Daniel Tirso Fiorotto
(Especial para ANÁLISIS)

El surubí dio la voz de alarma: los ejemplares de más de metro y medio y 80 kilos que asombraban a los ribereños hasta hace una década, hoy son toda una excepción.
Unos mil kilómetros de mallas clavadas en el río, muchas de ellas con aberturas pequeñas con la excusa de pescar tarariras, están haciendo estragos, dicen los especialistas, y les reprochan a las autoridades nacionales y provinciales la ausencia de planes de manejo integral de la pesquería.

A este ritmo, el surubí empezará pronto su gira de despedida.

Es cierto que bajaron los volúmenes de exportaciones, ya no es la locura de hace un lustro, pero los que saben de peces aseguran que la modalidad actual no es sustentable y atenta contra la diversidad biológica, y contra los pescadores artesanales, porque el sistema está planteado a favor de la pesca comercial a gran escala, que termina sacando especies por toneladas, en forma indiscriminada.

Con la idea de “aportar valor agregado” a la pesca, los funcionarios autorizaron el fileteado de los peces, pero eso impide que los inspectores midan a los peces extraídos del río. Lo que debiera ser un avance se torna una complicación cuando las autoridades no han dado aún en la tecla para poner topes a la captura y asegurar que las mallas no disminuyan de los 16 centímetros de abertura, que cuidan por lo menos al sábalo aunque atrapan a otros peces inmaduros, cuando ni siquiera se han reproducido una sola vez. Como es el caso del surubí.

Bloqueos y aprietes

En la disputa entre empresarios que saquean el río Paraná y vecinos que alertan sobre el deterioro abrupto de la diversidad en la fauna ictícola, sigue ganando el interés de unos pocos, contra todo razonamiento sostenido en la biología y el cuidado del ecosistema.
Se hicieron costumbre, ya, los bloqueos del tránsito en la autopista Rosario-Buenos Aires, y en el enlace vial Rosario–Victoria, por pescadores y empleados de plantas frigoríficas que reclaman más cupos de exportación, piden disminuir las medidas para capturar más peces, o se quejan por las vedas de conservación en tiempos de reproducción.

Algunos son verdaderos pescadores, pero muchos obedecen a grupos poderosos que tienen barcos, frigoríficos y una red de exportación, de modo que cada medida de protección del ambiente y la vida en el río les resulta un obstáculo para sus negocios, de manera que trasladan el problema al eslabón más débil: el pescador.

Aunque está demás decirlo, los especialistas recuerdan que nadie es dueño de los peces ni del río, pero un grupo de empresarios enquistados en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires ha tomado estas riquezas naturales como propias, y cuando los números no les cierran, envían a sus empleados a cortar rutas para apretar a legisladores y gobernadores débiles.

Algunos expertos aseguran que si esa modalidad les da resultado, mejor les va con otra: colocar fuertes sumas en las campañas políticas, sean provinciales o municipales. Sostienen que esa es la única explicación para las demoras de las leyes que regulan la actividad de la pesca continental, y los aplazamientos de los encuentros y debates.
De hecho, esta semana debían reunirse expertos y autoridades de toda la cuenca en Santa Fe, para evaluar los cupos de 2010 y las medidas de las mallas, y el encuentro fue postergado para el mes siguiente.

Los especialistas consultados por ANÁLISIS aseguraron que los grupos empresarios son pocos, pero con testaferros en distintas empresas, y a ello atribuyen el pedido que están realizando en la zona de Victoria por nuevas industrias pesqueras, lo que consideraron un disparate.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)