Federico Malvasio

Causas en la que sólo queda que se haga pública su prescripción. Un ex funcionario, que ocupa una banca en la Legislatura y ocupará otra en la Convención Constituyente, se sostiene en un acuerdo implícito de silencio. Un ex gobernador, que de ser llevado a juicio, sería en primero en la historia. La desaparición de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la creación de la Oficina Anticorrupción y el sello de jueces de Instrucción forman parte de un informe en el que sólo el montielismo está en la agenda de la Justicia.

Las causas sobre el ex gobernador Sergio Montiel suelen ser las únicas muestras de la Justicia entrerriana cuando se la acusa de debilidad y dependencia ante el poder político. Las pruebas dan poco margen, de un lado y del otro, para que ambos poderes (Ejecutivo y Judicial) se despeguen del parentesco del que se los acusa. Desde el 83 a la fecha, radicales y justicialistas se las ingeniaron para, en lugar de gobernante, hacer justicia y mandar al banquillo de los acusados a sus opositores. En este jueguito de justicieros y perseguidos hay beneficiados. Pero los que sobran son los pillos.

Desde el fin de su mandato, Montiel pasó varias veces por Tribunales. Héctor Toloy, que estuvo a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 6, fue uno de los principales funcionarios judiciales a cargo de instruir las causas sobre el archienemigo de su jefe, Jorge Busti. El ex juez procesó al ex mandatario radical en dos causas. Una, por violación de los deberes de funcionario público, en la que se acusó a Montiel de no publicar la ley que declaraba la nulidad del convenio de fideicomiso con el BERSA. Meses después lo procesó en otra causa en la que se lo acusa de desobedecer a la Justicia por no cumplir una medida cautelar interpuesta por el juez Jorge Barbagelata en la que le impedía la rescisión del contrato con la ex Empresa Distribuidora de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (EDEERSA). En ambas causas, el procesamiento no tardó más que tres meses. Fue un contexto de derrumbe absoluto del gobierno radical, en el que Toloy empezó a hacer los deberes. “Había que encontrar un culpable”, dijo el defensor de Montiel, Leandro Dato, que apeló las decisiones del juez. Pero los procesamientos fueron ratificados, en ambos casos, por la cámara integrada por los magistrados Raúl Herzovich, Arturo Landó y Silvia Nazar. Es así que los expedientes volvieron al Juzgado de Toloy.

Toloy, un sello

Fue en marzo de 2004 cuando el ex gobernador Sergio Montiel quedó procesado por el delito de violación de los deberes de funcionario público por negarse a publicar la ley que declaró nulo el fideicomiso con el BERSA por el cual el Estado le transfería al banco la gestión y el cobro de los créditos fiscales a los deudores morosos de la Dirección General de Rentas (DGR). La denuncia la inició la Fiscalía de Estado, a cargo en ese entonces de Jorge Romero, y cayó en manos del juez de Instrucción Héctor Toloy. Corría el año 2002, y la defensa, a cargo de Fermín Garay y Leandro Dato, buscó sustento en una fundamentación política en torno a la supuesta inconveniencia de la decisión por parte de la Legislatura enfrentada en aquel momento con el gobernador. La Asamblea Legislativa, constituida por los senadores y diputados, ratificó la derogación del convenio con la entidad crediticia, con lo que el veto del Ejecutivo quedó definitivamente eliminado. Finalmente, el juez se atuvo a lo formal planteado por la Fiscalía.

El Juzgado Correccional Nº 2 de Pablo Vírgala tiene la causa en la que se le imputa al ex mandatario el delito de desobediencia judicial. El trámite se inició a fines de 2003. Jorge Busti ya estaba en el poder. Se acusó al ex mandatario de no cumplir la orden del juez de Instrucción Jorge Barbagelata, que ordenó un mandamiento de retrotraer los decretos de creación y toma de posesión de la empresa de energía eléctrica Coensa. Ese mandamiento –según recordó Dato en diálogo con ANALISIS- llegó un sábado a Casa de Gobierno y fue tirado por debajo de la puerta de Mesa de Entradas. Recién el lunes se enteró el gobernador del oficio judicial. La causa recayó en el Juzgado de Toloy y la denuncia había sido hecha por quien era presidente de EDEERSA, Jaime Barba. En esta causa, Montiel tenía fecha para ser sometido a juicio a partir del 7 de mayo de este año, pero una medida cautelar por su estado de salud retrasó los tiempos. Esa segunda fecha fue fijada para el 28 de agosto, pero un informe de los médicos forenses dio cuenta de que el ex gobernador no está en condiciones de enfrentar una audiencia. Según informó una alta fuente a este semanario, es muy posible que la causa prescriba.

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