Luis María Serroels
Cobra celeridad por estos días el estudio de medidas destinadas a terminar (o al menos reducir a niveles mínimos) con los accidentes de tránsito que generan muertes, mutilaciones y secuelas psicológicas, amén de daños materiales considerables y eventuales reclamos en el ámbito de la Justicia civil y penal.
¿Es posible que una máquina inventada por el hombre para reunir comodidad, confort y rapidez, haya terminado convirtiéndose en una virtual arma mortal para sí y para terceros?
Los que saben -y el sentido común lo corrobora- sostienen que de respetarse a rajatablas todas las medidas contenidas en las normas de tránsito, no deberían registrarse tantas tragedias. Desde luego que existen imponderables, es decir, situaciones fortuitas de innegable vigencia pero que resultan cuantitativamente menores. Pero aun en el caso de problemas mecánicos o de la intervención de obstáculos, como pueden ser el cruce abrupto de animales por el camino o la caída de parte de la carga de algún transporte, siempre existirá alguien que no respetó las medidas básicas para no causar estragos a terceros.
El caballo, la vaca y los elementos desplomados desde un camión carecen de toda facultad de razonamiento; supuestamente el hombre sí. Quien no asegura su carga, no controla sus animales, no mantiene su vehículo en condiciones y no duerme lo suficiente antes de emprender viaje, le abre puertas a la tragedia con su irresponsabilidad y su inconciencia, sin considerar las vidas en juego, e incluso la propia.
A los que exceden el límite de velocidad, ingresan a una ruta sin observar detenidamente, se adelantan en subidas y curvas, conducen alcoholizados o empleando una mano para comunicarse y distraerse con su teléfono celular, carecen de luces reglamentarias, encandilan al que transita en dirección contraria y estacionan sobre la calzada, ¿cómo se los debería llamar? ¿Y a quienes no señalizan las rutas o lo hacen deficientemente? ¿O a los vándalos que destruyen las señales? La irracionalidad parece no tener fronteras.
Las colisiones en las vías de tránsito constituyen la segunda de las principales causas de muerte en el mundo entre personas de entre 5 y 29 años de edad y la tercera entre la población de 30 a 44 años. El saldo anual: 1,2 millones de muertos y unos 50 millones de heridos o discapacitados. Los entendidos vaticinan que, de no actuarse rápidamente y con toda energía para mejorar la seguridad vial, de aquí a 15 años la cifra de defunciones crecerá un 80 por ciento en los países de ingresos bajos y medios. Respecto de estos datos escalofriantes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial han coincidido en que es mucho cuanto se puede y debe hacer para disminuir tan triste estadística. “Los riesgos se pueden comprender y en consecuencia se pueden prevenir”, afirmó el doctor Lee Jongwook, alto funcionario de la OMS, al comentar el “Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito”, donde se formulan concretas recomendaciones para mejorar la seguridad vial.
En nuestro país existe la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449/95, a la cual adhirió nuestra provincia mediante la Ley Nº 8.963. La facultad de ocuparse de estas normativas como autoridad de aplicación ha sido conferida a la Policía y a las áreas de transporte y de vialidad. Pero no es fácil manejar esta cuestión a la que ahora se proyecta encaminar con seriedad, responsabilidad y diligencia, porque los más de 120 muertos y los centenares de lesionados de distinta gravedad, más los cuantiosos perjuicios materiales consecuentes que se han registrado en las rutas de Entre Ríos en lo que va de 2006, significan una realidad sobrecogedora y demandan urgentes respuestas.
(Más información en la edición gráfica de esta semana de ANALISIS)
