En la Argentina hay más de 250 cárceles, en las que se aloja a alrededor de 69.000 presos. De ese total, 10.424 están distribuidos en las 34 prisiones federales, mientras que los 55 penales bonaerenses alojan a unos 31.200 presos, según la última publicación del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP, 2014). El resto de la población penitenciaria está detenida en cárceles que dependen de las distintas provincias, según publicó La Nación.

Un 96% de los detenidos son hombres y apenas el 4 por ciento restante son mujeres. En cuanto a la nacionalidad, sólo el 6% son extranjeros, en su mayoría provenientes de países limítrofes y Perú.

Del total de las personas detenidas en la Argentina, un 51 por ciento están procesadas, mientras que sólo el 48 por ciento tienen condena firme.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) cuenta con 9759 agentes, según el SNEEP, de los cuales 7118 son hombres y el resto mujeres. En tanto, en el Servicio Penitenciario Bonaerense trabajan 19.422 agentes penitenciarios.

Sobrepoblación

La cantidad de personas detenidas en cárceles argentinas ha ido aumentando en los últimos años. Organismos de Derechos Humanos denunciaron en reiteradas oportunidades que esto produce condiciones de hacinamiento en los penales.

La tasa de encarcelamiento en el país pasó de 91 personas detenidas cada 100.000 habitantes en 1997, a 161,8 en 2014 (última información oficial disponible).

En tanto, "en 2015 se agudizó la tendencia hacia el aumento del encarcelamiento tanto en el Servicio Penitenciario Federal como en el de la Provincia de Buenos Aires, que concentran el 70% de la población privada de la libertad en todo el país", dice el informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que será publicado en marzo.

"La masividad del encarcelamiento trae aparejada una peor situación en el encierro y la violación de los derechos de las personas privadas de su libertad", destaca el informe. Según detalla el Cels, "en el SPF el crecimiento de la población se aceleró en los últimos años y alcanzó las 10.425 personas en agosto de 2015, casi 1000 personas más que en 2006. Este aumento sostenido derivó en la generación de focos de sobrepoblación".

Si bien las cifras del SNEEP, que sólo están disponibles hasta 2014, indican que en los penales bonaerenses hay alrededor de 31.200 presos, cálculos más recientes estiman la población en 32.500. En tanto, fuentes oficiales indican que la capacidad de alojamiento en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenso Aires es de 27.000 internos aproximadamente.

"El SPB alcanzó en 2015 la mayor población privada de libertad en la historia de la provincia", informa el Cels. Ante esta situación, "como el sistema penitenciario no puede contener la presión que significa un ingreso tan alto de detenidos, empeoran las condiciones de detención y se profundiza la escasez de recursos. Además, se diluye el impacto de cualquier medida orientada a mejorar la situación penitenciaria", sostiene el informe.

Muertes en prisión

Según el relevamiento de La Nación a partir de información de la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) demostró que en las prisiones del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) hubo 707 muertes entre 2009 y 2014. El 30 por ciento fueron violentas.

En el mismo período, en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde hay unos 10.000 reclusos, murieron 272, el 46,3 por ciento en forma violenta.

Son consideradas muertes violentas, según explica la PPN, a "aquellas que resultan consecuencia de un homicidio, suicidio, accidente, o la causa que la ha provocado resulta dudosa de determinar, pero siempre traumática".

En cambio se clasifica como muertes no violentas a las que se producen "por enfermedad, son súbitas o cuya causa aún resulta dudoso determinar, pero siempre no traumática".

Las diez cárceles con más muertes violentas entre 2009 y 2014 se ubican casi todas en Buenos Aires, salvo la Unidad N° 6 del SPF, que está en Rawson, Chubut. Esta última es la que tiene la proporción de muertes violentas más alta en el período (12 sobre 15).

Fugas

La fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci de la cárcel bonaerense de General Alvear volvió a poner en agenda una preocupación recurrente: ¿Cómo es la seguridad en las prisiones argentinas? Aunque sólo trascienden las fugas y evasiones más "mediáticas", son moneda corriente en muchos penales y comisarías.

En las cárceles bonaerenses, según fuentes del Ministerio de Justicia provincial, hubo 10 fugas en 2011. Ese mismo año hubo 73 evasiones del programa Casas por Cárceles, mientras que unos 127 detenidos no regresaron de salidas transitorias. En tanto, en los penales de régimen semiabierto hubo 22 evasiones.

En 2012 en la provincia hubo 17 fugas, 72 evasiones del programa Casas por Cárceles, y 211 personas que no regresaron de las salidas transitorias. En penales de régimen semiabierto hubo 36 evasiones.

Desde 2013 hasta la actualidad, según las fuentes, se fugaron 1198 presos de alcaidías y cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense. De ese total, 27 fueron fugas de cárceles de alta seguridad. En tanto unos 366 presos escaparon de penales de régimen semiabierto y unos 805 detenidos no regresaron a prisión tras participar de alguna actividad extra muro con permiso, como una salida transitoria.

Por otra parte, en las cárceles que dependen del Servicio Penitenciario Federal, entre 2010 y 2013 (últimos datos disponibles) hubo 39 fugas y 32 evasiones. La más resonante fue la ocurrida en el año 2013 en el Complejo I de Ezeiza, donde ahora están alojados los hermanos Lanatta, Víctor Schillaci, y los líderes de la banda narco "Los Monos".

En esa oportunidad, 13 detenidos se escaparon a través de un boquete. La mayoría de ellos fueron recapturados poco después. La escandalosa fuga derivó en la renuncia del entonces director del SPF, Víctor Hortel.

Alimentación

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) sostienen que:

- Todo recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.

- Todo recluso tendrá la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite.

"La alimentación de los internos debería ser adecuada, según clima, edad, actividades, cantidad de calorías. Debe ser variada e incluir alimentos frescos, frutas y verduras", explicó el juez Gustavo Hornos, titular del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles.

Sin embargo, inspecciones realizadas por ese organismo durante 2015 detectaron varias irregularidades en algunos penales, como la falta de higiene en las cocinas y comida en mal estado.

"¿Cuál es la razón por la que se supone que una persona privada de la libertad debería tener una alimentación diferente a una persona que no se encuentra privada de la libertad?", plantea Mario Juliano, juez de Necochea y director de la Asociación Pensamiento Penal (APP). "Quizá sea por ello que la mayoría de tratados y reglamentos se limitan a decir que el Estado debe garantizar una alimentación sana y adecuada", sostiene.

Educación

Según el informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP 2014), publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 48 por ciento de los presos de todo el país (unos 32.900) no participa de ningún programa educativo dentro de las cárceles. En los penales que dependen del Servicio Penitenciario Federal, ese porcentaje es de apenas el 14 por ciento (unos 1300 presos).

Un 17 por ciento de los presos cursa estudios correspondientes al EGB, mientras que un 15 por ciento cursa el nivel correspondiente al Polimodal. En tanto apenas unos 1139 presos (1,6 por ciento%) cursan carreras universitarias o terciarias.

En tanto, un 68,64 por ciento de los presos ingresaron a la cárcel con el nivel educativo primario completo. Un 23 por ciento tenía el secundario completo al momento de ser detenido. En tanto sólo un 1,9 por ciento había cursado el ciclo terciario o universitario.

Un estudio realizado por la Facultad de Derecho de la UBA y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) reveló que de los 132 egresados que tenía el Programa en 2013, un 84 por ciento "no volvió a ser encontrado culpable de cometer nuevos hechos ilícitos". Es decir que, según destaca el informe, "8 de cada 10 graduados del Programa no han vuelto a ser condenados".

Un aspecto que se destaca en este informe son los obstáculos temporales que suelen dificultar que los presos accedan al estudio. "En la mayoría de los casos, quien intente completar sus estudios deberá enfrentarse a la decisión entre trabajar o estudiar" dice el informe y explica que muchos horarios se superponen y están atados a la agenda penitenciaria.

En cuanto al espacio, explican que "la irrupción de la Universidad de Buenos Aires rompió con la lógica espacial de la cárcel, al abrir instancias colectivas de intercambio".

"En un contexto donde los derechos más elementales se ven vulnerados, la palabra funciona como eje para la construcción de la autonomía", resaltan.

Trabajo

La ley de ejecución de la pena privativa de la libertad (24.660) establece el derecho de todos los presos a trabajar y sostiene que las actividades tendrán "como finalidad primordial la generación de hábitos laborales, la capacitación y la creatividad". Además, determina que no se obligará a ningún interno a trabajar, aunque "su negativa injustificada será considerada falta media e incidirá desfavorablemente en el concepto".

En general son tres los tipos de tareas que pueden realizar los presos: talleres productivos -que pueden ser actividades de agricultura y forrajería, entre otros-, talleres industriales -como la producción de muebles, artículos deportivos y productos de limpieza- y tareas de servicios, como la fajina de pabellones.

Por ley, el trabajo en las cárceles debe ser remunerado: el valor de la hora, según la Procuración, es de 22 pesos. Para alcanzar el salario mínimo vital y móvil un preso debe trabajar unas 200 horas mensuales.

Sin embargo, según el informe SNEEP de 2014 sólo el 38,84 por ciento (26.572) del total de los detenidos en el país realiza trabajos remunerados y, dentro de ese grupo, apenas 9311 presos (el 15 por ciento) trabaja por hasta 40 horas semanales. Además, en los informes de la PPN se sostiene que "en general se les computan muchas menos horas" a los presos por su trabajo, por lo que son pocos los que llegan a cobrar el salario mínimo.

Al sueldo de un interno se le retiene un porcentaje para un fondo de reserva, que es del 30 por ciento del ingreso mensual. Este dinero debe ser depositado en una cuenta de una institución bancaria oficial y le será entregado a su egreso por agotamiento de pena, libertad condicional o asistida. En caso de que el detenido fallezca, el fondo de reserva deberá pasar a manos de sus herederos. La legislación también dispone otros descuentos, como el destinado a la jubilación.

En la normativa vigente figura, además, una retención del 25 por ciento para "costear los gastos que el preso cause en el establecimiento". Pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional ese descuento en un fallo en el que sostuvo que "pesa sobre el Estado el deber de custodia de todas las personas que están sometidas a detención preventiva o a condena".

Pero no todos los presos que trabajan cobran un sueldo. "Cada provincia tiene su particularidad, pero como regla general los presos que realizan tareas para el Estado (cocina, mantenimiento) y que si no los realizaran ellos el Estado debería contratar a terceras personas, percibe un "peculio", que es una suma mensual simbólica", explica el juez Mario Juliano, titular de la Asociación Pensamiento Penal (APP).

"El trabajo para terceros (empresas y comerciantes que se establecen intramuros) no tiene regulación de ningún tipo y el común denominador es el abuso (salarios muy por debajo de los que se abonan en el medio libre por igual tarea, no se tributa a la seguridad ni a la previsión social y, como si todos estos "beneficios" fueran pocos, los empresarios y comerciantes suelen usufructuar de modo gratuito la energía que provee el Estado, esto, luz y gas)", añade Juliano.