La audiencia de ayer fue muy breve. Primero, Báez escuchó la acusación en su contra, relatada por el secretario del juzgado. Esto es, que Fariña y Federico Elaskar habrían realizado operaciones financieras e inmobiliarias en su nombre para “canalizar fondos de origen ilícito”. Se destaca la compra de campos en Mendoza por un total de 3400 hectáreas. La operación fue realizada por Fariña en diciembre de 2010. Pagó 5 millones de dólares en efectivo. Dos años después, vendió los terrenos al empresario Roberto Erusalimsky en 1.800.000 dólares. Para la Justicia, el valijero actuó por orden y con fondos de Báez. Así lo declaró Fariña en su primera indagatoria, aunque el martes cambió rotundamente esa versión y dijo que lo hizo para Carlos Molinari, según publicó Clarin.

Sobre la compra de la estancia “El Carrizalejo”, Báez sostuvo que “no se halló ningún documento bancario, financiero, contable o lo que sea que permita vincularme siquiera mínimamente con aquella operación”. Y negó que él o sus empresas le hayan facilitado a Fariña el dinero para la compra del campo.

También rechazó haberle regalado esos terrenos a Fariña por “tareas que no fue capaz de realizar”, en alusión a las gestiones para obtener un fideicomiso. “No se le pagó indemnización alguna porque lo cierto es que nada se le debía”, dijo. Según Báez, Fariña “no tuvo ninguna intervención trascendente en la constitución” de esa herramienta financiera que necesitaba Austral Construcciones. No obstante, admitió la relación comercial con el valijero. El empresario no ahorró detalles sobre el comienzo de ese vínculo, y nombró a los directivos que tuvieron trato con él: Gustavo Rubio y Claudio Bustos.

La causa comenzó en abril de 2013 por un informe del programa “Periodismo para Todos” de Jorge Lanata. Para Báez, esa investigación se basó en la “historia cinematográfica que contaron Elaskar y Fariña”, quienes luego se retractaron públicamente.

Báez fue indagado ayer por el delito de lavado de dinero. No respondió preguntas y se limitó al escrito redactado por sus abogados, Nicolás Guzmán y Gabriel Gandolfo.

El empresario logró esquivar a los medios en su primer paso por Comodoro Py. Cuando se retiró, se fastidió por las corridas de los cronistas y las fotos. En su entorno dijeron que estaba tranquilo y que bromeó con el traje gris que eligió para su visita a Tribunales (suele vestirse de manera informal). “La corbata no me la puse”, le respondió en tono jocoso a un colaborador.

Báez negó que en sus aviones se hayan transportado valijas con dinero. Y buscó desligarse de SGI, conocida como “La Rosadita”, y Helvetic Services Group, la firma de origen suizo que compró la financiera de Elaskar. “Ha quedado demostrado que no tengo ninguna vinculación con Helvetic ni con ninguna de sus autoridades o representantes, y que no soy accionista”, resaltó Báez.

Al empresario ahora lo desvela la denuncia por evasión fiscal a raíz de la compra de facturas truchas. Esa sería la piedra en el zapato.