Zonis hizo lugar el martes a una requisitoria de instrucción efectuada por la Fiscalía y dispuso testimoniales y una serie de medidas en el marco de la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la vieja comisaría de El Brete, en el este de la capital entrerriana. Por otro lado, se aguarda que resolverá sobre la imputación pedida por la querella contra el médico Capellino, por su presunta participación en la desaparición de Sobko.

Sobre los dos casos Zonis había corrido vista a la Fiscalía, que luego se expidió a favor de que se avanzara con ambas investigaciones. Por ahora resolvió favorablemente por los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionaba en El Brete, aunque por el momento no realizó llamados a indagatoria.

Según precisó Uno, el magistrado pidió informes de la Policía de Entre Ríos para determinar quiénes se desempeñaban en ese destacamento en la época de los hechos investigados (1976-1977). Además dispuso una serie de audiencias testimoniales para la semana que viene y la siguiente, en las cuales escuchará a seis víctimas de privaciones ilegales y tormentos.

La semana pasada, la Fiscalía Federal había efectuado la requisitoria de instrucción en estas dos nuevas causas que se conformaron en Paraná por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Asimismo, había pedido que se avanzara en la determinación de las probables responsabilidades penales.

Los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti requirieron que se avance en la instrucción por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el centro clandestino de detención que funcionaba en la vieja comisaría de El Brete, a la vez que realizaron imputaciones. Ahora que Zonis hizo lugar a la requisitoria, deberían dar explicaciones ex integrantes de la Policía de Entre Ríos; pero por el momento no está prevista ninguna indagatoria.

Cuando elevó a juicio la causa Área Paraná, el juez Zonis separó las actuaciones por los padecimientos sufridos en ese centro clandestino de detención por un grupo de sobrevivientes del terrorismo de Estado entre setiembre de 1976 y enero de 1977. Pero antes de realizar nuevas imputaciones corrió vista a los fiscales, quienes la semana pasada se pronunciaron a favor de que se siga avanzando en ese sentido, dando por acreditado que los hechos existieron.

Otro expediente separado de la causa Área Paraná se conformó a partir de las acusaciones contra el médico militar Jorge Horacio Capellino por su supuesta vinculación con la desaparición Sobko, efectuadas por la querella. Capellino se desempeñaba en el Hospital Militar durante la dictadura, con el grado de teniente primero médico, y habría firmado el certificado de defunción del militante fusilado en avenida Ramírez y luego trasladado al nosocomio castrense, donde se presume que falleció. Su cuerpo nunca apareció.

Por último, también en este caso la Fiscalía requirió la instrucción, pero a diferencia del anterior no dio por probada por el momento la participación de Capellino en aquella desaparición forzada de persona. Por eso pidió una serie de medidas de prueba. Sobre esto el juez aún no se ha expedido.