Insólitamente, la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) afirmó a la Justicia que de las comunicaciones del falso abogado Marcelo D'Alessio “emergen indicios de una posible interacción de inteligencia ilegal” con periodistas y medios de comunicación.

Según el organismo, que preside el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel​, D'Alessio “instaba a diferentes periodistas a que la información colectada y analizada de manera ilegal sobre sus “blancos” de investigación fuera publicada”.

En un nuevo escrito de 200 páginas entregado al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla​ en la causa D'Alessio, la Comisión Provincial de la Memoria mencionó en esa supuesta interacción a los periodistas Daniel Santoro, Jorge Lanata, Luis Majul, Gustavo Grabia, Nicolás Wiñazki, Rodrigo Alegre, Rolando Graña y Guillermo Laborda, entre otros, consignó el diario Clarín.

Sin embargo, en los chats del falso abogado con periodistas solo se leen pedidos de información sobre causas en que se investigan casos de corrupción en el Estado. El informe diferencia a Daniel Santoro del resto porque, dice, no solo recibió información, sino que le envió “información sensible” al falso abogado. Se trata de un informe de antecedentes comerciales NOSIS del ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat para verificar quién era porque el nombre estaba mal escrito y de una nota de Clarín donde el periodista cuenta el contenido de un reporte de operación sospechosa (ROS) enviado por la UIF en una causa en que se investiga por supuesto enriquecimiento ilícito al operador K, Roberto Porcaro.

El juez Ramos Padilla le había pedido a la CPM que investigue si las notas de Santoro constituyeron acciones de operación psicológica, medida que fue duramente criticada por FOPEA, ADEPA, la SIP y otras organizaciones periodísticas.

El polémico informe está firmado por Pérez Esquivel, quien apoya públicamente la candidatura presidencial de Alberto Fernández​, además de las rúbricas de Víctor Mendibil, Ernesto Alonso y el secretario coordinador de ese organismo provincial, Roberto Cipriano García.

En los casos de la mafia de los contenedores y PDSVA, el informe señala que “D'Alessio enviaba datos vinculados a sus investigaciones para que fuesen publicados por reconocidos medios gráficos y televisivos de alcance nacional. Ejemplo de ello son sus conversaciones con los periodistas Rodrigo Alegre, Guillermo Laborda, Gustavo Graña, Rolando Graña y Daniel Santoro, entre otros”.

Seguidamente, analizaba el tratamiento dado al primero de esos casos en el programa PTP de Jorge Lanata y luego de un diálogo de Graña con Majul en el que discuten si era noticia una nota sobre la mafia de los Contenedores.

La CPM, a quien el juez convocó como auxiliar de la Justicia, aseguró que la intención de D'Alessio con esa interacción “era blanquear información producida mediante actividades de inteligencia ilegal en las diferentes etapas del ciclo (seguimiento, infiltración, sábanas telefónicas, migraciones y análisis de la información reunida). Esto ocultaba el carácter ilícito del origen de dicha información”. Además, buscar la judicialización de sus casos usando la figura penal del “arrepentido” y buscando “influir o incidir en la opinión pública en un determinado sentido a través de la difamación o el escarnio público de las personas objeto de vigilancia ilegal”, publicó el diario Clarín.

El documento señala que sospecha que D´Alessio perteneció a la AFI, aunque en la causa esa agencia aclaró que nunca revistió en su plantel y lo mismo hizo la embajada de Estados Unidos. Y los documentos encontrados en su computadora, como certificó el ex director de la SIDE, Antonio Stiuso, con membrete de la embajada de Estados Unidos, la AFI o el Ministerio de Defensa israelí son falsos.

En sus conclusiones, el informe dijo que hubo “una intención de influir sobre la opinión pública a través de la diseminación de información en los medios de comunicación producto de actividades de inteligencia ilegal. Los casos revelados indican un particular interés en la difusión de presuntos casos de corrupción relacionados con las anteriores gestiones del gobierno nacional”, en alusión a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Agregó que “se advierte la violación de la ley nacional de datos personales”.

Sobre el caso de la Mafia de los Contenedores, la CPM afirma que hubo una “articulación y al menos convivencia con jueces, fiscales y periodistas”, cuando -en realidad- los diálogos con el juez Marcelo Aguinsky “son construcciones simuladas bajo perfiles falsos”.

“Los medios constituían un elemento necesario para el desarrollo y realización de operaciones de inteligencia llevadas adelante por D'Alessio”, agregó. En particular, dice que Santoro intervino en “8 de los 11 casos” investigados.

“El esquema operativo involucraba la articulación de actores de la justicia provincial y federal”, en alusión a las intervenciones del fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas y el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky en la mafia de los contenedores.

La CPM reiteró el “carácter de gravedad institucional que revisten estos hechos” porque “vulneran la ley de inteligencia” y una “potencial violación” de los derechos humanos.

Sin embargo, la Cámara Federal de Mar del Plata advirtió al juez -en una resolución de la semana pasada- que los informes de la CPM “sólo tendrá un valor subsidiario mientras el juez no justifique en forma fundada que ninguna otra repartición pública pueda realizar dicha tarea con igual calidad. Y finaliza reconociendo “como otra posibilidad, que la Comisión Provincial por la Memoria pueda acercase a la causa como Amicus Curiae” a la causa D'Alessio.