Por Betiana Spadillero Gaioli
(de ANALISIS DIGITAL)

En la audiencia de este jueves las defensas se dedicaron a intentar echar por tierra el tan esperado juicio a seis represores. La jornada se desarrolló sin la euforia de su antecesora, sin embargo, el debate volvió a seguirse en la sala de 25 de Mayo, en la calle y en los espacios de las organizaciones de derechos humanos, con el mismo anhelo de “Verdad y Justicia”.

Al igual que en otros procesos por delitos de lesa humanidad, no faltó el genocida en silla de ruedas –ayer Fariña se descompuso y se abocó a hacer gestos de malestar permanente-, tampoco quedaron afuera las expresiones de somnolencia y tedio de los ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. Todo sumó a la insistente solicitud de anular el inicio del juicio y demorar aún más su concreción. No obstante, el Tribunal rechazó los planteamientos, ratificando su competencia territorial y material, así como la extemporaneidad de algunas requisitorias.

Nuevos planteos: el defensor Oficial buscó suspender el debate

La jornada inició con una serie de planteos preliminares por parte del defensor Oficial, mediante los cuales argumentó las razones por las que el debate debería ser suspendido y anulada la apertura del mismo.

En primer término, Mario Franchi solicitó que “se declare la incompetencia del Tribunal Oral de Paraná” para juzgar los delitos imputados en la causa. “Se superponen hechos y circunstancias que han sido evaluados ante el Tribunal de Rosario”, advirtió. No obstante, aclaró que la sentencia de ese cuerpo “no está firme, por lo que no es cosa juzgada”.

Asimismo, mencionó que en esa oportunidad “prestaron declaración una serie de testigos que parecen exceder el orden procesal de esa causa”, y evaluó que “como consecuencia de esto un pronunciamiento que estableciera circunstancias distintas produciría un ‘escándalo’, en tanto se establecerían dos verdades forenses”.

El segundo planteo tuvo que ver con la nulidad de la apertura del debate, “en tanto existen pruebas y recursos pendientes de resolución, que afectan decididamente el derecho de defensa”, arguyó. En esa línea, amplió: “La estrategia defensiva se encuentra limitada porque no cuenta con toda la prueba solicitada. Incluso algunos elementos arribarán sobre el final del juicio”. Por ello, instó a que la “apertura del debate se deje sin validez, hasta tanto se incorporen todos los elementos”.

También refirió a una presentación pendiente, rechazada por el Tribunal de la capital provincial. Se trata de un recurso extraordinario que Amelong interpuso ante la Corte Suprema de Justicia, el cual aún no se resolvió. “No es disponible comenzar con el debate mientras existan recursos pendientes”, reafirmó. Además, indicó que “los demás imputados están a favor de que se resuelva el recurso y se postergue el debate, ya que podría beneficiar no solamente a Amelong sino también a ellos mismos”.

La última solicitud estuvo relacionada con los procesamientos de González y Fariña. “Cuando se dicta el auto de procesamiento, los acusados apelan con sus abogados particulares, pero cuando esto ocurre la Cámara Federal de Paraná resolvió, atento a la no concurrencia de los defensores, tomar por desistido el recurso. Es decir, que no pudieron obtener una revisión judicial por un doble error que no puede serles cargado”, explicó.

“No tuvieron la revisión de su procesamiento y prisión preventiva”, insistió al respecto. Por tanto, el letrado entendió que la no realización de “este paso lógico y necesario” demanda la suspensión de las audiencias.

Ante los requerimientos, la fiscal Marina Herbel se expidió sobre la incompetencia del Tribunal Oral de Paraná, y pidió que se consideren “improcedentes” los planteos sirviéndose de “la competencia territorial de donde se cometieron los delitos”. Además, subrayó que “los pedidos afectan a las víctimas reales de esta causa, que son Sabrina Gullino y Sebastián Álvarez”.

“Debemos considerar la naturaleza de los delitos imputados y la existencia de un plan sistemático, con el acometimiento de varios ilícitos”, instó. Y respecto al procesamiento de Fariña y González apuntó que “si bien fue un desacuerdo entre las partes, la Cámara consideró que no era un procedimiento definitivo”.

Por su parte, José Ignacio Candioti refirió a los otros planteamientos. En concreto, el representante del Ministerio Público señaló que “las diligencias que no se han podido materializar afectarían a las partes acusatorias y por ende no se afectaría el derecho de defensa de los imputados”.

“No es imperativo suspender el debate a pesar de que existan recursos pendientes”, sentenció, quien se valió para justificar su posicionamiento de jurisprudencia nacional e internacional. Luego, nombró una solicitud de las mismas características que se presentó en Rosario y no tuvo lugar.

El querellante particular Álvaro Baella –por Abuelas de Plaza de Mayo- adhirió a los planteos de la Fiscalía, y también desestimó el cuestionamiento vinculado a las testimoniales del debate realizado en la provincia de Santa Fe. En igual sentido se expresó Lucas Ciarnelo, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos.

Requisitoria de Amelong

Como parte de su co-defensa, Amelong sostuvo que la competencia de los delitos que se imputan es de la Justicia Militar y no de un Tribunal Federal. “En todo caso, si la Justicia Militar no se expide en un tiempo razonable, podría ser competencia del Tribunal Federal”, expuso el acusado.

En otro orden, argumentó que si se le imputan delitos de lesa humanidad debería ser juzgarlo un tribunal internacional público. Para abonar esa tesis aludió extensamente a diferentes tratados.

Posteriormente, Baella alertó que el Colegio de Abogados de Rosario canceló la matrícula de Amelong, a lo que el imputado respondió que “no hace falta ser abogado para defenderse”.

Pidieron otras pericias médicas a Zaccaría

A su turno, Humberto Franchi reclamó la suspensión del juicio a Zaccaría, “porque no se encuentra en condiciones psíquicas ni físicas para afrontar el proceso”. Mencionó los estudios que le efectuaron, los que según destacó abonaron el pedido de prisión domiciliaria. “La conclusión médica legal fue de hipertensión arterial y deterioro cognitivo”, indicó, al tiempo que alertó que “el nivel de estrés de las audiencias puede generar un impacto mayor y, dado los antecedentes físicos, aumenta el riesgo de un accidente cerebro-vascular”.

El abogado trajo a colación además la instancia del 3 de junio pasado: “El Tribunal determinó no dar lugar ’por el momento’ al pedido de suspensión, y dispuso llevar a cabo una nueva evolución previo al debate”, reseñó. Por lo expuesto, consideró que “se está vulnerando” la Constitución Nacional y el derecho internacional, “al no estar en condiciones de ejercer su defensa material, a participar activamente, carearse, a contestar a los testigos y a responder las preguntas”.

“La inimputabilidad es contundente, clara y concreta”, remató. No sin antes adelantar su reserva a Casación e incluso llevar el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Frente a la requisitoria, el Ministerio Público enfatizó las posibilidades otorgadas al imputado, los exámenes realizados y el dictamen de los peritos de la Corte al respecto. En consecuencia, demandó que no se de lugar a la requisitoria. A su vez, Amore hizo “un análisis integral de expediente”, asegurando que “ha quedado demostrado que Zaccaría tiene una deterioro mínimo”.

Al respecto, se manifestó sobre los “antecedentes de la conducta” del anestesista, y recordó que “al momento de solicitar la prisión preventiva hizo una manipulación de una entidad clínica”. Del mismo modo, llamó a “tener en cuenta la profesión” del acusado. “Si a esto le sumamos los delitos que se le imputan, es al menos posible sospechar que está buscando algún beneficio”, reflexionó.

Argumentos del Tribunal

Luego de un cuarto intermedio, el Tribunal rechazó los planteamientos de las defensas. En relación a la incompetencia territorial del cuerpo, señaló que “los hechos son investigados en el lugar de su acometimiento, según versa en la Constitucional Nacional”. Además, entendió que “son hechos independientes a los juzgados por el Tribunal de Rosario”.

Respecto a la nulidad del inicio de las audiencias, indicó que “resulta extemporáneo” y que “nadie impide la producción de la prueba en el transcurso del debate". Igual interpretación realizó sobre los pedidos vinculados al procesamiento de González y Fariña.

En tanto, el requerimiento de Amelong sobre la “incompetencia material” también fue refutado, así como el de la defensa de Zaccaría: “Conforme al conocimiento del estado físico y psíquico del imputado, se considera que está en condiciones de presenciar el debate”, afirmaron.

Los hechos que se investigan en la causa

La causa tuvo su inicio en la denuncia realizada el 18 de mayo de 2005 por el entonces coordinador del Registro Único de la Verdad, Guillermo Germano. En la presentación hizo referencia a dos clases de hechos: la internación de mujeres en estado de gravidez en el Hospital Militar de Paraná, quienes se hallaban privadas ilegítimamente de su libertad; y el asesinato y entierro clandestinos de personas en el Escuadrón Comunicaciones

En ese contexto, se investiga la apropiación de los hijos de la desaparecida Raquel Negro, quien fue detenida ilegalmente al igual que su pareja Edgar Tulio Valenzuela y su hijo menor Sebastián Álvarez, el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata. La mujer fue trasladada desde la Quinta de Funes en Rosario hasta el nosocomio castrense, donde dio a luz a los mellizos, uno de los cuales, Sabrina Gullino, recuperó su identidad en diciembre de 2008.

La joven fue abandonada el 27 de marzo de 1978 en la puerta del Hogar Huérfano de Rosario, desde donde fue dada en adopción por Raúl Gullino y Susana Scola. De su hermano mellizo no se ha logrado aún determinar su destino.

Foto: ANALISIS DIGITAL