Este jueves comenzará en Paraná el juicio contra el ex policía de la provincia Atilio Ricardo Céparo, a quien se le imputan las privaciones ilegales de la libertad y la aplicación de tormentos contra tres mujeres, víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. El juicio se llevará adelante en el Tribunal Oral Federal de Paraná.

Uno recordó que Céparo es suegro del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Emilio Castrillón, y en años recientes supo desempeñarse como chofer del Poder Judicial. En 2016 fue condenado a 11 años de prisión en juicio también de lesa humanidad, por los crímenes que cometió contra una víctima.

En esta oportunidad irá al banquillo como acusado por los casos de tres jóvenes docentes que fueron secuestradas en noviembre de 1976 en Cipoletti, Neuquén, y llevadas al centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita” en donde fueron sometidas a torturas. Luego fueron trasladadas a Paraná, en donde se las mantuvo detenidas ilegalmente en un primer momento en la Unidad Familiar (o "Casa del Director") de la Unidad Penal N° 1, para posteriormente ser llevadas a la cárcel de mujeres (UP6).

Según la acusación, estando en esas condiciones en la UP6 fueron sacadas de allí por Céparo junto a otro represor de la Policía de Entre Ríos de apellido Zapata, ya fallecido. Ambos las obligaron a firmar una declaración que luego fue usada como prueba de cargo en el Consejo de Guerra al que fueron sometidas, en una parodia de juicio que consistió en la puesta en marcha del aparato burocrático militar para intentar legitimar los crímenes cometidos, se informó desde la querella.

Está previsto que la primera audiencia sea con lectura de la imputación y las testimoniales de las tres víctimas, para continuar los dos jueves siguientes con las declaraciones de testigos. Para el 11 de noviembre se prevé una inspección ocular en la cárcel de mujeres.

En octubre de 2016 Céparo se convirtió en el primer exmiembro de la Policía de Entre Ríos en ser condenado por delitos de lesa humanidad. El juicio permitió comprobar el rol de esta fuerza de seguridad en la represión de los perseguidos por razones políticas durante los años del terrorismo de Estado, y corroborar que la Jefatura de Policía ubicada en calle Córdoba funcionó como centro clandestino de detención y centro de torturas.