Estamos transitando una semana movida en la provincia de Entre Ríos, como cada vez que empieza marzo y se retoma plenamente la actividad. El inicio del ciclo lectivo -una vez más- se vio complicado por el conflicto salarial y las medidas de fuerza. El lunes hubo paro nacional y el martes en la provincia, así que recién este miércoles 4 de marzo volvieron a las aulas los estudiantes de las escuelas de todo el territorio. Las negociaciones entre el gobierno y los gremios de alguna manera se estancaron.
El gobierno hizo una propuesta, los gremios la rechazaron; hubo una segunda oferta, tampoco conformó y entonces desde la Casa Gris se optó de todos modos por pagar la suba vía complementaria. Así que los sueldos que se están abonando desde ayer llegan con ese aumento, y se esperan que los descuentos a quienes adhirieron a los paros se realicen con el cronograma del mes siguiente.
Para el gremio, el acatamiento fue alto. Para el gobierno, fue bajo. Mucha disparidad en los números informados de uno y otro lado. En cualquier caso, es información que resulta muy difícil de constatar. Respecto de esto, hubo cierta preocupación en el Consejo General de Educación (CGE) por los controles instaurados por el presidente Carlos Cuenca para con aquellos que acataban la medida de fuerza. Incluso, algunos funcionarios de tercera línea habrían dado un paso al costado en las últimas horas, en desacuerdo con la modalidad.
Los cuatro sindicatos (Agmer, Amet, Sadop y UDA) brindaron ayer una conferencia de prensa conjunta. Allí explicaron por qué no aceptan las ofertas. Básicamente, el problema está en que son sumas no remunerativas. Son montos en negro que, además, no cubren las necesidades del sector.
El ministro de Economía, Fabián Boleas, reiteró que lo ofrecido es el máximo esfuerzo posible actualmente. El diálogo quedó abierto, las partes volverán a reunirse en junio. El gobierno hará nuevos números a ver si puede mejorar la oferta. Pero, es posible que estemos en un escenario similar, viendo si empiezan las clases o no, después de las vacaciones de invierno.
En este contexto tenso con los gremios esta mañana el gobernador Rogelio Frigerio y el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, presentaron formalmente ante los sindicatos estatales de todos los estamentos y Poderes los lineamientos principales de la reforma previsional que está en carpeta desde hace ya varios meses. Incluso, antes de las elecciones del año pasado ya se hablaba en campaña de un borrador nunca mostrado, con medidas muy duras que el peronismo puso en escena a través de algunos de sus referentes.
En la Casa Gris están mirando lo que sucede en Córdoba y en Santa Fe. En ambas provincias Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro impulsaron reformas jubilatorias profundas y lograron sacar las respectivas leyes. Pero, el panorama se fue complicando a la hora de la aplicación de la nueva normativa con reclamos sindicales muy duros, amparos judiciales y presentaciones de todo tipo con varios reveses para los gobiernos.
Acá en Entre Ríos no se quiere pagar un costo similar ni sufrir ningún tipo de desgaste, como seguramente podía tener el exgobernador Gustavo Bordet, que en dos instancias de aperturas de Sesiones Ordinarias pidió debatir la realidad de la Caja Previsional y todos miraron para otro lado y patearon la pelota para adelante. Por eso, desde el oficialismo se presentó ahora el proyecto como un texto abierto y se convocó a los distintos sectores involucrados a hacer sus aportes. Se apuesta al diálogo, a lograr consenso y también a comunicar con la mayor claridad posible.
Hoy el encuentro fue con los gremios, habrá otro con diputados y senadores del oficialismo y la oposición, con la Justicia y así se irá haciendo sector por sector. La decisión del gobierno, de avanzar sí o sí, quizás hasta pueda tener algunas secuelas en el propio oficialismo. No hay que descartar que algún funcionario hasta pueda dar un paso al costado en su momento. Sencillamente porque hay límites y cuando las cosas no se hacen bien -entre lo que se plantea o se pregona y lo que se concreta o anuncia, como los pagos en negro, que afectan a la Caja previsional-, no hay demasiado margen para reconsiderar situaciones. Pero, todo está en debate y hasta que las cosas no sucedan, son solo especulaciones las que aparecen.
Y apuntamos algunas particularidades: hoy cuando Frigerio presentó el proyecto ante los gremios estatales, a su derecha, quien se sentó fue el secretario general de la Unión del Personal Civil de la nación (UPCN), delegación Entre Ríos, José Ángel Allende. El dirigente estuvo cobrando una jubilación desde diciembre de 2020, después de haber iniciado el trámite en 2017. El mes pasado, Allende ingresó un planteo a la Caja previsional entrerriana para que le suspendan el pago de su jubilación (que es de 7 millones de pesos mensuales, según el recibo de enero último), volver a ser activo y así presentarse, nuevamente, como candidato a renovar el mandato como máximo líder de UPCN y, como siempre ha sucedido desde 1989 hasta ahora (¡37 años!), ser el principal aliado de todo gobernador de turno, tal como viene sucediendo con esta actualidad de Frigerio. Ya se lo autorizaron y dejó de ser jubilado. Está claro que el millonario dirigente no está dispuesto a quedar fuera del plato.
Mientras tanto, en la Legislatura sesionó el Senado. La primera sesión del período recientemente inaugurado. Se formaron las comisiones sin mayores novedades y fueron designados los presidentes de bloques: en el oficialismo quedó Rubén Dal Molín y en el peronismo finalmente se decidió que Marcelo Berthet, de San Salvador, sea el reemplazante de Martín Oliva.
La Cámara de Diputados sin mucho movimiento, más allá de algunas reuniones de comisión. El Cuerpo sesionó por última vez el 11 de febrero. Habrá que ver por cuál de las dos Cámaras ingresará y cuándo el proyecto de reforma previsional.
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En Tribunales la actividad también es intensa en estos primeros días de marzo. La noticia más saliente fue el regreso de Cecilia Goyeneche a su cargo de procuradora adjunta, luego de su destitución que fue declarada nula.
Goyeneche volvió con definiciones fuertes, vinculando su remoción a una “reacción del sistema” por haber avanzado contra la corrupción política, específicamente tras la condena a Sergio Urribarri. Su reasunción (que fue celebrada por cientos de fiscales de todo el país e incluso varios de ellos llegaron a Paraná para expresarlo) es leída por muchos como un “aire fresco” para la independencia judicial, pero también abre una etapa de tensiones que habrá que ver cómo se administran. Cada movimiento de la procuradora adjunta será monitoreado al dedillo por los vocales del Superior Tribunal de Justicia (en especial en la Sala Penal) y nadie duda que los cortocircuitos existirán.
Hablando de Urribarri, en breve el ex gobernador volverá a ser noticia porque comienzan las audiencias de remisión a juicio de la causa por enriquecimiento ilícito en su contra. Si nada se interpone, las audiencias comenzarán el próximo martes 10 de marzo y se extenderán hasta fines de abril.
Mientras tanto, sigue adelante la causa por coimas que involucra al exgobernador, al empresario Diego Cardona y a otros exfuncionarios (cada vez quedan menos porque varios vienen optando por confesarse culpables en juicio abreviados). Y Urribarri está en Concordia a la espera de lo que diga la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la condena a 8 años de prisión que ya le fue dictada.
También en Tribunales una noticia saliente es el desarrollo del juicio oral contra Juan Enrique Ruiz Orrico, el ex funcionario de la gestión de Rogelio Frigerio acusado por el siniestro vial que costó la vida de cuatro jóvenes.
Recordemos que Ruiz Orrico había tomado alcohol y que conducía un auto oficial en horas de la madrugada por la ruta al término de una reunión política, en el domicilio de otro dirigente del PRO. La fiscalía le pidió 5 años de prisión, la querella 6 años y el veredicto se va a conocer el lunes próximo en los Tribunales de Concepción del Uruguay. Nadie duda que Ruiz Orrico terminará en la cárcel, pagando por la gravedad de su delito y obviamente que nada podrá saldar a las familias tanto dolor acumulado por cuatro muertes de una tragedia que se podía haber evitado.
Y lo último: el 26 de noviembre del año pasado se abrió un expediente, con la firma de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Arramberri. Es el inicio formal de la investigación de la causa Contratos II que tanto se venía reclamando desde diferentes sectores políticos y judiciales. Es una resolución donde comienza a investigarse la responsabilidad de aquellos que estaban en lugares de conducción en el Senado y en Diputados y dieron vía libre a la concreción de cientos de contratos legislativos, por lo cual se desviaron más de 53 millones de dólares entre 2008 y 2018. Es una apertura amplia, pero no se nombra a nadie. No obstante, podemos recordar que comprendería, cronológicamente, a los vicegobernadores Pedro Guillermo Guastavino (bajo cuya jurisdicción se inició el sistema de los contratos truchos), José Eduardo Laurito, José Cáceres y Adán Humberto Bahl. Y también a los expresidentes de Diputados, José Ángel Allende y Sergio Urribarri. En principio, la investigación solamente comprenderá a estos referentes y no seguiría con otros. Aunque si se determina que algún vicegobernador no firmaba los contratos y lo hacía el vicepresidente primero del Senado, por ejemplo, también se avanzaría contra ese senador provincial que cumplía esa función. En ese sentido, uno de los más complicados sería el exlegislador Aldo Ballestena (Departamento La paz), que por lo general firmaba los contratos de la gestión de Adán Bahl. Pero, la historia recién empieza y habrá demasiado para hablar.
(*) Editorial compartida en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) del miércoles 4 de marzo de 2026.
