Por más de 10 años el Estado municipal estuvo ausente del barrio Lomas del Mirador II de Paraná. Pero eso comenzó a cambiar en el último tiempo. Cansados de la estigmatización y tras años de abandono, los vecinos buscan formas para mejorar sus espacios y su calidad de vida. Hoy Cuestión de Fondo nos muestra esta realidad.
Desde hace mucho tiempo venimos planteando cuando presentamos informes sobre los barrios vulnerables, de la necesidad de implementar una política pública de integración socio urbana, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos de barrios populares.
En este caso, un informe del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) mostró la realidad del barrio Lomas del Mirador II.
La historia de esta gran barriada se remonta a 1979, cuando el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) terminó de construir el barrio, una cuadra al este de su homónimo Lomas I, al final de la avenida Churruarín. Son viviendas de propiedad horizontal, tipo monoblocks, con hogares en planta alta y planta baja.
Por su arquitectura y muchos años de abandono, intrusiones y estigmatización, hay quienes hablan del Lomas II como una favela dentro de Paraná, y hace más de 10 años que el municipio no se ocupa de mejorar la zona.
Eso comenzó a cambiar en el último tiempo, donde el área de Control Urbano se hizo presente en el lugar y los vecinos decidieron conformar una comisión vecinal. Con ese impulso, son los propios vecinos quienes se organizan para efectuar actividades, organizaron una escuelita de fútbol, una batucada, y esperan con ansias poder implementar la copa de leche.
Junto con los trabajadores municipales, también son los vecinos quienes salen a cortar el pasto de los espacios públicos comunes, barren las calles y plazas, pintan los bancos y postes de luminarias. Los jóvenes que se animan a contar su historia, lamentan los prejuicios y la estigmatización que sufren a la hora de buscar trabajo por vivir en el Lomas II, y piden igualdad de oportunidades.
El reclamo generalizado es recuperar el espacio abandonado de lo que era la planta distribuidora de agua, cuya estructura hoy está usurpada por una familia que vive en su interior en condiciones de extrema vulnerabilidad, y los piletones de la vieja cloaca de los barrios Lomas del Mirador I y Lomas del Mirador II, que están repletos de agua podrida y basura, representando un foco infeccioso de extrema gravedad.
Una historia problemática
En abril de 1989, la justicia declaró “en ruinas” y dictó la orden de desalojo de 274 familias por graves daños estructurales en las viviendas. A la par, el Instituto inició el proceso judicial correspondiente contra la empresa constructora, por estafa en el uso o calidad de los materiales –fundamentalmente del acelerante de fraguado colocado en sus columnas y vigas, que ocasionó los primeros derrumbes–. Pero la causa quedó en la nada y los responsables no aparecieron, ya que para entonces la empresa no existía más.
Según registra la resolución del Directorio del IAPV Nº 2.391 del 4 de noviembre de 1997, “el grupo habitacional Lomas del Mirador II, en 1988, sufrió un proceso de corrosión generalizado en su armadura que comprometió los elementos estructurales –losas, columnas y vigas–. Eso puso en peligro la estabilidad de los inmuebles, afectando la seguridad de sus ocupantes, por lo que se produce el realojamiento de los adjudicatarios originales”. Párrafo siguiente recuerda que “en 1993, por el grave déficit habitacional que sufre la ciudad, se produce una intrusión masiva”.
Poco después de los desalojos comenzó un proceso de intrusión, la mayoría de familias sin techo y sin posibilidad a la vista de acceder a una vivienda propia. Esto generó una gran barriada en situación de vulnerabilidad y precariedad social. Posteriormente, se generó también un mercado ilegal de compra y venta de casas.
Ese momento se contextualizó en una situación social compleja, tras la hiperinflación del gobierno de Raúl Alfonsín, el crecimiento del desempleo y la pérdida de derechos sociales para millones de familias.
Estrategias
Por la situación marginal de las familias que ocuparon las viviendas, el IAPV buscó salidas alternativas para el blanqueo y la seguridad de los ocupantes.
Se hicieron convenios de reparación, para “dar solución habitacional a cada una de las familias”, según la mencionada Resolución 2.391.
En su artículo tercero, dispone otorgar créditos adecuados a la condición socio-económica de cada familia, para la reparación de la vivienda que ocupa y los espacios comunes. El artículo quinto ordena la creación de un equipo técnico de profesionales “para inspección y medición de los avances de obra”. El séptimo amenaza con intimar la desocupación de los intrusos “que no cumplimenten con los requisitos exigidos”.
Una vez que las casas ya no corran riesgo de derrumbe por verificación técnica, el Instituto se comprometía a iniciar los trámites de adjudicación y venta.
La estrategia del IAPV pareció ser buena, pero de lo escrito y firmado al hecho hubo un largo trecho, y muy pocas fueron las casas que alcanzaron el objetivo.
De lo resuelto, comunicado y archivado en 1997, que en su anexo II obliga la reparación en un plazo definitivo de 60 días a partir del primer desembolso, recién en 1999 se regularizó sólo el sector A1, donde hay 18 casas, y en julio de 2001, el equipo técnico elevó la propuesta para adjudicar y vender 20 más ubicadas en el sector A2. Son 38 viviendas de un total de 274.
La realidad hoy
En la actualidad, algunos de los bloques del Lomas II lucen deteriorados, se observan rajaduras, revoques caídos, el agua rebalsa de las tapas en las veredas, sin que llegue con suficiente presión a las casas, escaleras que se tambalean; las cloacas se tapan frecuentemente y su contenido pasea entre los pasillos para desembocar en el arroyo Colorado o en los grandes piletones de la ex toma de agua. Las enfermedades y sarpullidos extraños están a la orden del día. Varias casas tienen puestos los perfiles de refuerzo, otras tienen ampliaciones hacia arriba o los costados.
Si algo queda claro, es que no sólo las condiciones edilicias producen riesgo humano, sino también la precariedad de los servicios sanitarios, las instalaciones eléctricas y el hacinamiento.
La situación descripta convirtió al Lomas del Mirador II en un barrio vulnerable a la delincuencia y la discriminación, lo cual llevó en 2009 a situaciones extremas e irracionales como la construcción de un muro de 30 metros de largo por dos de alto por parte de la comisión vecinal del Lomas I, que contó con la llamativa colaboración del municipio a cargo en ese entonces de José Carlos Halle, para dividir dos pasillos que comunicaban al Lomas II con el Lomas I.
Pocos meses después, los propios vecinos del Lomas II derribaron a mazazos ese muro lo que reavivó el conflicto, convirtiéndose en noticia nacional.
Por la tarde, el barrio es un hormiguero de chicos corriendo o inventando algo a qué jugar. Ellos son los más inseguros de todos: el consumo de drogas, ya desde temprana edad, está más cerca que algún centro deportivo o el acceso a alguna actividad cultural. “En la escuela los pibes se robaban los tubos fluorescentes para hacer el paco, la cancha de básquet terminó siendo un rejuntadero de patotas”, advertían los vecinos.
Todo ese abandono, junto a la crisis económica y la crisis de valores, fue generando un barrio atravesado por la delincuencia y el narcotráfico, y hoy son sus propios habitantes quienes intentan mejorarlo para salir de los estigmas, los prejuicios y la desidia.
Hoy son los propios vecinos quienes se organizan para efectuar actividades, armaron una escuelita de fútbol, una batucada, y esperan con ansias poder implementar la copa de leche.
Junto con los trabajadores municipales, también son los vecinos quienes salen a cortar el pasto de los espacios públicos comunes, barren las calles y plazas, pintan los bancos y postes de luminarias. Los jóvenes que se animan a contar su historia, lamentan los prejuicios y la estigmatización que sufren a la hora de buscar trabajo por vivir en el Lomas II, y piden igualdad de oportunidades.
Todo esto deja en evidencia que, con la ayuda –tímida aún- del Estado municipal que comienza un camino de trabajo conjunto, la esperanza de mejora y la integración socio urbana son posibles de manera concreta.
