Silvio Méndez
La aprobación de los concejales oficialistas para que la comuna paranaense conforme un fideicomiso con el objeto de tomar un crédito de 5 millones de pesos y el ingreso de un proyecto de ordenanza para el aumento de las tasas de servicios públicos, han desatado una profunda controversia por el presupuesto. Los ediles de Nuevo Espacio Entrerriano (NEE) denuncian un creciente saldo negativo en los balances mensuales, parcialidad en el cobro de impuestos, ocultamiento de información, sobredimensión de la planta de personal político y un “festival de subsidios” del que hace uso discrecional el intendente Julio Solanas. Por su parte, desde la bancada del Partido Justicialista (PJ) se ha argumentado que los aumentos de los costos generales han obligado el ajuste de los cánones para el cobro de tributos, que la oposición pone “palos en la rueda” a la gestión municipal y que existe equilibrio en la contabilidad financiera.
Si hay algo que seguramente no se cumple nunca, jamás, en la administración pública es la ejecución del presupuesto oficial. Año a año, tanto los ediles en los municipios, como los legisladores en ámbito provincial y nacional, discuten hasta el cansancio una norma que pauta el plan general de gastos y recursos del Estado, pero que finalmente, por distintas razones y circunstancias, termina siendo modificado. Esto en sí no debería ser un problema, si se considera a la sociedad, la política y la economía misma como formas dinámicas que se transforman en el tiempo. Pero resulta que, tanto la definición inicial de los números del presupuesto como cualquier alteración que sufre en el transcurso del lapso sobre el cual está planificado, son casi totalmente desconocidos para los ciudadanos y contribuyentes. Es una madeja contable impenetrable a la que pocos tienen acceso e incluso la mayoría de los propios legisladores desconoce. El tema es que esta trama de números incide concretamente en cómo se distribuyen los dineros públicos, y la condición de indescifrable es arbitraria y limita el debate de cómo se reparte la torta de los fondos de todos. Es cuando la materia propia del presupuesto se transforma en un verdadero agujero negro donde muy pocos saben de dónde viene y hacia dónde va el dinero de las arcas oficiales.
Con esta situación como escenario de fondo, la semana pasada los concejales del Partido Justicialista (PJ) aprobaron un proyecto del Ejecutivo paranaense para la conformación de un fideicomiso administrativo con el Banco Nación Argentina (BNA) con el fin de dar respaldo a la obtención de un crédito por 5 millones de pesos por parte de la comuna; proceso ya abierto por una antigua ordenanza, la número 7.714. El convenio con el BNA contempla el pago de haberes y cobro de impuestos municipales por parte de la entidad financiera, y este acuerdo de operaciones serviría de garantía de los compromisos monetarios, ya que habilita la posibilidad de un reintegro automático. Por otra parte, en esos días ingresó al Concejo Deliberante de Paraná un proyecto de ordenanza por el que se suben las tasas General Inmobiliaria, por Servicios Sanitarios, Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, así como otros códigos tributarios. La medida de los aumentos sería para el año próximo de un 30 por ciento. Entre los fundamentos de este incremento de los impuestos, se esgrimió que la salida de la convertibilidad la asumió la Municipalidad, la suba de costos de materiales e insumos, la ampliación de montos asignados al personal, y el costo “de las horas de servicios de seguridad prestado por la Policía de Entre Ríos” (sic).
Ante estas iniciativas, los concejales del Nuevo Espacio Entrerriano (NEE) se retiraron de las deliberaciones en las que se aprobó el fideicomiso, y por lo cual luego no sólo objetaron la medida como herramienta financiera sino también la legalidad del acto por el cual se sancionó la norma. Este episodio, junto a la falta de respuestas a las solicitudes de balances de ejecución presupuestaria y denuncias por manejos pocos claros de los fondos, ha desatado una enorme discusión que ha sembrado de dudas la verdadera situación económica financiera de la Municipalidad de Paraná.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
