Aunque al cierre de esta edición fuentes del juzgado de Monte Caseros, que intervino en ese caso, dijeron a La Nación que Zamora se había suicidado el viernes pasado con su propia arma -un revólver calibre 22- delante de su esposa, en su casa de la localidad de Mocoretá, en el límite entre Corrientes y Entre Ríos, el contexto en que se produjo el deceso abona las dudas.

En el reportaje con el periodista José Zapata, de Radio Chajarí, Zamora, intentando deslindar responsabilidades en el caso, terminó por reconocer que la determinación de daños se había hecho con un sistema “trucho”. Sugirió que había dudosos manejos de los fondos por parte de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) y que eso respondía a “politiquería barata”. Además, advirtió que no lo “quieran perseguir de nuevo, como lo hicieron”. En ese sentido, el ex funcionario dijo que “persecuciones” ya había pasado “en la época del Proceso” -por la última dictadura cívico militar-, y lo único que le faltaba era “pasar este otro proceso”. Zamora deslizó que esperaba que no le “traiga consecuencias personales”; y señaló a su interlocutor como “testigo”.

Dos meses atrás, otro ribereño, Salvador Dagani, que quería cobrar una de las indemnizaciones, también fue hallado muerto. Mientras, en ese lapso, la mujer de un ex funcionario de la Comisión Técnica Mixta binacional de la represa hidroeléctrica denunció por carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que a su esposo lo habían separado del cargo por haber denunciado graves irregularidades en el pago de indemnizaciones a damnificados por la operación de la represa.

Ese hombre, Fernando Alba Posse, es uno de los principales testigos en la investigación por el posible desfalco con las indemnizaciones, a cargo del juez federal porteño Ariel Lijo, y ayer volvió a declarar para aportar nuevos datos, según confirmó su abogado, Mariano Bergés.

Fuentes judiciales explicaron que la causa está en pleno trámite, y que se encargó una auditoría amplia sobre todas las indemnizaciones pagadas. Mientras, el presidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Juan Carlos Cresto, dijo que un estudio jurídico de Montevideo, contratado por la comisión para revisar las actuaciones, había determinado que no había habido irregularidades en los pagos.

Alba Posse descubrió las irregularidades cuando, como agrimensor de la CTM, comprobaba la veracidad de los reclamos de los ribereños.

Bergés explicó que se descubrieron dos tipos de irregularidades: por un lado, casos de ribereños que pretendían cobrar indemnizaciones por vía administrativa -por ejemplo, por daños provocados por crecidas e inundaciones- y que, al ser analizada la documentación requerida para avalar los pagos, se advertía que se referían situaciones posiblemente irreales o que, en todo caso, requerían un análisis más exhaustivo.

Asimismo, el abogado dijo que su cliente, Alba Posse, cuantificó reclamos por entre cuatro y cinco millones que, según sostuvo, no correspondía pagar. Eso, explicó el abogado, hizo que el agrimensor comenzara a recibir amenazas, supuestamente, de parte de los ribereños.

Otro de los presuntos fraudes advertidos fue la supuesta falsificación de planos de la localidad de Santa Ana, en la ribera del Lago, a partir de la cual, explicó Bergés, ribereños y otros particulares avanzaron sobre terrenos que habían sido expropiados por la CTM. Eso dio paso a nuevos pedidos de indemnizaciones y a litigios por la ocupación de esos terrenos.