El presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay, Marcos Di Giuseppe, se refirió al conflicto que el pasado fin de semana mantuvo un bloqueo de 48 horas a la terminal portuaria y que escaló tras la intervención policial y la detención de trabajadores.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Di Giuseppe planteó que “desde el gobierno de la provincia de Entre Ríos, puntualmente desde el Ente Autárquico Puerto de Concepción, y en mi caso en particular como funcionario público, hicimos lo que teníamos que hacer, actuamos ante la obstrucción de más de 48 horas del funcionamiento de las actividades de estiba y de carga en el puerto, con un barco en el muelle 14, 15 y 16 y otro buque para hacer carga esperando en rada. En ese contexto realizamos la denuncia ante Fiscalía por obstrucción de actividades en virtud de un conflicto, que es inter-gremial, intersindical y de encuadramiento, porque no hay un conflicto derivado de reclamos sindicales hacia cualquiera de las organizaciones patronales que, de alguna manera, operen en el puerto”.
Recordó asimismo que “paralelamente a esto y de oficio, la Secretaría de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria, en función de las atribuciones que tiene como organismo competente, hasta el 10 de febrero del 2026, y con esto limita la posibilidad de medidas de acción directa y/o que las empresas que contraten tomen represalias contra los trabajadores”.
Remarcó, además: “No desconocemos la voluntad y vocación de los trabajadores de organizarse y de elegir su propia representación, pero este conflicto tiene más de ocho o nueve años, en donde el SUPA Concepción del Uruguay, la FEPA (Federación de Estibadores Portuarios Argentinos) y la FeMPINRA (Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina) también, se están disputando la representación de un sector de los trabajadores que operan en el puerto”.
En tal sentido, señaló que “la defensa de las fuentes de trabajo se da con el puerto funcionando. Hoy tenemos nosotros operando en el puerto, desde el lunes a las 15 horas que empezó la operatoria del primero de los dos buques que tenemos en enero, 400 personas trabajando entre los que cuentan armadores, camioneros, aduanas, sanidad de frontera, funcionarios públicos de planta de la provincia –porque este es un puerto público de desarrollo-, personal de bomberos, estiba, Prefectura”.
Di Giuseppe marcó también que “es importante tener en cuenta que nosotros, como funcionarios públicos, tenemos una responsabilidad. Mientras hay un buque esperando en un muelle para cargar, con compromisos internacionales, y por 48 horas personas que no son de la ciudad, porque vinieron en un colectivo desde Bahía Blanca, impiden el normal funcionamiento. Ante eso, nosotros tenemos que actuar. No podemos ni mirar para el costado ni esconder los problemas bajo la alfombra. Nos vamos a enfrentar”.
“También debo aclarar que con estas organizaciones que representan a una parte de las personas que ejercen sus funciones en el puerto, me he reunido decenas de veces y cualquier reclamo, cualquier presentación, cualquier discusión que tengamos que tener, debe ser en el marco de la ley, no impidiendo el normal funcionamiento del puerto, porque la única forma de defender la fuente de trabajo es que el puerto funcione de puerto. Y no hay otra forma, porque si no la gente se va a otro lado. No es que este barco que no exporta de acá, no exporta de ningún lado, al contrario, se va y exporta de otro puerto”, advirtió.
Sobre la acusación que realizó el dirigente gremial Héctor Aguirre respecto de una connivencia de Di Giuseppe con el gremio SUPA Bajo Paraná, el funcionario sentenció: “Lo desmiento absolutamente. Las 15 reuniones que tuve con representantes gremiales fueron siempre con los del SUPA Concepción Uruguay, que responden a la FEPA. Obviamente que ellos hacen el reclamo de representación y eso no está resuelto en el organismo que tiene que resolverlo que es la Secretaría de Trabajo de Nación”.
Al respecto, indicó que “es un conflicto que arranca en el 2021, se repite en el 2025 y vuelve ahora, llamativamente cuando tenemos dos buques” y aclaró que “los trabajadores son contratados por las empresas de estibaje, no las contrata el puerto. Las estibas son contratadas por las empresas de estibaje inscriptas en los puertos para operar de esa manera. En este caso, en Concepción del Uruguay, tenemos dos empresas: una es Urcel Argentina y la otra es PTP. Y esos trabajadores son eventuales, están contratados cuando viene el barco, o sea, la tarea empieza cuando llega el barco y termina cuando se va al barco y esa gente trabaja de otra cosa”.
De todos modos, mencionó que “paralelamente, y en función de que como autoridad pública política necesito tener certezas para actuar, nosotros remitimos una cosa que no se había hecho nunca y sí lo hicimos ahora, a la Dirección de Relaciones y Regulación del Trabajo de la Secretaría de Trabajo de la Nación, una nota pidiendo como una acción de certeza. En el marco de la ley 23.551 de representación y organización sindical, preguntamos cuatro cosas: 1°, que en el contexto actual, donde hay dos sectores que dicen tener la representación, que nos digan quién es el que la tiene; 2°, que nos diga si las empresas se encuentran obligadas a contratar a los agremiados en una de las dos organizaciones; 3°, que en este marco, si una persona que no se quiere afiliar a ninguno de los gremios ¿no puede ser contratada?; 4°, si en este momento es obligación afiliarse solamente a una organización o puede haber más de una organización de base para representar a los trabajadores”.
En este marco, resumió que “el conflicto de antecedentes de representación intersindical y gremial viene desde hace 10 años, y nosotros lo que hemos hecho es ponerlo sobre la mesa y actuar en consecuencia. Y además, hemos recibido a todos los representantes gremiales, representantes sindicales, delegados normalizadores, representantes legales de los trabajadores. Y a todos les explico lo mismo: debemos tener una definición de certeza del organismo competente nacional a fin de poder ordenar el sistema. Y que, una vez que esté ordenado, los trabajadores se organicen en función de ese ordenamiento. Nosotros respetamos y estamos de acuerdo en que los trabajadores se organicen y representen sus intereses”.
“No todos los trabajadores portuarios dependen de este conflicto. Acá hubo 40 personas venidas de Bahía Blanca en un colectivo, que representaban a un sector sindical, pararon el puerto por 48 horas y 400 personas que son de Concepción, que son de Entre Ríos, no podían trabajar. A eso nosotros no lo vamos a permitir”, aseveró.
Consultado sobre las críticas gremiales por el pago de los jornales, el funcionario explicó que “la determinación de los salarios de los trabajadores de estiba en sus distintas categorías (estiba, apuntadores, capataces) están definidos por paritarias nacionales. O sea, de hecho, las empresas que trabajan en el puerto de Concepción, en el puerto de Ibicuy, en el puerto de La Paz y en el puerto de Diamante, funcionan bajo un sistema de paritaria que se homologa en el ahora Ministerio de Capital Humano, ex Secretaría de Trabajo de la Nación. Cada vez que hay una paritaria las empresas y los sindicatos firman un acuerdo, y de hecho en los últimos 10 o15 años no hay un solo conflicto laboral entre trabajadores y empresas; hay paritarias permanentes”.
Respecto de la escalada del conflicto en las últimas semanas, Di Giuseppe afirmó que “a eso hay que preguntárselo a la gente que quiso parar el puerto durante 48 horas. Puede haber cuestiones políticas, puede haber cuestiones sindicales, puede haber cuestiones de otro orden, pero yo no lo entiendo”.
En tal sentido, reveló: “El viernes 16 de enero recibí al secretario general de SUPA Concepción y a la comisión directiva donde les dije que debía encontrar un mecanismo de resolución, les conté que iba a emitir como presidente del Ente Autárquico una declaración de certeza ante el organismo competente de la Nación, que estaba la posibilidad de armar una conciliación obligatoria en función del conflicto por medio de la provincia –que de hecho lo termina haciendo de oficio la provincia-, y lo único que les pedí es que, habiendo dos buques en Concepción, los primeros dos buques del año, que cuesta mucho traer los barcos a los puertos entrerrianos para que podamos exportar, no hicieran ningún conflicto y que no intervinieran en el ingreso de personal o de camiones con la carga para la estiba, porque me iba a presentar ante la Fiscalía de turno e iba a hacer la denuncia de obstrucción. A esto se los dije el viernes”.
Consultado sobre si habló con el gobernador Rogelio Frigerio de lo sucedido, Di Giuseppe señaló: “Mi tarea básicamente como presidente del Ente Autárquico es una tarea política en el marco del gabinete del gobernador, todas mis actuaciones están informadas obviamente al gobernador y la coordinación de la actuación en particular de este conflicto la tuve con el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, que es el que aceleró el proceso de oficio para la conciliación obligatoria y también funcionó de interlocutor con los sectores agremiados”.
Por último, en cuanto a la respuesta del organismo nacional puntualizó que “se obtuvo un número de expediente y nos han dicho que a la mayor brevedad posible no van a responder. No hay un tiempo legal, pero entiendo que dependerá de nosotros también en auspiciar y colaborar para que esto se resuelva rápidamente. Somos optimistas, porque la verdad que esto que hicimos ahora no se había hecho nunca, todo el mundo pateaba la pelota para adelante, o sea, nosotros le pedimos una declaración de certeza, que es algo que no se había hecho con anterioridad”.
