También recordó en el comunicado que Bustillo "es el único diplomático involucrado cuyo país no ha otorgado el levantamiento de la inmunidad diplomática para que sea investigado por la Corte Suprema argentina, luego de que el juez interviniente comprobó su participación, como así también la intermediación de firmas fantasmas y adulteración de documentación entre los vehículos pertenecientes al embajador".

La ofensiva del gobierno argentino sorprendió, pocos días después del encuentro entre los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica en la cumbre del Mercosur, realizada en Río de Janeiro, donde ambos habían acordado bajar la tensión diplomática.

Ambos mandatarios se vieron el martes y dieron señales para avanzar en lo inmediato con las obras de dragado en el canal Martín García y buscar, en tanto, un artilugio legal para que la empresa Boskalis (Riovia), señalada por sospechas sobre presuntos intentos de soborno, no se quede finalmente con la licitación.
Frente al pronunciamiento de Timerman, no hubo hasta anoche ninguna respuesta del gobierno de Mujica.

Los autos del embajador

Bustillo, de 52 años, fue embajador en Buenos Aires entre 2005 y 2010, en pleno conflicto por la instalación de la papelera Botnia.

El comunicado difundido ayer por la Cancillería recuerda que el 3 de marzo de 2007, el entonces embajador de Uruguay solicitó "dos franquicias para importar sin impuestos dos automóviles Porsche 911, valuados en 98.000 dólares cada uno, en clara contravención" a las normas vigentes. Advierte, además, que "tres años antes habían ingresado al país dos franquicias de vehículos BMW M3 y BMW X5, cuatro autos cuyos diseños distan bastante de los utilizados por el cuerpo diplomático".

Timerman reiteró el "interés estratégico" que tiene el dragado del canal Martín García para el crecimiento del comercio internacional y pidió pasar "de las meras palabras, rumores y suposiciones a los hechos concretos, que no son otros que el dragado y la profundización de la vía navegable".

Más temprano, antes de que el gobierno de Cristina Kirchner insistiera en la presentación de Bustillo ante la justicia argentina, el canciller de Uruguay, Luis Almagro, no ocultaba su disgusto por el reclamo por no haberse allanado a eliminar a la empresa Riovia del proceso licitatorio. "Es injusto, no hay derecho", transmitió esta semana el ministro a la Casa de Gobierno y a su entorno diplomático, revelaron a La Nación fuentes oficiales.

En diálogo con un periodista local, Almagro había dejado trascender su intención de presentar a la Justicia todas las actas de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP). El semanario de izquierda Brecha había informado que era muy probable que el propio canciller hiciera una denuncia ante la justicia.

Pero en la Casa de Gobierno se recordaba que la voluntad de Mujica es "no hacer olas" frente a la administración de Cristina Kirchner, luego del último encuentro.

Se dijo que Mujica no quiere "mojar la oreja" de su colega argentina ni hacer ninguna movida que sea percibida en la Casa Rosada como un cambio de su comprometida actitud de buena voluntad.