Por Nahuel Maciel

Es uno de los hombres de mayor confianza del actual gobernador Gustavo Bordet y asumió la banca en el Senado de la Nación el 10 de diciembre de 2019, mandato que expirará el 9 de diciembre de 2025. Cuando aceptó esa responsabilidad, expresó que lo hacía para defender la gestión del gobernador y de los intereses de Entre Ríos en la Cámara Alta.

Edgardo Darío Kueider integra el bloque Frente de Todos y es vocal de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; Presupuesto y Hacienda; Seguridad Interior y Narcotráfico; Industria y Comercio; De Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa; de Turismo; De Ciencia y Tecnología; De Deportes.

Además, integra la Comisión Bicameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización (Ley 26.522 y sus modificatorias 27.078 y DNU 267/15); y es vocal de Integración Bilateral y Cooperación entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil.

Este dato no es anecdótico si se tiene en cuenta –tal como lo reseña el portal institucional de la Cámara Alta- que el Senado tiene 27 Comisiones permanentes integradas por 17 miembros cada una, con excepción de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Relaciones Exteriores y Culto; de Minería, Energía y Combustibles y de Agricultura, Ganadería y Pesca, que estarán integradas por 19 miembros, y la Banca de la Mujer, que estará integrada por todas las senadoras de la Nación.

Minutos antes de dialogar con ANÁLISIS, el martes 22 cerca de las 20:20, había participado de la reunión de la estratégica Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Pero, también dialogó sobre su rol en el Senado, contó experiencias al lado del gobernador Gustavo Bordet y compartió una experiencia que nunca antes la había comunicado vinculada con la educación superior y que ahora pretende convertirla en ley.

En ese marco, reflexionó sobre la grieta y tuvo definiciones categóricas: “La grieta la superaremos cuando formulemos con gran consenso políticas de mediano y largo plazo”.

-Hace instantes finalizó la reunión por la reforma del Consejo de la Magistratura, a la que asistieron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; el secretario de Justicia, Juan Martín Mena; y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones. ¿Cuál fue su percepción?

-Es evidente que a la Justicia hay que reformarla. El Poder Judicial es parte de lo que hay que reformar en la Argentina. Se cuestiona el funcionamiento de la política, el funcionamiento del Ejecutivo y del Legislativo. Está claro que al Poder Judicial le toca una parte de esa crítica que escuchamos de muchos actores, incluso de la sociedad que reclama muchas veces honestidad y el ejercicio responsable en la función pública. No obstante, hoy no se debatió a fondo respecto a la Justicia, sino simplemente se comenzó a debatir la conformación del Consejo de la Magistratura. Es un tema que viene desde hace tiempo, que ha tenido modificaciones y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado a la actual ley como inconstitucional. La propia Corte pidió al Congreso que sancione una Ley para que se tenga una nueva conformación del Consejo de la Magistratura y es lo que estamos haciendo ahora. Estamos en pleno debate, analizando la iniciativa del Poder Ejecutivo e incluso la que formularon varios senadores. La idea es arribar a puntos en común, sabiendo que no siempre es fácil.

- ¿Y cómo ve el proyecto del Ejecutivo?

-Lo veo muy bien. Cuando discutimos temas vinculados con la Justicia no escapamos a las “famosas” divisiones que nos caracteriza a los argentinos, donde la propuesta de uno genera automáticamente el rechazo del otro. La propuesta del Ejecutivo apunta a regular la composición de los integrantes del Consejo de la Magistratura y eleva la cantidad de bancas de 13 miembros actuales a 17, incorporando un juez, dos abogados y un académico; es decir, nadie que venga directamente de la actividad política partidaria. Hay un solo representante del Ejecutivo, las Cámaras tendrán su representación acorde a mayorías y minorías, además del aporte del sector académico y de los abogados.

-En la última sesión del Senado como en Diputados, se visualizó que es posible que oficialismos y oposición voten juntos en los grandes temas que hacen a la Nación. Un ejercicio que hacía mucho no se observaba.

-Esto que sucedió con la votación por el Fondo Monetario Internacional (FMI), es importante reconocer y recordar la historia de esta deuda y es la que tomó (Mauricio) Macri en 2018. Y lo que estamos haciendo es refinanciar esa deuda. Y lo aclaro porque es parte de la discusión interna en el Frente de Todos: y que se mal sintetiza en FMI sí y FMI no. Nosotros en ningún momento hablamos que estamos yendo hacia el FMI. Todos sabemos que estamos dentro de la influencia de ese organismo y estamos buscando una forma de no depender del Fondo. La mejor manera o alternativa que encontró y negoció el Presidente de la Nación y su ministro de Economía fue la que trajo a discusión en el Congreso y que eso sí marcó un hecho histórico en la práctica política. Luego de una larga discusión, finalizó en un gran consenso con una amplia mayoría tanto en Diputados como en el Senado. No estábamos discutiendo “FMI sí o FMI no”. A nadie le gusta que vengan a inspeccionarnos cada tres meses para ver cómo vamos. Es más, habíamos salido de esa lógica. Pero, desde 2018 estamos adentro y ahora había que encontrar una solución. Y las otras alternativas eran inviables. Es decir, una alternativa era pagar. El problema es que no hay 44 mil millones de dólares para girarle al FMI. Cuando Néstor Kirchner pagó a ese organismo, lo hizo porque disponía en ese entonces de los diez mil millones de dólares que se le adeudaban. Y hay que entender que una cosa es negociar cuando se tiene la plata y otra muy distinta cuando se sabe que no se la tiene, que es el caso actual nuestro. Y la otra alternativa era el default.

(La nota completa en la edición gráfica número 1128 de la revista ANALISIS del 24 de marzo de 2022)