Jaime Londoño Rojas y Álvaro Ramírez Duque serían los enlaces de un cartel transnacional que usó la ruta fluvial y el puerto de Rosario para acopiar casi 3100 kilos de cocaína que intentaron traficar a Asia y a Europa.

En la ciudad más violenta e insegura de la Argentina, donde se produjeron 204 homicidios en lo que va de este año por enfrentamientos entre grupos narcos que disputan territorio para sus negocios ilegales, se escondía un tesoro que nadie tocaba: un cargamento de cocaína valuado en más de 100 millones de dólares.

Entre el 21 de junio y el 31 de agosto estuvieron ocultos en esta ciudad 3092 kilos de cocaína, un cargamento que cambiaba su lugar de escondite a la espera de una salida a Europa desde el puerto local. Ese cargamento fantasma, que muy pocos sabían que se embarcaría por Terminal Puerto Rosario (TPR), tenía dueño: los colombianos Jaime Londoño Rojas y Álvaro Ramírez Duque, quienes cargan con un pedido de captura de Interpol como sospechosos de ser engranajes claves de un cartel transnacional que había puesto el ojo en este punto de la Hidrovía para sacar la droga hacia el Viejo Continente.

En la Argentina, Londoño Rojas y Ramírez Duque son dos fantasmas. Pero se sospecha que estuvieron en la provincia de Santa Fe para generar la operación de tráfico de drogas más grande de la historia. La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Aduana tienen fuertes sospechas de que el cargamento de 1658 kilos de cocaína secuestrado en un galpón de Empalme Graneros el 31 de agosto pasado, que iba a ser embarcado hacia Dubai, y los otros dos que suman 1434 kilos, que salieron de TPR rumbo a Rotterdam en junio y fueron incautados en Santos, Brasil, y los Países Bajos, eran de los mismos dueños.

La droga estaba embalada de una manera particular, en bolsos plásticos con cinta y nylon negro, y los panes de cocaína tenían un logo o etiqueta que se repetía en las dos cargas: Louis Vuitton, la marca que productos de moda que se fundó en 1854 en París.

Según señalaron fuentes de la investigación, la Aduana envió oficios a las autoridades de los puertos de Santos y de Rotterdam –donde se incautaron 568 y 866 kilos de cocaína, respectivamente– para que realicen peritajes a la droga con el fin de determinar si es la misma que fue secuestrada en un galpón de Empalme Graneros.

Si se comprueba la sospecha de que esa cantidad de droga pertenecía a la misma organización internacional –que “exportó” una parte desde la Terminal Puerto Rosario y a la que le secuestraron la otra parte en Empalme Graneros–, se trataría del cargamento más grande de la historia del país.

El bajo perfil de los protagonistas que hasta ahora aparecen involucrados en esta trama muestra que esta organización no tenía puntos de contacto con las bandas rosarinas, envueltas en una espiral de violencia permanente que las hace poco fiables.

La Hidrovía Paraná-Paraguay se transformó, en medio de la pandemia, en un punto de salida de la cocaína hacia Europa y Asia. Si la droga llega a destino, su valor se multiplica entre cinco y diez veces. Desde las terminales de Paraguay salieron durante los últimos dos años unas 40 toneladas de cocaína, secuestradas en Rotterdam (Países Bajos) y Amberes (Bélgica).

El único antecedente que aparece más cercano en Santa Fe es el de Carbón Blanco. Entre 2005 y 2012, la banda que lideraban Carlos Salvatore y Patricio Gorosito –ambos fallecidos– “exportaron” grandes cantidades de cocaína desde los puertos de Rosario, Zárate y Buenos Aires, según comprobó la investigación que realizaron los fiscales Federico Carniel y Carlos Amad, que lograron que condenaran a los principales eslabones de la organización en 2015.

Rolando Di Renzo, miembro de esta organización, que fue detenido el 8 de marzo de 2012 en Portugal, donde cumplió una condena de nueve años de prisión por narcotráfico, declaró que el pago a la banda era en mercadería. Es decir, con cocaína. En una de sus declaraciones dijo que el 10% de la droga quedaba en Rosario. Esto explica en parte por qué Rosario se inundó de droga que después terminó siendo la principal disputa de los narcos locales.

A principios de la década pasada, Gorosito vendía vinos en damajuana en una camioneta destartalada en Arroyo Seco. De golpe se transformó en millonario. Se asoció al abogado porteño Salvatore, que vivía en el barrio de Belgrano, y con un grupo de amigos que compartían su afición por el fútbol comenzaron a enviar cargamentos de cocaína a través de empresas en Santiago del Estero y en Chaco que exportaban carbón vegetal.

Gorosito se transformó en un narco empresario con un poder inalcanzable. Construyó Real Arroyo Seco, un club que surgió de la nada, que tenía 12 canchas de fútbol que terminó por comprar Rosario Central. En el inicio del juicio en Resistencia, en 2015, aseguró a LA NACION que era “testaferro de Julio Grondona”, fallecido jerarca de la AFA.

Este ejemplo sirve para dimensionar las “grandes ligas del narcotráfico”, cuyos pliegues muy pocos conocen o prefieren no conocer. Londoño Rojas y Ramírez Duque aparecen como los enlaces de la organización. El paradero de estos colombianos es un misterio. En los operativos que se realizaron el miércoles pasado, que incluyeron un allanamiento a Terminal Puerto Rosario, cayeron eslabones locales de escaso poder dentro de la estructura: tres camioneros y un supervisor de la empresa. Están acusados de ser los responsables de introducir la droga dentro del puerto. En el otro cargamento secuestrado de 1658 kilos fueron detenidos miembros de lo que podría ser la ramificación argentina de la banda, entre los que figuran José Sofía y Gabriel Nicolau, ambos oriundos de la provincia de Buenos Aires, que fueron indagados por el juez Adrián González Charvay.

Hasta ahora, la empresa concesionaria no está involucrada, aunque desde la Justicia recalcaron que la firma puso algunas objeciones antes de entregar las grabaciones de video de las playas de camiones. TPR señaló en un comunicado todo lo contrario: que la compañía tuvo un rol activo y determinante en la investigación.

La Aduana le exigió a TPR que mejore sus condiciones de seguridad para operar, porque consideran que es deficiente el sistema de control. En el Ente Administrador del Puerto de Rosario no ven hasta ahora un justificativo para aplicar alguna sanción o hacer caer la concesión, que tiene un plazo hasta 2032.

En TPR tiene mayoría accionaria el grupo Vicentin. La firma está conformada desde 2017, cuando se hizo el último cambio accionario, por Inversiones Portuarias Andinas (IPAL), que tiene un 50 por ciento. A esta compañía pertenece el holding Ultramar, de capitales chilenos. El resto está dividido entre firmas que tienen origen en la agroexportadora, que está en convocatoria de acreedores. Vicentin tiene el 10.2% y Sir Cotton –que está dentro del esquema del grupo nacido en Avellaneda, en el norte de Santa Fe–, el 39,8 por ciento.

Vicentin entró en el puerto a partir de 2010, a través de la firma Aotsa, que compró las acciones de Pro Puerto que estaban en manos de Gustavo Shanahan, expresidente de TPR, quien actualmente está procesado por narcotráfico y sumará otra acusación en los próximos días por lavado de dinero. El 16 de octubre pasado, este empresario fue detenido en una causa en la que la Justicia federal investigaba las maniobras del narco peruano Julio Rodríguez Granthon, que cambiaba el dinero que obtenía en los búnkeres en la financiera de Shanahan, que le cobraba el valor del dólar “blue” un 2% por arriba de la cotización, porque sabía de dónde provenía la plata y el riesgo que representaba hacer operaciones con un mafioso.

Los embarques de cocaína que se secuestraron en Santos (568 kilos) y Rotterdam (866 kilos) salieron de la terminal rosarina.

El primer embarque de maní llegó a Rosario el 21 de junio, proveniente de General Deheza, Córdoba. Allí, la mercadería se cargó en seis contenedores que el 28 de junio se subieron en TPR al buque Maersk Bermuda, que tenía como destino intermedio el puerto de Santos, Brasil, con punto de llegada en los Países Bajos. El barco hizo una escala en la terminal de Zárate.

En Santos fueron detectados 568 kilos de cocaína dentro de bolsos. La investigación apunta a que la cocaína fue cargada en los big bags de maní que estaban en los contenedores en Terminal Puerto Rosario. Se sospecha que para introducir la droga su usó el sistema rip-on, que es cuando se cambian los precintos de los contenedores tras cargarse la cocaína.

La cocaína se habría cargado dentro del contenedor después de que pasó por el escáner de la Aduana, que inspeccionó la mercadería en origen, es decir, en General Deheza.

Según las filmaciones aportadas por la empresa portuaria, que cotejaron los investigadores, el 24 de junio, tres días después de que el contenedor llegara a la terminal, ingresaron tres camiones a la zona portuaria de la empresa que se dirigieron hacia el lugar donde estaba la carga de maní. Entre las 22.48 y las 22.52, inexplicablemente se interrumpió la filmación de las cámaras de seguridad. Cuando se reanudó la filmación, uno de los camiones estaba en el portón de ingreso de TPR. Se presume que en ese momento se produjo la “contaminación” del contenedor.

El 31 de agosto llegó una denuncia anónima a la Aduana en la que señalaba que en otros dos contenedores habrían salido de Terminal Puerto Rosario 866 kilos de cocaína con destino a Rotterdam, donde se secuestraron unos 361 kilos primero y luego otros 505 kilos.

Los investigadores le pidieron información sobre los ingresos y egresos a la empresa portuaria, que los entregó parcialmente. Según surge de la pesquisa, esa droga fue cargada el 25 de junio en Rosario, en momentos en que también estaba el otro cargamento que fue secuestrado en Santos.

El 29 de junio, el contenedor donde se cargó la cocaína tuvo un movimiento dentro del puerto que no está registrado por la compañía. El contenedor con la droga fue embarcado el 3 de julio en el buque Argentina C.

A través de las fotografías de los precintos quedó en claro que también había sido abierto después de los controles, de lo que se deduce que en ese momento lo contaminaron con la carga de cocaína.

(Germán de los Santos ­- La Nación)