En ese marco, el informe también hace expresa mención al temor de los propietarios de pequeños y medianos medios, debido a la decisión del gobierno de aquel entonces de incrementar el impuesto al papel importado de un 10 a un 45 por ciento, lo que los forzaría a comprar el papel de muy superior costo y de menor calidad a la única empresa fabricante de papel de la Argentina.

La información norteamericana, facilitada por la organización National Security Archives, hace especial hincapié en el marcado antisemitismo que se desprendía de las acciones emprendidas contra Graiver y el periodista Jacobo Timerman.

El escrito, firmado por el secretario Eduardo Luis Duhalde y el subsecretario de Protección, Luis Alén, afirma que los diarios que luego se quedaron con Papel Prensa “sostuvieron las posiciones de la Junta Militar genocida y sus funcionarios civiles, incluso desde antes del asalto a las instituciones producido el 24 de marzo de 1976”.

“Luego del golpe –aseveran los funcionarios–, (Clarín, La Razón y La Nación) apoyaron las acciones del Estado terrorista y, asociados ilícitamente con el mismo, se apropiaron ilegalmente de la empresa Papel Prensa, utilizando amenazas y métodos extorsivos contra sus accionistas para forzarlos a ceder sus acciones, en un proceso que continuó con la detención ilegal de los accionistas y personas vinculadas con ellos y el sometimiento a torturas de los secuestrados”.

En su presentación, la Secretaría de Derechos Humanos pidió que “sin más trámite” se “cite a prestar declaración indagatoria a los imputados”, luego de que Ercolini fuese designado por sorteo hace un par de días por la cámara federal al determinar que el expediente era de competencia de la Capital Federal, y no de La Plata, donde se había acumulado la investigación.

La disputa de la causa estuvo marcada, durante un año, porque mientras que la Justicia platense investigaba los secuestros y torturas sufridos por integrantes del Grupo Graiver, con el consiguiente homicidio de Jorge Rubinstein, en la sala de tormentos, la porteña había recibido la denuncia de Lidia Papaleo sobre el traspaso de las acciones durante la última dictadura. Cuando se determinó que eran parte de lo mismo, la fiscalía federal de la ciudad de las diagonales dictaminó que se trataba de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles.

“Los elementos ya acompañados a la causa, que motivaron que tanto la Fiscalía Federal de La Plata, como el juez Corazza, luego el juez Rafecas y últimamente la Sala I de la cámara federal porteña coincidieran en el carácter de crímenes de lesa humanidad que corresponde a los hechos denunciados, cometidos en el marco del plan sistemático de la dictadura cívico-militar de 1976/1983, hacen necesario el llamado a indagatoria”, dice el escrito firmado por Duhalde y Alén.