En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Paganni recordó que “venimos desde un proceso, luego de los ´90, donde CTERA logró la derogación de la ley federal de educación que dejaba abierta la puerta para la privatización y se volvió a recuperar una ley nacional de educación que sostiene a la educación como un derecho social de los ciudadanos”.

“A partir de ahí logramos con mucha lucha en la calle el financiamiento educativo a nivel nacional, con la ley que establece que a principio del año la Nación, con los gremios nacionales y con CTERA, hacen una discusión paritaria y resuelven el salario mínimo de todo el país. Este mecanismo permitía que las provincias pudieran mover ese piso un poco hacia arriba, pero a partir del año pasado el gobierno nacional no convoca la paritaria y ahora redobla la apuesta porque con un decreto derogó un punto de la Ley de Financiamiento Educativo para no convocar a paritaria salarial”, refirió.

Respecto de esto, aseguró que la decisión del gobierno nacional “va a contrapelo de los artículos de la Constitución que hablan de la responsabilidad que tiene el Estado nacional con el sistema educativo y va a contrapelo de la Ley nacional 26.075 que la ley de financiamiento educativo que define que el Estado nacional se involucre en el financiamiento de la educación”.

En este marco, cuestionó que “no hay más salario discutido en paritaria nacional, hay uno fijado por decreto por el gobierno nacional que lo plantea un 20 por ciento por encima del salario mínimo, vital y móvil que también el gobierno fijó por decreto. Es decir que no hay negociación con ninguna organización sindical y estas cuestiones se definen por decreto”.

Al respecto, el dirigente adelantó que “este escenario nos pone en un problema a nivel nacional, habrá un congreso de CTERA el próximo 28 de febrero y si la situación de acá a ese día no cambia seguramente se discutirá un plan de lucha nacional a partir del próximo 5 de marzo”.

Asimismo, sostuvo que “hasta el momento, la provincia de Mendoza es la única que convoco a paritarias planteando un 15,7 por ciento de incremento salarial con actualización, pero el resto de las provincias no hemos sido convocadas, no sabemos qué pauta salarial están pensando para el 2018, lo cual es serio, es grave”. “Si se suma que a nivel nacional tampoco hay una garantía de tener un piso salarial docente, estos escenarios nos colocan en un inicio de clases muy complejo”, advirtió.

En el mismo sentido, criticó que “si al porcentaje bajísimo del 15 por ciento y además no existirá el resguardo de la cláusula gatillo, claramente no habrá forma de que sea aceptado”.

Respecto del pago de la cláusula gatillo en la provincia, manifestó “la preocupación respecto de esta cuestión porque hubo un 24,8 por ciento de inflación en el 2017 y el aumento salarial fue del 23,5 por ciento, con lo cual hay un 1,3 por ciento que estamos demandando a través de una presentación administrativa en la provincia donde estamos exigiendo el cumplimiento del acuerdo paritario homologado, es decir que tiene fuerza de ley en la provincia, pero a la fecha no ha sido abonado”.

Sostuvo que en AGMER “no hay fecha para un próximo congreso, pero la conducción provincial tiene un mandato dado por el congreso del 20 de diciembre del año pasado por el cual si no hay convocatoria al diálogo para presentar una propuesta salarial estamos facultado para llevar adelante un plan de acción”.

Consideró que el límite de espera a dicha convocatoria “sería la segunda quincena de febrero, donde deberían estar empezando las primeras reuniones para poder discutir con tiempo, teniendo en cuenta que somos un sindicato que posee un proceso de consulta que comienza en las escuelas y termina en un congreso, con lo cual se necesitan por lo menos dos días. Por esto necesitamos una pronta convocatoria para poder discutir la pauta salarial del 2018”.

“La falta de convocatoria a paritaria nacional nos lleva a un probable conflicto en la semana del 5 de marzo, y si no hay un cambio de postura por parte del gobierno nacional y no hay convocatoria a discutir salarios respetando la ley de financiamiento educativo estaríamos en un escenario de conflicto en las 23 provincias más Capital Federal”, concluyó.