Luis María Serroels,
especial para ANALISIS DIGITAL

El acto realizado por agrupaciones kirchneristas en la tarde del lunes último en la Capital Federal, fue casi simultáneo con el que se efectuó en dicha metrópoli para recordar el primer aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, honrar su memoria y exigir el esclarecimiento de este horrendo episodio.

Casualidad o no, vale esta pregunta: ¿qué motivos confesos pudieron tener los militantes del Frente para la Victoria y sus grupos de militancia para no formar parte de la ceremonia –replicada en todo el país-, donde se evocaba a quien había puesto en jaque hasta dar la vida, a los autores intelectuales, ejecutores y aliados locales del más sangriento atentado contra nuestro país en toda su historia? ¿La movida pro libertad de Milagro Sala fue un impedimento o simplemente una buena excusa? No inclinarse por esto último sería pueril si se analiza cuánto de comprometedor tenía el documento que Nisman leería ante el Congreso, sobre los motivos del denigrante memorando celebrado con Irán por Cristina Fernández y su canciller.

La inusual y sospechosa coincidencia en reaccionar destempladamente ante una medida adoptada por un magistrado jujeño, apelable ante los tribunales de alzada, exhibe grietas pasibles de analizar. Quienes hoy se escandalizan, curiosamente comparten la misma identidad política de ex gobernadores de la provincia norteña que fueron hostigados y hasta manejados por la dirigente privada de su libertad, en una suerte de poder paralelo que, insólitamente, no se podía cuestionar porque gozaba de la bendición y aquiescencia de la Casa Rosada.

Todos –aliados u opositores del Frente para la Victoria-, coinciden en que esta persona se había enseñoreado con el manejo de fondos públicos, sus destinos y su falta de rendición atada a las leyes.

Si bien el propio gobierno del radical Gerardo Morales asumido hace pocas semanas, admite que la Fundación Tupac Amaru llegó a crear escuelas y emprendimientos de fuerte sentido social, ello no supone convalidar que esto se haya realizado mediante una estructura paralela reñida con la organización política vigente. Tanto en la ejecución de sus planes como en las rendiciones, parece que las cosas nunca estuvieron claras. Releer el contenido de las causas abiertas por los jueces, da cuenta de este desapego por las normas contables, mantenido sin impugnaciones por obra del asentimiento llegado desde el gobierno nacional. La técnica predilecta ha sido la más conocida bajo el rótulo vergonzoso de “roban pero hacen”, cuando es vox populi que “se hace para poder robar” y ello siempre ha sido así.

Queda claro que no es el espíritu ni la sensibilidad que rodearon la idea y los propósitos impulsores de esta particular forma de ayuda y escalamiento social, lo que se le cuestiona a Milagro Sala, sino la falta de orden contable y, sobre todo, la dificultad para hallar documentación probatoria del destino de 29 millones de pesos recibidos por Tupac Amaru para la construcción de viviendas que, se denunció, no aparecen como tampoco los fondos originales (un virtual engaña pichanga). Esto contrastaría con las características de la mansión que habita la responsable de esta cruzada solidaria. Si una vez liberada Sala se empezaran a divulgar los expedientes judiciales y los elementos que podrían configurar la existencia de una asociación ilícita, ¿qué reclamos organizará el kichnerismno? ¿Bajo qué sustento legal?

Si ya se ha dicho que las realizaciones de contenido social y educativo en marcha no serán interrumpidas y las centenares de cooperativas reempadronadas y encuadradas en la ley no quedarán sin apoyo ni serán molestadas en su accionar, pocos pretextos quedarán para movilizaciones inapropiadas en tanto el gobierno cumpla. Si se hallaron fundados motivos para repudiar la detención de Sala, ¿se respetarán las decisiones de los jueces adoptadas al amparo irrestricto de los códigos? No dejaría de ser una buena prueba.

Pero hay otro asunto que viene a cuento tras el caso de Jujuy. No todos recuerdan que en los tribunales de Paraná se sustancia una causa relacionada con presuntas irregularidades cometidas durante la entrega de subsidios del Estado por unos 30.000 pesos mensuales al diputado provincial José Allende (FPV) y su cónyuge, con destino a una Fundación Esperanza manejada por ambos durante más de un lustro.

Las actuaciones judiciales no se han mostrado ajenas a la lentitud habitual cuando de investigar al poder se trata, habiéndose pedido informes a la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER), la AFIP y la Dirección de Personas Jurídicas, con el fin de entrecruzar datos sobe bienes y otras cuestiones. Se busca determinar “si los ilícitos contra la Administración Pública tienen verosimilitud o fundamento posible”, en virtud de lo publicado por la REVISTA ANALISIS, donde se indica que la referida fundación presidida por la esposa del legislador percibió 30.000 pesos por mes desde 2003 hasta 2007 mediante sendos cheques por 20.000, 5.000 y 5.000 pesos respectivamente en concepto de “auxilios a juntas de gobierno, entidades no gubernamentales, cooperadoras de escuelas, otros organismos, familias afectadas por la crisis y equipamiento médico”.

No hace falta devanarse los sesos para advertir que esta no es la vía idónea ni legal para ayuda estatal que para ello dispone de reparticiones específicas. Así han sido las cosas, favorecidas porque aún no se cuenta con una Fiscalía Anticorrupción en el ámbito del Ministerio Público Fiscal (ordenada por el artículo 208º de la Constitución de Entre Ríos) y que recientemente fuera descartada por una amañada reforma efectuada en sede legislativa.

Desde luego que este caso no puede compararse con el de Milagro Sala, tanto en su magnitud como en sus montos, pero el molde no difiere: uso de fondos del Estado para obtener dividendos políticos personales mediante el desvío ilegítimo de recursos para réditos no menos ilegítimos. ¿Y si todos los legisladores pretendiesen instalar sus propias fundaciones en su unión conyugal? Hoy el diputado Allende –cuya fortuna personal ha sido expuesta críticamente por la REVISTA ANALISIS- continúa sentado en su banca cuasi vitalicia en su quinto mandato consecutivo. Y los jueces en sus sillones aguardando resolver su causa.

Foto: Infonews.