Arenas turbias, agujero negro

En el Juzgado Federal de Gualeguaychú se lleva adelante una serie de indagatorias a funcionarios provinciales –actuales y de la anterior gestión–, en el marco de una investigación por el funcionamiento irregular de las empresas de extracción de arenas silíceas en el sur entrerriano. Estos llamados se ampliaron a la titular del directorio de una de las mineras y el ex intendente de Ibicuy, quien era empleado con licencia de esta empresa a la que le otorgó una habilitación viciada, señala el pedido de la testimonial al que accedió ANÁLISIS. En este escenario de sospechas, se conocieron números oficiales por la percepción impositiva de este negocio millonario en donde surgieron dudas entre la diferencia de volúmenes que salen hacia Vaca Muerta y lo que el fisco recauda.

Por Silvio Méndez

El pasado 4 de noviembre se inició la rueda de declaraciones testimoniales en una causa por incumplimiento de sentencia surgida por una acción de amparo ambiental contra de extracción de arenas silíceas en el sur de Entre Ríos. En un principio, la demanda protectoria fue promovida por el funcionamiento, sin los permisos correspondientes, de las firmas que obtienen el material que se envía para el uso del fracking en la cuenca petrolífera de Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén. Paralelamente, también se presentó otra denuncia por daño ambiental producto de la misma actividad promovida por el productor agropecuario Carlos Humberto Codoppi Frigerio, con la representación legal, en ambos litigios, de Ricardo José Luciano. Por la unificación de estas causas, el 6 de mayo del 2022, el magistrado a cargo del Juzgado Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, dio curso favorable a la clausura de todas las empresas que funcionaban sin certificado de aptitud ambiental vigente, recordó en diálogo con ANÁLISIS el abogado litigante. La admisión de la falta de control y ausencia de un compromiso con la protección del ambiente por parte del Estado fue “sorprendente”, apuntó Luciano sobre este dictamen que derivó en el cierre de nueve areneras y cuatro plantas de lavado y clasificación.

Con esta resolución judicial vigente, el ex intendente de Ibicuy, Gustavo Rodolfo Roldán, a los pocos días, el 10 de mayo 2022, emitió la Certificación de Aptitud Ambiental para el funcionamiento de la planta “La República” de la empresa Cristamine SA con sede en el ejido, en Estación Holt Ibicuy. “Roldán se pasó por arriba dos sentencias judiciales” y el requerimiento de una audiencia pública y el certificado que otorga la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, según establece el artículo 4º del decreto Nº 3.498/16. De aquí “nace esta causa por incumplimiento de sentencia”, sintetizó el letrado sobre lo que por estos días se indaga en los tribunales federal de Gualeguaychú.

Pero además de ciertos vínculos sugestivos que comenzaron a ventilarse en este proceso, por otro lado, surgieron datos impositivos que dan cuenta de la dimensión económica de este tipo explotación. En un momento que causa ambiental escala, la información oficial por recaudación minera que se conoció hace días, puso en la mira a nuevas sospechas por una actividad plagada de opacidades.

Número que no cierran

El jueves 11 de diciembre, a través de los canales oficiales, la Provincia dio a conocer números sobre el control y fiscalización de la actividad minera. En este orden, detalló que, “sólo entre enero y noviembre de 2025, el Estado provincial recaudó 3.106 millones de pesos en concepto de Guía Minera; cuando en 2023, fueron sólo 184 millones; y en 2022 directamente no hay datos oficiales disponibles”, se reveló. A estos datos se aportó que la extensión de guías de transporte “también creció exponencialmente”. En 2022 fueron 22.330; en 2024, 54.210; y en 2025, 84.768. Asimismo, que se actualizó “el valor de la guía minera de arena para fracking que valía sólo 250 pesos por tonelada y esta gestión la llevó al valor actual de 2.550 pesos por tonelada”, destacó. Esta mejora se atribuyó al “mejor control, tarea que se lleva a cabo desde el Ministerio de Desarrollo Económico, junto a la Policía Entrerriana, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), la Dirección Provincial de Vialidad y municipalidades”, así como la consolidación del Sistema Digital de Emisión de Guías “como una herramienta que simplifica los trámites administrativos para los productores y comerciantes de minerales”.

Pero el cruce de los números no cierra. En principio es un “demostrativo de que son un fracaso como organismo de control y fiscalización”, fustigó Luciano. A la luz de las cifras aportadas por la Provincia en el informe sobre una recaudación en 2025, de 3.106 millones de pesos por las guías de arena de sílice, a $2.550 por tonelada, representa un total de 1.218.039 toneladas. Este volumen es el que, en teoría, salieron de Entre Ríos rumbo a Vaca Muerta tributando lo correspondiente. Lo llamativo de esta cifra, apunta el letrado, es que lejos están los números que la actividad extractivista exhibe.

Según el sitio especializado Data Portuaria, “en cada pozo de Vaca Muerta, la arena es fundamental para mantener abiertas las fracturas y permitir el flujo de petróleo y gas. Cada etapa de fractura requiere unas 250 toneladas de arena y un pozo típico consume alrededor de 11.000 toneladas. En 2024, se utilizaron cerca de 4 millones de toneladas, con proyecciones de superar los 5 millones en 2025”, incluso hasta los 6 millones, se publicó en junio de este año. En esta nota titulada “Vaca Muerta prioriza insumos de Entre Ríos y el exterior por su calidad”, plantea justamente que “la demanda de arena silícea para el fracking se reconfigura, con la producción patagónica perdiendo terreno frente a competidores de Entre Ríos (80% del abastecimiento) y el exterior. Este cambio impacta la cadena logística, las economías regionales y genera desafíos ambientales y sociales en un modelo extractivo en auge”. La razón para la opción entrerriana es la calidad del material. Mientras la arena de Río Negro y Chubut es “cuestionada por las operadoras debido a que suele contener más impurezas y arcilla”, lo que encarece el proceso y lo vuelve menos eficiente, la arena “extraída en Ibicuy y Diamante, es reconocida por su pureza y forma esférica, atributos que mejoran la eficiencia del fracking. Hoy, Entre Ríos abastece más del 80% de la demanda nacional y se perfila como la fuente principal para los próximos años”, señaló en la misma línea que el argumento del CEO y presidente de YPF, Horacio Marín.

Entonces, si el 80% de la arena que se usa en Vaca Muerta es de Entre Ríos, de ese total de 5 millones de toneladas utilizados para 2025, en porcentual del suelo provincial representa de 4.000.000 millones de toneladas. Contrastado con los números oficiales, esto configura “un agujero” de, al menos, “2.600.000 toneladas” por las cuales no se tributó, plantea Luciano. 

(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1167, del día 18 de diciembre de 2025)