Sin embargo, los fondos desde la Nación fluyen a cuentagotas. Córdoba, por caso, denunció que este año no recibió un solo centavo pese a que en 2009 el entonces gobernador Juan Schiaretti, al igual que los otros 12 mandatarios que se hallan en la misma situación, había firmado un "convenio de armonización" para normalizar el pago de la deuda.

Córdoba le demanda a la Nación unos 1.040 millones de pesos por este concepto, a los que se suma otra deuda por 700 millones de pesos en materia de vivienda y obras públicas aún no concretadas.

Al igual que Córdoba, Santa Fe lidera también la lista de reclamos al gobierno por deudas impagas. No sólo por la caja previsional (Santa Fe exige una deuda de 1600 millones de pesos), sino también por el 15 por ciento que se le detrae de su coparticipación para destinarlo a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Por esta razón, el ex gobernador socialista Hermes Binner entabló una demanda ante la Corte Suprema de Justicia contra el gobierno nacional. "Estimamos que la deuda total de la Nación con Santa Fe alcanza los 8000 millones de pesos", enfatizó la diputada Alicia Ciciliani del Frente Amplio Progresista.

Durante la discusión de la ley de presupuesto de 2012, según detalló La Nación, los diputados cordobeses y santafesinos propusieron una iniciativa tendiente a normalizar el pago de las deudas que la Nación mantiene con las provincias en materia previsional. El proyecto, elaborado por el diputado Francisco Fortuna -que responde al gobernador de la provincia mediterránea José Manuel De la Sota- proponía que los importes adeudados en materia previsional pudieran saldarse de manera mensual y automática.

De esta manera, explicó Fortuna, el cobro de las acreencias por parte de las provincias sería más transparente y previsible. Hoy por hoy, los gobernadores se ven en la obligación de peregrinar a la Casa Rosada para reclamar por los fondos adeudados.

En el recinto de la Cámara Baja, la iniciativa contó con el apoyo unánime de todos los bloques opositores; sin embargo, el oficialismo -mayoría en el cuerpo- le bajó el pulgar y el proyecto no prosperó.

Además, las provincias deberán cumplir con amplios requisitos, que incluyen datos sobre su situación fiscal y financiera y sobre su plantel de empleados públicos, para acceder a la prórroga que por dos años les dio la Nación para comenzar a abonar sus deudas reestructuradas.

Las exigencias para los 17 distritos que adhirieron al Programa de Desendeudamiento, que fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2013, fueron especificadas en la resolución 33 firmada por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y publicada el jueves en el Boletín Oficial. El acuerdo engloba una deuda de casi 65 mil millones de pesos.