F. V.
En el gobierno provincial son muchas las hipótesis que se barajan para entender lo que ocurrió con las presuntas irregularidades cometidas por un funcionario de la Dirección de Arquitectura. Pese a que todavía la Oficina Anticorrupción no ha concluido su investigación, ANALISIS pudo establecer que el organismo estudia tres teorías distintas para explicar los verdaderos motivos y dimensiones de la denuncia. Se trata de comprobar no sólo la presunta conducta dolosa de un funcionario, sino también de los intereses particulares de algunos empresarios que mantienen importantes negocios vinculados a determinadas escuelas privadas. En la trama no solamente aparecen funcionarios, sino también hombres de la Iglesia, estrechamente ligados al Arzobispado de Paraná.
Mientras el gobernador Jorge Busti aguarda el resultado de la investigación que lleva adelante la Oficina Anticorrupción y de Etica Pública, sobre la presunta inducción que habría ejercido un funcionario de la Dirección de Arquitectura para que los trabajos de ampliación y refacción de escuelas religiosas fuesen adjudicados a determinadas empresas constructoras, en los establecimientos educativos involucrados es imposible encontrar a alguien dispuesto a confirmar si, en efecto, fueron víctimas de esas presiones. Las autoridades de las escuelas públicas de gestión privadas que fueron beneficiadas con los subsidios, que por casi un millón de pesos repartió el gobierno provincial a fines del año pasado, se muestran remisas a brindar al periodismo detalles de las maniobras denunciadas, y sólo se han limitado a responder las preguntas del órgano de control que dirige Luis Pedemonte.
Pero ni siquiera en esa instancia, sus declaraciones han tenido la contundencia que muchos esperaban, después del escándalo que suscitaron algunas denuncias periodísticas. Por el contrario, desde el 24 de febrero en que la Oficina Anticorrupción tomó intervención en el caso, como elementos probatorios los fiscales sólo han podido colectar los dichos de algunos testigos que dicen haber sido, "aconsejados" por el coordinador de la Zonal Paraná de Arquitectura, Mario Aguilar, para que realizaran un concurso de precios antes de adjudicar las obras. Según declararon los directivos y apoderados legales de unas 12 escuelas, el funcionario cuestionado les habría recomendado que invitaran por lo menos a tres empresas a cotejar propuestas, para maximizar los recursos económicos de que disponían, habida cuenta de que los subsidios otorgados no superaban los 20.000 pesos por establecimiento.
Si bien el rol del arquitecto Aguilar consistía en controlar que los trabajos se hubiesen efectivizado, mediante la confección de un informe técnico que luego sería derivado al Tribunal de Cuentas de la Provincia, el funcionario parece haber cometido la "imprudencia de involucrarse demasiado en su tarea". Así lo dijo a ANALISIS la directora de una de escuela privada, que defendió a los hombres de la Dirección de Arquitectura, "porque colaboraron con nosotros en el diagnóstico de los trabajos que se debían hacer en el edificio y, sobre todo, porque supervisaron que el dinero se ocupara en esas obras y no en otro destino". Es que, según la docente, el riesgo que corrían algunas escuelas privadas era que sus verdaderos dueños -léase el clero- utilizaran parte de esos fondos para otra cosa.
En realidad, los subsidios para ampliación de escuelas privadas surgieron para compensar a aquellos establecimientos de la provincia que no habían sido contemplados en el Plan Integral para la Reconstrucción de las Escuelas Entrerrianas, que lanzó Busti apenas asumió su tercer mandato en diciembre de 2003, con la promesa de que las obras se concluirían en menos de 90 días.
En tanto que los fondos para escuelas privadas fueron divididos en dos etapas. En junio de 2004 resultaron favorecidas las primeras 27 instituciones y el 30 de diciembre del mismo año, otras 66.
La medida fue celebrada por las principales autoridades de la Iglesia entrerriana, lideradas por monseñor Mario Maulión, ya que el deterioro que padecían muchas de las escuelas que le pertenecen se asemejaban bastante al de las públicas, abandonadas a su suerte por el Estado durante décadas. Sin embargo, para algunos curas, identificados en lo que podría denominarse el ala progresista de la institución, la ayuda económica del gobierno tenía por objeto congraciarse con la Iglesia con un sólo objetivo: lograr la bendición del Arzobispado de Paraná para su proyecto de reformar de la Constitución, con reelección incluida.
Desde ese lugar puede entenderse porqué algunos sectores eclesiásticos han comenzado sutilmente a apoyar el tema de la consulta popular lanzada por el gobierno. A no pocas personas sorprendió, hace no más de 15 días, cuando monseñor Maulión salió expresar un tibio apoyo a la reforma constitucional, cuando no necesariamente tenía que hacerlo.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
