El presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina, Ricardo Lilloy, hizo un llamado de atención sobre el serio riesgo de colapso que corre el sistema de salud en Argentina, debido a la aprobación de leyes en el Congreso sin tener en cuenta los recursos existentes para su financiamiento.

“Ley de fertilización asistida, Ley de identidad de género, Prevención y control de los trastornos alimentarios, Plan Integral para el abordaje de los Consumos Problemáticos. Estas son sólo algunas de las 30 leyes que aumentan la cobertura o agregan beneficios a las prestaciones existentes de salud. Son leyes aprobadas por las Cámaras de Diputados y Senadores sin contar con una previsión de financiamiento”, advirtió Lilloy, quien además es farmacéutico y bioquímico.

Ante ello, alertó sobre “el peligro de colapso del sistema a causa de la demagogia de la salud”.

“Hay dos derechos en conflicto, porque al ampliar derechos por un lado, se los recorta por el otro, lo que afecta gravemente la sustentabilidad de todo el sistema de salud”, explicó.

Además, Lilloy enumeró una serie de coberturas que “podrían incluirse en el futuro, como el derecho a la recreación, cirugías estéticas, alimentos veganos, repelentes, suplementos dietarios, bloqueadores solares, implantes dentales o actividad deportiva que, aunque son prestaciones o servicios que podrían ser beneficiosos para la calidad de vida de las personas, exceden lo sanitario”.

En general, muchos casos concluyen en el fuero judicial, con demoras y grandes costos legales adicionales. Casi siempre el fallo apunta a las obras sociales, mutuales y prepagas.

“Finalmente, quienes pagan la cuenta son los afiliados a esas entidades a través del deterioro de su obra social o del aumento de la cuota. Derivar los escasos fondos con los que hoy cuenta el sistema de salud a esas prestaciones causaría un grave perjuicio al resto de los usuarios del sistema que verían recortado y deteriorado el servicio, con menos prestadores, menos empleados, listas de espera, etc”, describió el especialista.

“Todos celebramos que un nuevo derecho sea reconocido, que más personas accedan a tratamientos, pero lo que no pensamos es en el lado B de esa decisión. El IVA a la salud y otras distorsiones que están rompiendo el sistema. Alguien va a tener que pagar los medicamentos, las consultas, los estudios y la tecnología, solo que no está establecido quién”, escribió Lilloy en su columna de opinión titulada “La Demagogia en la salud” y publicada en diario Perfil.

“Los legisladores reciben los aplausos, y el sistema de salud que se arregle como pueda para hacer cumplir la ley. Así estamos en una espiral de deterioro que está resquebrajando todo el sistema. El legítimo derecho a la salud no se debería convertir en un mecanismo demagógico que termine perjudicando a otros pacientes o usuarios del sistema en su acceso a una salud de calidad”, afirmó.

“Hoy la cobertura de tratamientos de alto costo implica un virtual riesgo de quiebra para algunas prepagas chicas y mutuales. Algunos medicamentos pueden tener un costo equivalente a la recaudación de un mes. Así, es inviable el sistema”, explicó Lilloy, quien ante ello propuso que “se considere a las empresas de prepaga y mutuales como parte del sistema sanitario, y no castigar a quienes toman estas coberturas duplicándoles o triplicándoles la carga de impuestos”.

Para salir del actual riesgo de colapso Lilloy opinó que “se deben establecer reglas claras de cobertura, donde las leyes de salud tengan su financiamiento ya determinado, generando una institución del Estado (con financiamiento mixto), que centralice las prestaciones de alto costo como así también aquellas destinadas a pacientes con discapacidad que exceden lo sanitario. “Esto permitiría reordenar la atención, prevenir gastos y hacer más eficientes los recursos, con la incorporación de herramientas de gestión como las licitaciones”.

Para esto, la Unión Argentina de Entidades de Salud tiene como objetivo cuidar el funcionamiento del sistema de salud y recomponerlo para que sea, nuevamente, uno de los mejores del continente, en base a su costo-efectividad, su cobertura y su accesibilidad. “Para lograrlo se necesita que cada uno de sus componentes –los subsectores público-privado y de la seguridad social- recuperen el equilibrio y el Estado asuma sus responsabilidades antes de que colapse totalmente el sistema de obras sociales, mutuales y medicina prepaga del país”, concluyó Lilloy.