A través de un comunicado, Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio Regional Paraná (H.I.J.O.S) repudió la excarcelación del médico genocida Hugo Mario Moyano, medida aun no efectiva por el rechazo interpuesto por las querellas y la Fiscalía.

“La jueza federal Beatriz Aranguren, quien está a cargo de la causa conocida como Área Paraná II, concedió la excarcelación al médico genocida Hugo Mario Moyano, con una fianza de 2 millones de pesos. Las querellas -al igual que la Fiscalía- nos opusimos a este beneficio, por lo cual aún no se ha hecho efectivo y estamos a la espera de la resolución de la Cámara de Apelaciones. Desde H.I.J.O.S. repudiamos esta medida que deja cerca de la libertad a una de las piezas claves del terrorismo de Estado en la provincia, que todavía debe rendir cuentas por muchos de sus crímenes de lesa humanidad”, advirtieron en un comunicado.

Y recordaron: “En esta causa se investigan diversos hechos cometidos durante la dictadura cívico militar en Paraná. Moyano se encuentra imputado por el delito de imposición de tormentos: en su rol de médico, lejos de velar por el derecho a la salud humana, garantizaba la aplicación de torturas a los compañeros y compañeras detenidos ilegalmente en centros clandestinos de detención de la capital entrerriana. No solo no brindaba atención médica, sino que aportaba su conocimiento a los torturadores para que pudieran continuar con su tarea macabra”.

“Por hechos de la misma característica, este genocida ya fue condenado a 10 años de prisión en la Megacausa Área Paraná I, pero los recurrentes y excesivos planteos dilatorios de los defensores de los represores hicieron que la pena ya esté cumplida, por la cantidad de años que pasó con prisión preventiva”, señalaron.

“Además, Moyano ya se encuentra desde hace años gozando del beneficio de la prisión domiciliaria, al que ahora se suma el de la excarcelación”, agregaron además.

En ese marco, informaron: “Las querellas, entre ellas la de H.I.J.O.S Regional Paraná, presentamos un recurso apelando la excarcelación. La Cámara había denegado el mismo pedido en febrero de este año y no hay elementos nuevos que permitan desvirtuar esa decisión, salvo la excesiva dilación en la causa. A más de un año de la declaración de los testigos, hace apenas unos días se clausuró la etapa de producción de prueba y estaríamos en condiciones de presentar alegatos”.

“Pero como lo manifestamos en el escrito judicial, esa dilación es responsabilidad de los coimputados de Moyano en este proceso y de la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Paraná, y por lo tanto nunca puede vulnerar la tutela efectiva de justicia que tienen las víctimas y familiares”, subrayaron.

“El tiempo juega a favor de la impunidad. El Poder Judicial tiene la obligación de juzgar con celeridad a los responsables del terrorismo de Estado, y así brindar reparación a las víctimas que esperan desde hace más de 40 años. Por eso exigimos que se revoque esta injusta medida. El único lugar para un genocida es la cárcel común”, concluyeron.