La concejala de Concepción del Uruguay y referente en temas de discapacidad, Mariana Bardisa, cuestionó con dureza la decisión del gobierno nacional de eliminar las compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, acompañantes y pacientes oncológicos. Aunque el beneficio continúa vigente por ley, advirtió que la medida pone en serio riesgo su cumplimiento efectivo y se enmarca en “una política de crueldad y abandono” hacia el sector.
En declaraciones al programa Un martillo para darle forma, que se emite por Radio Plaza 94.7, Bardisa sostuvo que la decisión del Ejecutivo nacional implica “un gesto más de esta política de crueldad del gobierno nacional hacia el colectivo de personas con discapacidad”, y afirmó que el Estado “decide retirarse de sus responsabilidades para garantizar el acceso al transporte”.
La dirigente explicó que el problema no es únicamente administrativo o económico, sino que afecta directamente derechos básicos vinculados a la salud, la educación y la inclusión social. “Miles de personas necesitan viajar para tratamientos, consultas médicas o integración social. Sin embargo, el Estado pretende que sea el sector privado quien absorba completamente ese costo”, señaló.
Bardisa remarcó que, si bien las empresas continúan obligadas legalmente a otorgar los pasajes gratuitos, el retiro de los subsidios nacionales genera un escenario de creciente incumplimiento. “Hace tiempo que ya era difícil conseguir pasajes y que a los acompañantes les daban vueltas o directamente se los negaban. Ahora esto lo blanquea de alguna manera”, sostuvo.
En ese sentido, advirtió que las personas afectadas deberán iniciar procesos de reclamo y denuncia cada vez que una empresa incumpla el derecho: “Eso implica desgaste, tiempo y más obstáculos para familias que ya están agotadas”.
La referente vinculó la medida con otras políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei respecto al sistema de discapacidad. Mencionó el congelamiento y atraso en el nomenclador de prestaciones, las dificultades de pago a transportistas y terapeutas, el cierre de instituciones y las auditorías sobre pensiones no contributivas.
“Estamos viendo cómo se interrumpen terapias por falta de pago, cómo cierran centros terapéuticos y cómo muchos chicos se quedan sin traslado para ir a la escuela. El sistema de cuidados está colapsado”, afirmó.
También cuestionó la intención del gobierno nacional de avanzar sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada el año pasado tras fuertes movilizaciones sociales. Según explicó, el Ejecutivo busca modificar parte de la normativa y liberar el nomenclador que fija el valor de las prestaciones, dejando esa definición en manos de obras sociales y prepagas.
“Las personas con discapacidad no pueden ser consideradas una variable de ajuste ni responsables del equilibrio fiscal”, remarcó Bardisa, quien aseguró que el impacto presupuestario de la ley representa “apenas el 0,04%” del gasto total.
La concejala también se refirió a la situación en Entre Ríos y señaló que las instituciones del interior enfrentan mayores dificultades para sostener el sistema de atención. “Para quienes estamos lejos de Buenos Aires es mucho más duro. Las escuelas, las instituciones y los transportistas están haciendo enormes esfuerzos para sostenerse”, describió.
En otro tramo de la entrevista, cuestionó el rol del gobierno provincial y particularmente del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI). “Los silencios también hablan. Hasta ahora no hubo posicionamientos fuertes frente al desmantelamiento que está llevando adelante Nación”, sostuvo.
Bardisa concluyó con una advertencia sobre el impacto social de estas políticas: “Cuando desaparecen los apoyos y las terapias se interrumpen, no solo se rompe el sistema de cuidados; se rompen las personas. Y es muy difícil construir una sociedad justa con personas rotas”.
