Los trabajadores reclamaron y la Justicia le dio la razón.
El asesor legal de la empresa multinacional Egger (ex Masisa) de Concordia, Edgardo Paredes, se refirió al conflicto con 10 trabajadores despedidos y al fallo judicial que ordenó la reincorporación.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Paredes confirmó que “hay un fallo en el que se ordena la reinstalación de los 10 despedidos y una multa por daños en su favor”, el cual “será recurrido y le vamos a elevar el expediente a la Sala Laboral de Concordia”.
Consultado por las medidas de fuerza, mencionó que “actualmente está todo en calma” y consideró que los trabajadores “seguramente están esperando ver el curso de los acontecimientos”. “La gente despedida le ocasionó perjuicio a la empresa con pretendidas tomas y pretendidas restricciones de ingresos a la fábrica pero ahora no hay más nada”, afirmó.
Apuntó tambien que la empresa tiene “alrededor de 500 empleados en forma directa pero de forma indirecta son muchos más porque hay muchas empresas tercerizadas”.
En cuanto a la situación de la fábrica, recordó que “cuando se instaló en 1994-1995 en el Parque Industrial de Concordia, Masisa era de capitales chilenos que mantuvieron la planta durante mucho tiempo, e incluso se expandieron por toda Latinoamérica, hasta que llegaron a un estado de crisis económica que los obligó a tomar una solución definitiva para sus establecimientos, y allí apareció Egger que es un grupo austríaco que es el segundo en el mundo por su potencialidad, interesados en algunas plantas, revisó una por una las de Latinoamérica y se quedó únicamente con la de Concordia”.
El abogado aclaró además que “el chileno tenía una forma de manejar la empresa y el austríaco tiene otra porque es más rígido, tiene cánones distintos, es un tipo prusiano; en cambio el chileno es más latinoamericanista y probablemente la gente de la empresa se acostumbró a aquel estilo chileno y ahora estamos tratando de acostumbrarnos al nuevo estilo que tienen los europeos”.
En cuanto a la decisión judicial, admitió: “Estamos todos preocupados porque el fallo que estamos recurriendo es muy peligroso no solamente para la empresa Egger sino para los empresarios en general, en el sentido de que deja a la arbitrariedad del juez la posibilidad de detener el despido como un acto discriminatorio o no”.
Explicó al respecto que “la ley antidiscriminatoria se aplica con mucha prudencia en la parte laboral porque ya hay aspectos antidiscriminatorios dentro de la propia ley de contrato de trabajo”. “Es un arma muy complicada la del arbitrio del juez que puede decir cualquier cosa basándose en una norma genérica”, acotó.
Sobre la posibilidad de traslado de la empresa a Brasil, Paredes comentó que “la posibilidad de la empresa era invertir mucho dinero porque quería convertir a Concordia en el polo de Latinoamérica para sus actividades; la idea era modernizar la planta y traer más inversiones, pero ese proyecto fue frustrado por razones económicas, impositivas, y porque se encontraron con crisis que no se ven en otro lado”. “A tal punto que los funcionarios de Argentina fueron a consultar a la central ante la crisis del último gobierno, y les dijeron que hagan lo que tengan que hacer. Somos muy sui generis los argentinos y se encontraron con que las cosas son distintas. Eso los desilusionó, comenzaron a mermar las inversiones y además la cuestión macroeconómica hace que la empresa esté, actualmente, dependiendo mucho del financiamiento de la matriz, lo cual no debería ser”, describió.
“Ellos tenían mucho temor respecto a la seguridad jurídica pero veníamos manejándolo bien, estaban conformes hasta que apareció el tema de los trabajadores. Esto los ha enojado porque si a partir de ahora la empresa no puede suspender o despedir a un empleado, tiene que entregar la llave e irse”, sentenció.
Consultado por la reacción de la clase política ante la problemática, Paredes sostuvo que “se notó la preocupación del intendente (Enrique) Cresto, no así del gobierno provincial hasta el momento”.
“La empresa pidió audiencia con el Ejecutivo para que se los escucha y contar cómo es la situación, pero encontramos que no dimensionan el contexto, hablando tanto de los políticos como del Poder Judicial. Parece que se limitan al expediente, pero no dimensionan que esto puede tener un impacto en las demás empresas”, advirtió.
En ese marco, reveló que ayer mantuvo reuniones con “representantes del comercio y la industria” de Concordia quienes “también están preocupados por qué hacer con los empleados”. “A eso apunta el contexto social que no lo han dimensionado; salvo el intendente me parece que el resto no lo dimensiona”, afirmó.
Como conclusión, deseó que “que cambien de actitud, porque estamos dispuestos al diálogo, siempre lo estuvimos incluso con los despedidos. Sabemos que la situación es difícil, se trató la posibilidad de arreglar y buscar una forma de paliar su situación, excepto el reintegro”.