Entre Ríos es la principal proveedora de arena silícea que se usa para la obtención de combustible no convencional mediante fracking en la cuenca neuquina de Vaca Muerta. La actividad representa ingresos millonarios, a un promedio de 40 dólares la tonelada. El año pasado se registró la extracción de 1.423.607 de toneladas de material en la provincia. Se trata de un movimiento que, no obstante, se encuentra exento del pago de impuestos por la adhesión por la Ley al Consenso Fiscal. Esta actividad comenzó a ser cuestionada en 2018 por contaminante y este año sumó un nuevo amparo ambiental en la Justicia. En este caso es la primera vez que el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos se presenta como Amicus Curiae, la figura que habilita el aporte técnico de un tercero imparcial para colaborar en la resolución judicial.

Por Silvio Méndez

La controvertida extracción de arenas silíceas en Entre Ríos ha sumado una nueva demanda judicial. A principios de febrero de 2022 fue presentado en tribunales un recurso de amparo por la actividad que desarrollan las plantas habilitadas en los Departamentos Islas del Ibicuy y Gualeguaychú. La demanda es contra el Ejecutivo de Entre Ríos representado en la figura del gobernador Gustavo Bordet y es a los efectos que se intervenga ante lo que se entiende una falta de aplicación de las normativas de protección ambiental vigentes respecto a las faenas que desarrollan las empresas dedicadas a la extracción de arenas silíceas.

El requerimiento plantea que no se ejecutan tampoco las leyes nacionales y provinciales, los tratados internacionales y las normativas de orden público en cuanto a la habilitación, vigencia y certificados de aptitud ambiental. Del mismo modo, que no se cumplen con los requisitos procedimentales de control de las actividades potencialmente contaminantes. El expediente fue iniciado por el abogado Ricardo José Luciano, y se encuentra para resolver en manos del vocal de la Sala Segunda Laboral de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, Alberto Adrián Welp. 

El cuestionamiento a las areneras del Sur entrerriano no es el primero que pone bajo la lupa esta actividad minera en la provincia. En 2018, un grupo de 16 entidades ecologistas y sociales denunciaron la instalación en Diamante de Arenas Argentinas del Paraná SA, integrante de la multinacional belga Jan De Nul Group, a cargo del dragado de la Hidrovía sobre el río Paraná.

El alerta fue dado ante el posible impacto en la naturaleza y el agua de este emprendimiento de extracción de areniscas silíceas con destino al yacimiento de combustibles no convencionales de Vaca Muerta, en lo que es el “área de amortiguación del Parque Nacional Pre Delta –hoy Sitio Ramsar– protegido especialmente en función de sus humedales, de un incalculable valor natural ya no sólo para nuestra región, sino para todo el planeta, en virtud de una premisa incontrastable: defender el agua es defender la vida”, señalaron en su momento las ONG.

En aquella advertencia, se planteaba la “contradicción del Gobierno Provincial: mientras Entre Ríos fue la primera provincia en prohibir la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos en abril de 2017, se presenta como una rica proveedora de arenas con destino a una práctica de consecuencias fatales que aquí fue celebradamente vedada”. 

Más reciente, durante 2021, se llevó adelante una acción de amparo por parte de la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos Ltda. de Ibicuy contra el Gobierno de la Provincia y Secretaría de Ambiente para tratar de tener acceso a la información pública sobre la actividad del establecimiento “El Mangrullo”, propiedad de Yacimiento Petrolíferos Fiscales SA (YPF). También sobre esta explotación la Fundación Cauce y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) solicitaron un amparo ambiental por la contaminación generada con Sanuriol 8040, un químico floculante usado para aclarar las aguas con las que se lavan y clasifican las arenas. 
 

(La nota completa en la edición gráfica número 1128 de la revista ANALISIS del 24 de marzo de 2022)