que no es novedosa pero que siempre ha naufragado ante la resistencia de los involucrados-, lo cual confirma que el sistema hace cada vez más agua, por lo que se busca una salida con bisturí al recargar con años de servicio a quienes vienen remando durante décadas pensando en su merecida pasividad. Es como si a un piloto de Fórmula Uno que está llegando a la meta de un Gran Prix, se le anunciara dos vueltas antes del final que deberá agregar más giros al circuíto de los que se había pactado en la largada. ¿Es esta ampliación de la edad, lo que votaron tantos entrerrianos el 23 de octubre? ¿No halló el elenco ahora reelegido la forma de trasmitirlo sin temor a pagar un precio muy caro? A esta posibilidad tampoco la citó Urribarri en su discurso de asunción.

Se dice puertas adentro que tarde o temprano habrá que modificar la relación entre edad y años de servicio, porque hoy la Caja enfrenta un déficit anual de 300 millones de pesos. ¿Porqué no se estructura otra salida consistente en eliminar ese déficit haciendo cesar la retención automática y ya innecesaria que mensualmente hace la nación del 15 % de la coparticipación, para solventar el régimen de reparto que maneja la Anses con evidente discrecionalidad? Con la modificación, un agente terminará obviamente trabajando mayor tiempo, pero no pueden soslayarse las particularidades, porque hay sectores como el docente, el policial y el de salud (especialmente el afectado a la atención de patologías mentales) que no pueden resistir determinada cantidad de años. El factor desgaste no puede serle indiferente a los tecnócratas del gobierno.

Aunque ya lo hemos comentado en esta columna, es necesario volver al tema porque demuestra que Sergio Urribarri ya tuvo intervención en el pasado en un intento que afectaba fuertemente a la clase pasiva del Estado entrerriano. Iniciativa que estaba viciada de inconstitucionalidad desde el arranque por un impedimento ignorado supinamente por los mentores de tanto despropósito.

Rememoremos: el 25 de octubre de 1995 –gestión de Mario Moine-, ingresó a la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados un proyecto propiciando un plebiscito para conocer la voluntad popular acerca de la posibilidad de transferir la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia a la órbita nacional. Se apuntaba a realizar la consulta en 1996 (ya gobernando Jorge Busti), bajo las prescripciones de la Ley Electoral Provincial y con carácter obligatorio. Se fijarían sólo dos opciones, por el sí o por el no, dejándose aclarado que una mayoría del voto afirmativo significaría el consentimiento para el referido traspaso al régimen nacional y hasta dejaba abierta la opción de escoger el sistema privado o el público de todos los regímenes jubilatorios vigentes en la provincia en ese momento.

Procurando argumentar a favor de esta idea, los legisladores aludían al déficit del sistema entrerriano, que obligaba a sustraer fondos de otros destinos o cargar sobre las espaldas de los contribuyentes. Y, apocalípticamente, advertían que este problema podría conducir a la temible eventualidad de un descalabro provincial de enorme magnitud y llevar la consiguiente inquietud y preocupación a jubilados y pensionados, por lo cual se demandaba el pronunciamiento ciudadano que legitime las decisiones.

Aunque parezca mentira, los diputados no sabían que la figura del plebiscito no se hallaba en el texto constitucional vigente y al resultado de una eventual consulta le pensaban otorgar fuerza jurídica, significando lisa y llanamente la derogación del artículo 19º (hoy este precepto lleva desde 2008 el número 41), aunque convengamos que hay veces en que se hurga en algunos textos para alguna picardía interpretativa, pero es la provincia la que asume la garantía sobre del derecho a los beneficios de jubilación y pensión a los funcionarios y empleados provinciales y municipales a través de normas técnicas que respeten el principio de proporcionalidad entre aportes y beneficios, tiempo de prestación y edad de los beneficiarios.

Pués bien, entre quienes se proponían reemplazar mediante una medida legislativa nada menos que al artículo 216º que exigía una convención constituyente nombrada especialmente para reformar la carta entrerriana, estaba el diputado Sergio Urribarri, el mismo que hoy como gobernador estaría considerando una norma que caería como un baldazo de agua fría sobre la planta de personal. ¿Qué dirán los gremios, en especial uno cuyo secretario general preside la cámara baja?

Pareciera que las cosas van transcurriendo como adelantáramos hace unas semanas –y el acierto del vaticinio no nos enorgullece en absoluto- con el viento de cola que le da al Poder Ejecutivo su hegemonía absoluta en la Legislatura, condición de la que carecía hasta el 10 de este mes. ¿Qué otras iniciativas urticantes estarán en carpeta? Hoy surgen elementos que no acarrean tranquilidad. Esta gestión, que nueve meses antes de ser prorrogada acordó aumentos salariales y nunca más (excepto al Poder Judicial), negándose sistemáticamente a nuevos ajustes que morigeren los efectos de la inflación, también dejó de liquidar un aguardado plus graciable por única vez para los haberes más bajos de activos y pasivos.

Pero concurren otros elementos: en diciembre de 2008, luego de producirse la cancelación por parte de la nación de una deuda de 150 millones de pesos que tenía con el sistema previsional de la provincia, Urribarri proclamó jactanciosamente que “el gobierno de Entre Ríos trabaja junto con el gobierno nacional. El cumplimiento del acuerdo por estos fondos previsionales revela un tratamiento preferencial con Entre Ríos, que redunda en beneficios concretos para los jubilados y futuros jubilados provinciales”. Para el mandatario, cumplir con compromisos derivados de un acuerdo formal entre ambos gobiernos constituye un trato preferencial que lejos está de serlo.

Este pacto apuntaba a liquidar lo que el Palacio de Hacienda debía a Entre Ríos por partidas reclamadas y que respondían al hecho de que el gobierno federal descuenta mensualmente parte de la masa coparticipable para financiar regímenes jubilatorios provinciales transferidos. Como nuestra provincia no hizo transferencia y sostiene el régimen suyo, no correspondía ceder recursos para mantener la masa de pasivos de otros estados, es decir, se enfrentaba a una doble erogación de recursos. ¿Qué opinión tienen sobre el rumor las autoridades de la Caja entrerriana?

De acuerdo a un informe publicado hace unos días por un medio gráfico, el gobierno nacional venía apretando a las provincias para que cancelen deudas que tienen vencimiento en 2012, pero el gobernador saliente de Córdoba, Carlos Schiaretti, antes de irse alcanzó a pedirle al Ejecutivo nacional que le gire la suma de 1.400 millones de pesos que le debe a la provincia mediterránea (¿entonces?).

El nuevo convenio suscripto por la presidente con 17 provincias para prorrogar por dos años el plazo de cancelación de obligaciones vencidas, se denomina Programa de Desendeudamiento. Un Estado nacional que se queda leoninamente con el 77 por ciento de la coparticipación federal y con el 100 por ciento del Impuesto al Cheque, no puede exhibirse como generoso federalista para con las provincias. El mandatario santafesino Antonio Bonfatti, aclaró que su provincia (Al igual que otras dos) no tiene deudas con la nación y más aún, la nación le adeuda a Santa Fe 8.000 millones de pesos, aguardándose un fallo de la Suprema Corte de la Nación para recuperar ese dinero. De esto no habla Cristina Fernández.

Sería muy útil, para salir de dudas, que desde la Secretaría de Hacienda entrerriana se publique un informe completo sobre el estado actual de la deuda, discriminando acreedores, montos, fecha comprometida para la cancelación y sumas que se sigue quedando el gobierno central para el sistema de seguridad social desde 1992, tomando al menos los años 2007 a 2011 inclusive. Y además, verificar si el dinero que se debe transferir a nuestra provincia por no haber nacionalizado su sistema previsional, está al día. Todo sea válido para que no se oculte la basura bajo la alfombra. Y para saber cuan lejos estarán hoy las cuentas respecto de las graves dificultades de las que no hace mucho hablaba el hoy funcionario Marcelo Casaretto.

* Terrorismo sui generis
Es sorprendente que un gobierno que se siente tan fuerte y seguro, descansando sobre un apoyo histórico concretado el 23 de octubre, se exhiba tan débil a la hora de enfrentarse con la prensa independiente Todos quienes hoy lanzan sus jaurías contra un sector de la prensa y muy especialmente el Grupo Clarín, pueden tener sus razones, pero olvidan que este multimedio, que hoy está demonizado por la Casa Rosada como el villano de la película, es el mismo con el cual Néstor Kirchner transó no bien llegó a la presidencia, en una operación muy beneficiosa para ambas partes.

Los ataques a Papel Prensa, con toda la munición que se encuentre a mano, buscan desnudar aspectos que aniquilen a los actuales fabricantes (no se ocupan de Papel de Tucumán porque no elabora papel para diarios), pero el enceguecimiento es tal que los voceros del gobierno pierden de vista que mientras el romance se mantenía-, ninguna basurita le encontraban. Si todo cuanto se dice de Papel Prensa es real (no se trata de un coro de ángeles por cierto), ¿cómo pudo el poder concertar con el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, sin cuestionamientos ni reservas? En todo caso, estaríamos ante un vulgar acto de despecho propio de matrimonios desavenidos.

Sólo el tiempo dará respuestas a la hora de observar el uso que haga el gobierno de la nueva ley, especialmente teniendo en cuenta quién tendrá a su argo el manejo de la provisión de las imprescindibles bobinas. Porque cambiar un monopolio privado (que no es tal porque tiene un 71 % de las acciones y está liberada la importación a precios inferiores) por un monopolio estatal, suena muy sospechoso. El Parlamento está poniendo en manos del Ejecutivo una herramienta muy útil cuando de disciplinar a los medios se trata. Lo que debería hacerse es crear un multi foro donde el Estado y las demás partes involucradas establezcan reglas claras que le aseguren el insumo a todos los medios sin medir su postura frente al poder de turno.

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) instó a los integrantes del Estado nacional en sus diferentes ámbitos, a “extremar recaudos para que la aplicación sobre producción y abastecimiento de papel para diarios se realice sobre criterios que beneficien a la sociedad en su conjunto y no sobre la base de intereses particulares”. Por su lado la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias condenó la norma a la que define como “el último capítulo de la campaña permanente del Gobierno contra la prensa independiente”. La entidad, que representa a unos 18.000
periódicos, 15.000 páginas web y 3.000 empresas en más de 120 países, criticó enérgicamente la nueva ley argentina que “viola –dice- principios fundamentales de libertad de prensa”. En tanto la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina (Adepa) criticó el discurso “antimedios” del gobierno indicando que la ley viola pactos internacionales.

La arremetida judicial contra Cablevisión por orden anti jurisdiccional de un juez de Mendoza donde la empresa no presta servicios, es correlato del embate anterior. Se quiere partir en dos una fusión que, curiosamente, se concretó con la bendición de Kirchner. Ahora se enfrenta con la ciclotimia gobernante y genera gran inquietud en miles de empleados que ven peligrar su fuente de trabajo por una eventual reducción de la planta de personal.

Pero en las maratónicas sesiones de ambas cámaras, también alumbró la Ley Antiterrorista (suena con reminiscencias de épocas procesistas), donde se consideraría “terrorismo” a las protestas sociales. Esta nueva norma resulta insólita al establecer como figuras sancionables, las acciones cometidas con la finalidad de aterrorizar a la población. Una tipificación ridícula, porque desde ahora los medios periodísticos deberán abstenerse de publicar noticias, por ejemplo, referidas a la inflación real, los tarifazos que se vienen, la persistente negativa del gobierno a reconocer y aplicar el 82 % móvil en los haberes de la clase pasiva o los montos por renovación de los contratos de alquiler. ¿O acaso semejante información no aterroriza por sí sola a la ciudadanía que adquiere por la incertidumbre y desazón una patología social generada por los propios anuncios oficiales? ¿Y ello llevará a castigar a la prensa que lo divulgue?

La ley, calificada por Fernando Solanas como escandalosamente difusa, tiene fuertes contradicciones. Por ejemplo, cuando señala que “las agravantes previstas no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten, tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o cualquier otro derecho constitucional”. Todos los derechos son relativos, pero el derecho a difundir y recibir información veraz es quizás el menos relativo de todos. Sin libertad de prensa y de expresión, todas las libertades quedan comprometidas.

¿Cuál será la autoridad de aplicación que se encargue de discernir si un comentario períodístico cae atrapado por la nueva legislación? ¿Qué aparato se utilizará para medir la intencionalidad? El ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni, señaló que nuestro país no necesitaba esta ley que podría ser utilizada contra los gremios. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que preside el periodista aliado con el kirchnerismo Horacio Verbitsky, cuestionó el proyecto para acciones terroristas, afirmando que “crea un matete jurídico muy complicado”. Y Estela de Carlotto censuró la ley por el peligro de que otros gobiernos la interpreten de manera distinta (pero soslaya que es este gobierno y no otro el mentor del proyecto que dejaría la norma en manos de venideros gobernantes que tanto preocupan a la dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo). Hasta los intelectuales K nucleados en “Carta Abierta”, reclamaron correcciones importantes y la CTA no dejó pasar su rechazo.

Es imprescindible una aclaración amplia y contundente, porque uno se imagina a un periodista frente a su PC, redactando una nota de opinión, convencido de que los elementos y datos de que dispone son correctos y probados, y a la vez imaginar que alguien puede decidir discrecionalmente si provoca o no terror en los lectores. O a un dirigente sindical, que ante la necesidad de movilizarse deberá evaluar los peligros que correrá él y su masa de afiliados frente a un poder que parece ignorar los frenos constitucionales. Una vez más, el fantasma del autoritarismo sobrevuela las instituciones, gracias a legisladores distraídos y sumisos al Poder Ejecutivo. Aunqueparezca exagerado, ¿estamos ante resabios de la Doctrina de la Seguridad Nacional?

* Londres Express
Eufórico y exultante se mostró el gobernador entrerriano tras su viaje relámpago a Londres, donde recibió un informe técnico de la empresa multinacional británica Shlumberget dedicada a servicios petroleros y de gas, donde se revela que nuestra provincia está dentro de las áreas de desarrollo del denominado shale gas o gas no convencional. Se dijo que este combustible revolucionará el esquema energético de la región. Hasta aquí los anuncios. Pero resulta sorprendente que Sergio Urribarri haya acudido presto al país invasor de Malvinas y asesino de soldados argentinos, en momentos que Uruguay rechaza el amarre de buques ingleses en sus puertos y los presidentes de países del Mercosur hayan acordado días pasados hacer lo propio como repudio a la presencia británica en nuestras islas. Además y frente al entusiasmo que genera este informe –que los ingleses realizan sólo porque detrás de ello podrán obtener muy buenos dividendos-, debemos recordar que una firma de ese país está explorando ilegalmente territorio nacional adyacente a Malvinas en busca de petróleo. Mientras los piratas están aprestando un submarino nuclear para mantener en el Atlántico Sur cerca de nuestro territorio continental, el Foreign Office desestimó totalmente cualquier alternativa de diálogo sobre soberanía. ¿Qué opinará nuestra Cancillería sobre este viaje Express a Londres? ¿Y los entrerrianos que combatieron en 1982? ¿La soberanía en cuya defensa muchos murieron, tiene restricciones?

* Broche
Como cierre deseamos a nuestros consecuentes lectores que nos honran cada fin de semana visitando esta columna, que 2012 les traiga mucha fe, unidad familiar, paz para sus espíritus, tranquilidad en su quehacer cotidiano, amor por la vida, trabajo digno y estable para todos y serenidad frente a los hechos por venir. Dios proteja a nuestra querida Argentina y ampare a los desposeídos y segregados del reparto. Que para ellos haya verdadera justicia humana. Feliz nuevo año.

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