La reunión está prevista para el jueves a las 10 y a la misma fueron convocados Virué y Froidevaux.

Se trata del primer encuentro de 2007 a esta parte. En la anterior gestión, 2007-2011, la Comisión nunca se reunió y ésta se la primera vez que lo hará con la actual composición de la Legislatura.

El presidente de la Bicameral de Derechos Humanos es el diputado oficialista Martín Uranga, y los integrantes son los senadores Enrique Cresto,, Eduardo Taleb y Rubén Matorras, y los diputados justicialistas Estela Almirón, Juan José Albornoz, Pablo Mendoza, Laura Stratta, Leticia Angerosa, Daniel Ruberto, Emilce Pross. El único legislador opositor que integra la Comisión es el radical Agustín Federik.

Según señala el reglamento de la Cámara Alta la función de dicha Comisión es “dictaminar sobre todo lo relativo a los derechos humanos y sus garantías constitucionales”.

Al ser consultado por su presencia en la Bicameral, el subsecretario de Derechos Humanos, Julián Froidevaux, destacó la convocatoria recibida por parte de los legisladores y sostuvo que como representantes del Ejecutivo llevarán “algunos planteos vinculados a ciertas normativas en materia en materia de derechos humanos”.

Algunos de ellos tienen que ver con la existencia de “un amplio abanico de temáticas que surgen de inquietudes propias del trabajo cotidiano”, algunas de las cuales se tendrán que debatir en el marco de la Legislatura.

“También hay problemáticas que se generan del debate que se realiza en el Consejo Federal de Derechos Humanos, donde se va evaluando el recorrido y las pautas de Nación y del resto de las provincias”, agregó el funcionario.

Otro de los puntos que plantearán junto a Virué pasa por “la necesidad de normar los archivos y digitalizar documentación en distintas instituciones, sean en el ámbito público o privado, que esté vinculada a posibles casos de identidad”, explicó.

También se dialogará acerca de la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que “terminó de salir el año pasado y prevé la creación de órbitas similares en los territorios provinciales”, señaló.

Consultado por esta Agencia, adelantó que “seguramente” se planteará la “necesidad de introducir modificaciones a la Ley de Contravenciones (Nº 3.815)” que dispone que tanto el procedimiento como la imposición de la pena -que puede ser de hasta de 30 días de arresto- queda en manos de la fuerza policial, y sólo cuando existe una eventual apelación interviene la autoridad jurisdiccional.

La meta “apunta a garantizar el respeto irrestricto a las garantías constitucionales para todos los entrerrianos”, indicó Froidevaux.

Por último, sostuvo que “la reunión de este jueves no pretende ser la primera ni la última” y dijo que, en función del diálogo que allí se genere, “seguramente se empezarán a realizar con mayor frecuencia”, publicó APF.