Garantizar un piso de subsistencia para sectores vulnerables, amplificar las capacidades del Estado frente a la emergencia laboral y de ingresos, y definir los pasos hacia una mejor distribución de la riqueza son las aristas de un debate reactivado en las últimas semanas hacia el interior del Frente de Todos, tanto en el plano ejecutivo como en el parlamentario.

La idea de otorgar un “Salario Básico Universal (SBU)” a los trabajadores no reconocidos por el mercado formal, con mayor riesgo de bordear extremos de indigencia, reflotó un proyecto parlamentario presentado en mayo pasado por el diputado del oficialismo Itai Hagman, luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pusiera este tema en la agenda pública.

“Resuelve un problema de insuficiencia de ingresos para un sector que está afuera de las paritarias; es decir, resuelve un problema estructural, pero además da una respuesta inmediata a la crisis inflacionaria que afecta de una manera muy cruda a quienes no son parte del mercado formal”, expresó Hagman en diálogo con la agencia de noticias Télam.

Sobre la idea e implementación del Salario Básico Universal, la especialista en políticas sociales Adriana Clemente advirtió que “si un ingreso complementario no acciona en un mediano plazo, articulado con medidas conjuntas de los ministerios de Economía, Trabajo y Desarrollo Social, no resolverá cuestiones de fondo”.

“Hay que poner más énfasis en la ingeniería necesaria para reactivar el mercado de trabajo con ofertas específicas para los diversos segmentos de ese universo de 8 millones de personas afectadas por la pospandemia”, fundamentó Clemente, investigadora en estas problemáticas, y planteó: “Se necesita de la acción de un Ministerio de Trabajo que hoy está ausente ante la explosión de informalidad”.

Por su parte, la especialista Laura Garcés, directora de la maestría en Políticas Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, aseguró que “la pandemia de coronavirus y el papa Francisco dieron el empujón para que el mundo empezara a debatir sistemas de protección de los ingresos de las personas por fuera del mercado formal”.

Defensora de la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la etapa crítica de la Covid-19, Garcés definió a ese instrumento como “uno de los mejores del mundo”, no sólo por su efectiva aplicación inmediata sino porque constituyó una garantía “universal” de derechos, sin requisitos.

A favor de una “política de transferencia de derechos sin intermediarios” (porque “la selectividad genera arbitrariedad”), la académica opinó que “hablar de un salario básico universal es una forma de reconocer a aquellos trabajadores o trabajadoras que realizan tareas domésticas, comunitarias o de cuidado, que no están visibilizadas ni remuneradas por el mercado formal”.

“No hay que confundir esos trabajos con empleo. Esas personas, aunque no estén empleadas, sostienen también la economía y, de hecho, en tiempos de pandemia, el trabajo del cuidado contuvo a las comunidades, hizo funcionar a las sociedades y sostuvo al mundo”, reflexionó Garcés.

Con todo, la discusión sobre un eventual “Salario Básico Universal” incorporó además otros interrogantes en cuanto a la vigencia de ciertos programas sociales, por ejemplo, el Potenciar Trabajo, y la posibilidad de que ambos instrumentos coexistan, se destacó en la agencia de noticias Télam.

“La economía social, popular y organizada necesita de las políticas de Estado. El Potenciar (Trabajo) tiene que seguir existiendo y la implementación de un Salario Universal es algo complementario”, analizó Hagman, portavoz económico del Frente Patria Grande dentro del bloque de diputados del FdT.

En el marco de este debate, Clemente propuso como idea “desglosar el universo de trabajadores” que quedó expuesto en el registro de los beneficiarios del IFE.

“No es lo mismo alguien que vive de lo que recolecta en la calle que una abuela que cuida chicos, un joven que busca su primer trabajo o un adulto recientemente despedido que se formó toda la vida en una planta de producción. Por eso, se necesita un análisis minucioso y medidas articuladas entre los ministerios”, insistió.

Esta semana, el Gobierno avanzó con dos instrumentos para mejorar el funcionamiento del Potenciar Trabajo: por un lado, incorporó a las universidades públicas en la evaluación de su aplicación y, por otro, definió una Carta de Obligaciones y Derechos con lineamientos para prevenir “manejos indebidos” en su ejecución por parte de las organizaciones sociales.

Coincidencias

Así, mientras el oficialismo define una estrategia parlamentaria para encarar una discusión en este sentido, todos los especialistas consultados coincidieron en la necesidad de “mejorar la progresividad de los impuestos” y “reorganizar y reorientar el gasto público y el gasto social”.

“Hay un repertorio de capacidades del Estado para situaciones de emergencia que no se escuchan”, graficó Clemente, y se preguntó “por qué no pensar en un impuesto al consumo suntuoso” y, al mismo tiempo, “activar por ejemplo la producción de alimentos a mediana escala” como forma de defensa frente a la “especulación” de las marcas concentradas.

“Parte del ahorro en subsidios de energía podría financiar el salario universal”, propuso Hagman y señaló que, si aun así no alcanzara, el salario universal podría ser “aplicado en etapas”.

A manera de hipótesis, Garcés postuló “impuestos progresivos a las grandes fortunas, a las grandes herencias, a las rentas financieras o a la polución”, como parte de variadas fórmulas posibles para redistribuir riqueza.

De hecho, esta semana la Justicia respaldó la ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas ante planteos de inconstitucionalidad y argumentó que la norma aprobada por el Congreso Nacional en diciembre del 2020 “persigue la satisfacción de derechos por conducto del financiamiento de programas económicos redistributivos específicos”.

El Aporte Solidario establece el cobro del 2 por ciento de sus patrimonios a las personas físicas cuyas fortunas superen los 200 millones de pesos. Según la AFIP, la medida alcanza a menos de 10 mil personas, es decir 0,8 por ciento del total de los contribuyentes.

Con parte de lo ya recaudado, el Gobierno compró equipamiento de salud, urbanizó barrios populares, dio apoyo en subsidios y créditos a las pymes, inició un proceso de equipamiento a YPF para producir y envasar gas natural, y financió la continuidad del plan Progresar para que jóvenes puedan seguir estudiando.