Decomisos judiciales: una forma de reparar el daño

Colonia Guardamonte

Los delitos de narcotráfico y de enriquecimiento ilícito, además de encontrarse penados con cárcel, también se ven sometidos a una pena accesoria: el decomiso. La finalidad del mismo es la confiscación de lo obtenido con la comisión del delito y opera como una reparación económica al perjuicio causado, ya sea al Estado o a la sociedad en su conjunto.

Entre Ríos tiene varios ex funcionarios y dirigentes políticos que pasaron por los tribunales para terminar con una condena por enriquecimiento ilícito, y en algunos de esos casos se dispuso el decomiso de ciertos bienes. Además, la Ley N° 10.566 de Narcomenudeo dispone que los bienes incautados por la Justicia en el marco de este delito son distribuidos a organismos que trabajan en la lucha contra las adicciones: un porcentaje al Ministerio de Salud; otro a la Policía de Entre Ríos, al Ministerio de Desarrollo Social y al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

Un informe del programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), reveló los bienes que ingresaron al Estado entrerriano por este mecanismo judicial y a qué se destinaron.

Al respecto, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes explicó que “lo usual es que sean causas de enriquecimiento ilícito en las cuales el Ministerio Público Fiscal lleva la acción penal y si se determina el enriquecimiento y hay una condena que se vuelve firme, se ordena el decomiso del bien producto del enriquecimiento ilícito”.

Detalló que “en el caso de Yedro se decomisó un campo de 2.480 hectáreas en el centro de la provincia de Entre Ríos, en el caso Pacayut se decomisó un inmueble en Holt Ibicuy y el caso Righelato que fue un juicio abreviado en el que él ofreció bienes. Hay más casos de enriquecimiento ilícito pero decomiso propiamente dicho solo en estas tres causas específicas”.

De todos modos, mencionó que “hay otras tres causas que están en proceso, con tres o cuatro funcionarios que están imputados pero hasta que no hay una sentencia no hay nada que decir”.

Por otra parte, el fiscal aclaró que “en los delitos federales, la provincia no tiene ninguna clases de intervención y es distinto el régimen, aunque también funciona el Código Penal y el decomiso es el mismo pero ahí no revierten en favor del Estado provincial los bienes, salvo que sea un delito contra la administración provincial sometido al fuero federal pero no es el caso de los delitos de narcotráfico”. “No tenemos bienes dentro del patrimonio de la provincia como producto de ese tipo de procesos ni tampoco de dinero”, concluyó.

Narcomenudeo

Desde la aplicación de la Ley en 2018, se destinaron un total de 968.659 pesos y 26 vehículos (entre automóviles, camionetas y motocicletas).

Según informó el jefe de la Dirección de Toxicología, Lucio Villalba, “desde la aplicación de la normativa provincial se incautaron $9.600.000, 130 automóviles y 148 motovehículos, entre otros bienes”.

De este modo, se entregaron múltiples bienes decomisados en distintas causas con sentencia judicial. A la Dirección de Toxicología fueron un vehículo Voyage Dominio JFM 785 Año 2011, un Vehículo Chevrolet Prisma Dominio Ac507cc, cuatro motovehículos: una Motomel Brava Color Roja, una Honda Titán CG 150cc. que se destinó a la Dirección de Investigaciones, una moto Rouser Color Roja, 15 celulares y una balanza digital.

En tanto, al Ministerio de Salud se entregó una camioneta Ford Eco Sport, que se destinó al Centro Huella, un espacio donde hace más de 20 años se realizan abordajes territoriales respecto a la problemática de adicciones en Entre Ríos.

El Copnaf recibió tres bicicletas Venzo Y Trek, una notebook Lenovo Modelo Ideapad y una computadora All In One Lenovo.

La Ley N° 10.566 impone la creación de un Registro de Bienes incautados el que está a disposición de la ciudadanía en el sitio web del Ministerio de Gobierno, en el siguiente link.

Enriquecimiento ilícito

El caso Pacayut

El ex senador provincial Abelardo Félix Pacayut no llegó a ver la caída del martillo de la Justicia. Falleció con una condena de cuatro años de prisión sobre sus espaldas y fue el primer dirigente político, desde 1983, que estuvo en la cárcel por corrupción.

Al ex senador de Islas se lo condenó como autor del delito de peculado, es decir, apropiación de dineros públicos. La Justicia lo encontró culpable de desviar fondos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para la construcción del Puerto Ibicuy. El peronista estuvo al frente de una comisión que se constituyó para la obra y la Justicia logró probar el desvío de alrededor de 14 millones de dólares.

El caso llegó hasta La Corte Suprema de Justicia que confirmó la sentencia post-mortem del ex senador.

Pacayut había pasado tres meses en la cárcel de Paraná, cumpliendo también una condena anterior por haber falsificado documentación para obtener una casa del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). Estando en prisión su estado de salud se agravó y entonces se le concedió el arresto domiciliario.

La investigación se había iniciado a través de la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Cobró forma de denuncia formal en la Justicia el 31 de marzo de 2001, aunque los hechos ocurrieron en 1997, durante la segunda gestión de Jorge Busti.

En julio de 2018 la Fiscalía de Estado de Entre Ríos tomó posesión de inmuebles en el paraje Mazaruca, en el departamento Islas, que habían sido decomisados en esa causa judicial.

La propiedad tiene una importancia estratégica para la provincia. Los inmuebles se encuentran ubicados dentro del paraje Mazaruca, que a su vez está inserto en un inmueble de 5.000 hectáreas que pertenecieron a Yacimientos Carboníferos Fiscales y que en la década de los ’90 fueron adquiridos por el empresario Victorio Gualtieri.

Los antiguos chalets de Mazaruca tienen una importancia estratégica porque la propiedad está ubicada justamente frente a las islas Las Lechiguanas, de 250.000 hectáreas, sobre las cuales existieron diversas disputas. En primer lugar, con la provincia de Buenos Aires, que las consideraba parte de su territorio, hasta que en 1968 un dictamen del Instituto Geográfico Militar resolvió que pertenecían a Entre Ríos. En segundo lugar, durante distintos períodos hubo transferencias de decenas de miles de hectáreas a particulares.

Por otra parte, los inmuebles recuperados se encuentran dentro de un predio de 5.000 hectáreas que constituyen Mazaruca. Esa superficie perteneció al Estado nacional, que a través de Yacimientos Carboníferos Fiscales producía diversas clases de madera para apuntalar las minas en Río Turbio. Luego fueron adquiridas por el empresario Victorio Gualtieri, y hoy se destinan exclusivamente a ganadería, con muy poco beneficio para la economía provincial.

Finalmente, la propiedad readquirida por la provincia de Entre Ríos está en medio de areneras que permanentemente extraen ese mineral con destino a la provincia de Buenos Aires, a razón de no menos de 1.000 toneladas diarias.

Yedro y Guardamonte

Mario Yedro fue uno de los primeros dirigentes políticos alcanzado por una condena por enriquecimiento ilícito. Fue concejal del justicialismo de Concordia, interventor de Obras Sanitarias y senador provincial en dos períodos (1987-1991 y 1996-1999).

Se le impuso entonces una pena de tres años de prisión en forma condicional, el pago de una multa, fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos y se ordenó el decomiso de un campo de 2.164 hectáreas ubicado en Raíces Norte, departamento Tala, valuado en una suma cercana a los 7,5 millones de dólares.

Pero su raid judicial no quedó allí, luego fue condenado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión por la usurpación de un campo que la Justicia había ordenado decomisar a fines de 2005.

El juez correccional, Miguel Ernesto Ramos, consideró que el ex senador del Partido Justicialista “deshonró” su paso por la función pública y le aplicó una pena única y total de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, ya que también unificó la pena anterior. El fallo especificó que la condena debía cumplirse en la cárcel de Gualeguay.

Yedro se mantuvo siempre renuente a cumplir la sentencia judicial referente al decomiso del campo, ni siquiera después que la sentencia fuera confirmada por la Corte.

 El caso de Raúl Taleb

La Justicia provincial abordó una contra un ex legislador entrerriano. Se trata del proceso que se le siguió a

En 2016 el ex legislador y ex embajador argentino en Cuba, Raúl Abraham Taleb, fue protagonista de una causa emblemática por enriquecimiento ilícito, a raíz de una denuncia promovida por su adversario político en Diamante: Rodolfo Miguel Parente.

Después de un breve juicio oral y público, a Taleb se lo condenó a tres años de prisión condicional, sumado a la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, una multa de 442.507 pesos, el decomiso de un departamento ubicado en calle Buenos Aires de Paraná y el cumplimiento de tareas comunitarias.

Taleb argumentó la compra del departamento en calle Buenos Aires en haber ganado 40.000 pesos/dólares en la quiniela en el año de dicha adquisición, pero esto no fue comprobado con ningún material probatorio.

Poco después de la sentencia, la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar parcialmente a un recurso de impugnación extraordinaria presentado por la defensa del acusado, donde se modificó un punto del fallo de primera instancia.

En la resolución se dejó sin efecto la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos y la multa de 442.507 pesos, pero se la confirmó en todo lo demás. La inhabilitación absoluta quedó por cinco años.

La condena aún no está firme. 

Las casas de Righelato

El ex director de Obras Sanitarias de Entre Ríos, Hugo Righelato, fue condenado a tres años de prisión efectiva por los delitos de peculado de bienes y servicios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y administración fraudulenta.

En un juicio abreviado, Righelato confesó que utilizó vehículos, maquinarias, personal y recursos del Estado en beneficio propio y de empresas de personas allegadas y que también benefició a esas firmas para la ejecución de obras públicas.

Además de los años de cárcel, el ex funcionario tuvo que devolver 10.000 dólares y se dispuso el decomiso de dos inmuebles registrados a nombre de la empresa Azul SRL, de la que Righelato era socio, que pasaron a manos del Estado.

Se trata de una vivienda ubicada en calle Bravard 266 de Paraná, valuada en 836.388,32 dólares donde hoy funciona el Hospital de Día de Salud Mental, y otros dos departamentos sitos en Laprida 1101 de la capital provincial, cuyo valor es de 516.658,34 dólares, donde hoy funciona el Registro Provincial de Armas (REPAR) de la Policía de Entre Ríos.  

Según informó la ministra de Gobierno, Rosario Romero, a Cuestión de Fondo a esa vivienda “se la reparó a nuevo” y destacó la importancia de la presencia policial en esa zona de la ciudad de Paraná. Si bien en un primer momento, uno de los departamentos se había destinado al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) finalmente se acordó que la Policía se instale allí a cambio de la entrega de otro inmueble.

Dos ejemplos concretos

El Proyecto Guardamonte

El delegado en Entre Ríos de Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel, explicitó ante Cuestión de Fondo el proyecto que se creó en el campo decomisado al ex senador Mario Yedro. “Hubo varios intentos de hacer con ese campo de 2.164 hectáreas distintas alternativas. Concretamente la Federación Agraria empezó a intervenir en 2016, cuando tras una gran inundación un grupo de productores de Paranacito nos pidió si podíamos gestionar el campo para llevar sus animales allí y salvarlos. En ese momento se logró la tenencia precaria de ese campo y un grupo de pequeños productores trasladaron los animales”, comentó.

Y agregó: “A partir de conocer el campo comenzamos a trabajar un proyecto de colonización tradicional que se presentó en 2017 al gobernador Bordet como idea de la Federación Agraria. El entonces ministro de Producción, Carlos Scheppens, quería hacer una licitación pública para que se presenten ideas y proyectos. En el 2018, ya asumida la ministra de Gobierno, Rosario Romero, hizo una visita al campo, nos recibió y se entusiasmó con el proyecto, por lo cual habló con los legisladores del oficialismo y se presentó un proyecto de ley que se aprobó en 2018”.

“De ese modo el campo pasó a ser una colonia productiva distribuyendo la tierra en unidades económicas con dos actividades principales: una la actividad ganadera (bovina, ovina y apicultura) y actividades intensivas con posibilidad de hacer aromáticas, fruticultura, horticultura. Allí quedó la posibilidad de encarar 20 proyectos, 14 con actividad ganadera y hasta 10 de actividad intensiva. Se hizo un pliego de condiciones para los postulantes que debían presentar sus condiciones personales y demás, y se impusieron restricciones para que no ingresaran productores ya consolidados, todo productor se podía presentar siempre y cuando no tuviera una unidad económica en propiedad”, relató el dirigente rural.

Detalló que “se presentaron más de 100 proyectos, se hizo una preselección desde el punto de vista técnico que dejó 35 proyectos pre-calificados y se hizo una entrevista personal a esas 35 familias, y a partir de ahí se hizo un orden de mérito en el cual quedaron siete productores hortícolas y 13 ganaderos, más un lote que quedó para la escuela agro técnica de Maciá. En febrero de 2020 se hizo un sorteo público en la comuna de Guardamonte y ahí recién se le entregó a cada uno su lote y su casa, y hasta ahora los productores fueron tomando posesión, trasladaron sus animales y comenzaron el proceso productivo”.

Asimismo, destacó que “de este modo, la colonia agrícola está a pleno, lo único que falta es terminar el proceso de catastro que tiene que subdividir los lotes en términos de amojonamiento y determinación de cada parcela. Eso se terminará quizás en las próximas semanas y  partir de ahí cada productor firmará un comodato a partir del cual tiene dos años de plazo para cumplir las condiciones que establece la ley y si califica seguirá en carrera y tiene 25 años para pagar el campo”.

“Es una iniciativa de mucho valor estratégico en el sentido de que se puede demostrar que hay mucha gente que tiene interés de volver al campo o gente que estando en el campo no tiene posibilidades de tener una unidad productiva y esto hizo que esas familias puedan consolidar su proyecto. Es un proyecto de vida, que comenzó a partir del sorteo y tendrán casi 30 años para pagar el campo”, resaltó.

Y valoró que “la colonia tiene esas familias de la parte productiva, 20 familias de policías y ya hoy tenemos 19 niños que van a la escuela primaria, ya nació el primer bebe en la colonia, con lo cual es una familia, están consolidados como grupo solidario, como era en las viejas colonias del país, con intercambio entre ellos, se conformó una cooperativa que está en formación todavía y de hecho días atrás visitó la colonia el presidente del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) que vio todo con sorpresa porque estas cosas no se ven en la Argentina”.

“Para Guardamonte representó el traslado de más de un centenar de personas a vivir en esa comunidad lo cual representa también un cambio social, cultural y de vida. Y para nosotros es una satisfacción de que cuando se presentan proyectos serios y con coherencia se pueden llevar a la práctica”, concluyó Bel.

Hospital de Salud Mental

Por otra parte, la coordinadora del Hospital de Día de Salud Mental, Mariela Gross, contó que “asisten un promedio de 60 personas a diferentes actividades. Estar en la casa nos permitió en este contexto realizar toda una serie de actividades al aire libre o aprovechando el entorno que es muy bello, se realizan caminatas, hay yoga, hay actividades vinculadas a lo artístico, a la música, al teatro y todo lo que sea posible realizar al aire libre”.

Resaltó que “otro punto super importante que funciona en este dispositivo tiene que ver con los emprendimientos sociales, socio-laborales que actualmente hay tres: uno de ellos vinculado a lo textil y la serigrafía que se llama Hilvanando; Amasando Oportunidades que es un espacio de producción de panadería que ha sido una gran conquista para nosotros porque implico la refacción de un espacio de la casa, el garaje; y el buffet El Entrevero que en su momento funcionó en la Facultad de Trabajo Social y en el cual realizan hamburguesas vegetarianas congeladas”.

 Sobre la importancia del lugar, dijo que “estos espacios posibilitan el encuentro más allá de lo especifico de la atención que acá hay un equipo interdisciplinario calificado que lleva adelante los tratamientos, y además está la dimensión del encuentro, de poder reunirse en un lugar ameno y cálido para compartir una charla, una actividad en la pileta en el verano. Eso ha sido algo que nos posibilito estar en esta casa y el contar con un espacio así dignifica la atención y familita el trabajo con esta población”.    

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