Por norma las petroleras tienen que incluir un siete por ciento de biodiesel en el gasoil que venden. Y, aunque por ahora han permanecido en silencio, la ausencia de anuncios sobre una nueva prórroga a la desgravación fue interpretada como el fin de ese beneficio. Así, descontando que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) empezará a cobrarles desde este lunes el nuevo impuesto, la mayoría lo incluirá en las facturas de los productos que les venden a los propietarios de las estaciones de servicio que, a su vez, lo plasmarán en el precio en los surtidores.

La novedad llegó en un momento complicado para la industria, porque muchas compañías estaban estudiando aplicar incrementos para recomponer márgenes. En algunos casos, esta determinación podría obedecer también a un encarecimiento de los costos del petróleo con que trabajan las refinerías. Sin ir más lejos, YPF, el líder del mercado argentino, compró en estos días el barril de crudo a febrero (se adquiere a futuro) en 75,40 dólares, casi cinco por ciento más que los 72,40 que había pagado para diciembre. Es lo que presagiaba nuevos aumentos, considerando, además, que la compañía que conduce Sebastián Eskenazi no sube los precios en el área metropolitana desde el 14 de agosto, fecha de las elecciones internas abiertas y simultáneas.

De ahí que el nuevo impuesto provoque malestar en la industria. “No es un tema del Ministerio la política tributaria”, se excusaron en la cartera de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido, cuando se los consultó acerca de las posibilidades de una nueva postergación de la exención.

Con el envión

Ya algunas compañías, por lo pronto, estaban en las últimas horas aprovechando la oportunidad para aplicar subas mayores que las que correspondería por el impuesto. La jugada se oía anoche en algunas estaciones de servicio, que se quejaban en voz baja al advertir que el alza que estaban recibiendo alcanzaba los 15 centavos por litro, cuando en realidad el impacto del tributo no debería exceder los nueve centavos.

La situación genera desde hace tiempo también malestar entre los productores de biocombustibles, que acusan a la Dirección de Asuntos de Fiscalizaciones Especiales (DAFE), dependencia de la AFIP, de estar interpretando de manera errónea el convenio de desgravación de los productos por fuera de los cupos otorgados en la Secretaría de Energía, publicó La Nación.