Comienza la intensa actividad en los Tribunales a la espera de una reforma judicial

Tribunales de Comodoro Py

Tribunales de Comodoro Py.

El año judicial 2020 empezará hoy: tras una feria de enero “tranquila”, en donde solo el hallazgo de un sobre olvidado con 10.000 dólares sacudió la calma, los tribunales de Comodoro Py 2002 comenzarán a moverse a partir de este lunes con una agenda cargada de causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tildadas de “lawfare” por la exjefa de Estado; y con la certeza de que, a partir de ahora, empezarán a llover denuncias contra el macrismo o se activarán algunos expedientes que ya estaban abiertos y se movían a paso lento.

Sin embargo, la mirada de los judiciales no está puesta en el ombligo de Retiro sino en la política: la postulación de Daniel Rafecas como candidato a Procurador General, la decisión de recortar las jubilaciones de los magistrados y la anunciada pero aún misteriosa reforma judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández se llevan la atención de los ocupantes de los Tribunales por estas horas.

Otra de las preguntas que se hacen en Comodoro Py es qué pasará con algunos jueces y lugares claves. Primero porque Alberto Fernández había dicho que había magistrados que iban a tener que dar explicaciones por “las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno” (puso en esa lista a Julián Ercolini, Claudio Bonadío, Martín Irurzun, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani).

Pero además por una serie de cargos que hay en danza: al Juzgado que dejó vacante Sergio Torres cuando se fue a la Corte bonaerense se le podría sumar el de Rafecas, si el magistrado consigue sortear el trámite para ser Procurador. A eso habría que sumarse los dos cargos vacíos que hoy existen en la Sala II de la Cámara Federal y por el que ya hay un concurso abierto en el Consejo de la Magistratura, más allá de que sectores del kircherismo sigan activos buscando la forma de convertir ese número en cuatro, cuestionando los trasladados que se hicieron en la Sala I de ese fuero durante el macrismo.

Pero no solo son cargos de jueces los que aparecen en la lista de cargos codiciados. Es que, además de la Procuración, uno de los lugares que más poder concentra es la titularidad de la Fiscalía de la Cámara Federal, el puesto que dejó libre Germán Moldes cuando renunció tras un problema de salud en septiembre pasado. Desde allí, es donde se define si se sostienen o no las apelaciones de los fiscales de instrucción para revisar decisiones de los jueces. Pero su importancia crecerá de cara al nuevo rol que se le quiere dar a los fiscales en la futura aplicación del Código Procesal Penal, en donde las causas quedarán bajo la órbita de los representantes del Ministerio Público y los jueces serán veedores de la legalidad del proceso.

“Yo no quiero una Justicia que persiga al opositor ocasional de un gobierno de turno, quiero simplemente una Justicia. No quiero fiscales que hagan lo que alguien les pida, quiero simplemente fiscales. Durante mi gestión se acabaron los operadores judiciales y mediáticos. Y se acabaron los jueces que actúan siguiendo las presiones de esos operadores. No es que voy a perseguir jueces, para eso está el Consejo de la Magistratura. Voy a hacer todas las reformas que hagan falta para que eso termine", había dicho Alberto Fernández en diciembre pasado, una semana antes de recibir la banda presidencial.

Desde el 10 de diciembre, el gobierno comenzó a ocupar puestos claves. Llamó la atención de los analistas periodísticos que mucho de los puestos claves en la Justicia tuvieran el sello cristinista. En esos ejemplos se anotaron Juan Martín Mena como segundo de la ministra Marcela Losardo; Gerardo Ustarroz, hermano de crianza del ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro como hombre del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, o Carlos Zannini como Procurador del Tesoro. La Oficina Anticorrupción quedó a cargo del exfiscal Félix Crous, quien aseguró que se mantendrán la querella en los juicios por corrupción, como el de la obra pública en donde la propia Cristina está sentada en el banquillo de los acusados.

Lo siguiente es un repaso del escenario de los principales temas judiciales que interesan al mundo político:

Cristina Kirchner

El juicio oral por las obras concedidas en el sur al empresario Lázaro Báez se reanudará la semana próxima, con la declaración de la exdiputada Margarita Stolbizer, denunciante contra Cristina Kirchner. Se trata del debate en donde la exjefa de Estado ya prestó indagatoria y plantó bandera. “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, les dijo a los jueces del TOF 2.

La Corte Suprema de Justicia tiene pendiente el estudio de una serie de recursos planteados por la defensa contra esa investigación. Y la Cámara Federal de Casación Penal debe analizar el pedido para hacer caer la prisión preventiva de Cristina Kirchner por el caso de los cuadernos. Si se hiciera lugar a ello, la expresidenta ya no tendría órdenes de detención en su contra porque la que pesaba por el caso del Memorándum ya fue revocada en diciembre. En ese expediente también hay un pedido para tomar declaración ya mismo, antes del debate oral, a Ronald Noble, el extitular de Interpol que cruzó al fiscal Alberto Nisman apenas el entonces titular de la UFI AMIA hizo la denuncia por el Memorándum con Irán contra la expresidenta.

También solicitó la declaración anticipada de Joel Sollier, consejero jurídico en 2013 que manifestó cuando se firmó el Memorándum que el acuerdo no implicaba “ningún tipo de cambio en el estatus de las certificaciones rojas aplicadas en relación a los crímenes investigados en la causa AMIA". Las defensas confían en que esas declaraciones podrían hacer caer la hipótesis acusatoria.

La gran mayoría de las causas contra la exjefa de Estado ya fueron elevadas a juicio, pero esos debates no tienen fecha de inicio. En esa lista aparece el juicio por los casos Los Sauces-Hotesur, en donde fueron procesados Máximo y Florencia Kirchner, los hijos de Cristina y Néstor Kirchner, por negocios hechos en el alquiler de propiedades a empresarios como Báez y Cristóbal López. El TOF 1, en tanto, tiene bajo análisis la causa de dólar futuro, la causa que activó el primer procesamiento de Cristina Kirchner y en donde también está imputado el gobernador Axel Kicillof. El TOF 7, en tanto, concentra la megacausa por las anotaciones de Oscar Centeno y sus derivadas, un expediente que supo concentrar más de 40 detenciones y en donde hoy solo hay dos presos –los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi- condenados por el caso Once.

Macri y sus funcionarios

Mientras tanto, los jueces deberán decidir si activar una serie de denuncias contra el expresidente Mauricio Macri o sus funcionarios. “La Justicia que usó Macri para perseguir a Cristina seguramente ahora lo va a perseguir a él”, había vaticinado Alberto Fernández en diciembre pasado.

Ya hay dos de ellos procesados: la extitular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el exministro de Energía, Juan José Aranguren, acusados de delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de poder y encubrimiento, a raíz de la compra de combustibles a Shell en Chile. La Cámara Federal estudia si se confirma el fallo del juez Luis Rodríguez. Tanto Alonso como Aranguren rechazaron las acusaciones.

También está bajo análisis otro procesamiento para un exfuncionario macrista: Luis María Blaquier, acusado de negociaciones incompatibles con la función pública. Es que, según el juez Sebastián Casanello, como subdirector Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, Blaquier intentó beneficiarse a sí mismo y a las empresas Cablevisión y Arcor, de las que había sido directivo hasta fines de 2015, antes de asumir ese cargo. Impulsó la compra de Obligaciones Negociables (ON) sin informar su vinculación previa con las compañías ni hacer lugar a opciones más convenientes.

El “sobregate”, en tanto, fue lo único que alteró la calma de la feria de enero. Rodrigo Sbarra, el exsubsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción durante el macrismo, quedó formalmente imputado por el delito de lavado de dinero. La causa comenzó por casualidad: encontraron un sobre con 10.000 dólares olvidado en un cajón en la oficina que usaba, hasta diciembre de 2019, en la sede de Paseo Colón del Ministerio de Desarrollo Productivo. Junto al sobre, había un papel con anotaciones, entre ellas un mail con el dominio de Nordelta. Resultó que Sbarra había comprado un terreno en uno de esos emprendimientos, en efectivo, por un valor de 186.086 dólares. Los pagos se hicieron entre 2016 y 2019. La existencia de ese terreno nunca apareció en las declaraciones juradas del exfuncionario, que sí registró un notable incremento de su patrimonio desde que llegó a la gestión pública y la donación de un Minicooper y un departamento a través de su padre. Ahora, el fiscal Gerardo Pollicita busca que la AFIP y el Banco Central levanten el secreto fiscal y bancario sobre sus bienes para conocer en detalle su patrimonio.

El nombre de Mauricio Macri aparece, en tanto, en más de un centenar de denuncias judiciales, aunque sólo algunas avanzaron. El caso del Correo Argentino es uno de los que se mira con más atención. El Estado argentino le reclama a la familia Macri una deuda por el pago del canon por la concesión del Correo que tuvo Socma entre 1997 y 2003. Durante la gestión pasada, hubo un intento de acordar el pago de esa deuda, pero la fiscal en lo comercial Gabriela Boquín consideró que la quita propuesta era “abusiva” para el Estado. Eso derivó en una denuncia penal en donde fueron a indagatoria el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad, otro exfuncionario y dos abogados. Por lo pronto, el juez Ariel Lijo ordenó un estudio contable para analizar los números de cómo debería calcularse la deuda. Mientras tanto, en el fuero comercial, la Procuración del Tesoro debe responder si acepta una nueva propuesta de la firma vinculada a los Macri. Con la nueva gestión, el tema está a estudio del procurador Zannini.

Pero el caso del Correo no es el único expediente contra el expresidente. El juez Rodolfo Canicoba Corral tiene en sus manos una causa sobre el negocio de los peajes. La sospecha es sobre un arreglo que hizo el gobierno de Mauricio Macri para que el Estado pagara una supuesta deuda de 500 millones de dólares a la firma Abertis, exsocia de la familia Macri en Autopistas del Sol. La firma se había presentado ante el CIADI sin haber agotado la instancia judicial a nivel local. El exprocurador del Tesoro Carlos Balbín ya declaró en la causa que se opuso a ese pago. Sin embargo, el acuerdo se selló cuando ya había abandonado ese puesto.

Una tercera causa con el nombre de Macri en su caratula es la del negocio de los Parques Eólicos. Según una investigación de la periodista Emilia Delfino, en Perfil, el grupo Macri habría comprado en procesos licitatorios irregulares seis parques eólicos que después revendió y con ese negocio habría ganado al menos 48 millones de dólares. Cinco de esos parques fueron vendidos a la china Goldwind International. El caso es investigado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

La causa, sin embargo, que promete más movimiento es la que tienen en sus manos la jueza María Servini y el fiscal Guillermo Marijuan. Es la denuncia penal por asociación ilícita que presentó el empresario Fabián De Sousa contra Mauricio Macri, los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli y varios de sus funcionarios: Fabián Rodríguez Simón, José Torello, Nicolás Caputo y Mario Quintana, entre otros. De Sousa aseguró que hubo una orden de Macri para meterlo preso y presionarlo por la línea editorial de C5N.

Prisiones preventivas

El presidente Alberto Fernández lo llamó detenciones arbitrarias, pero muchos de sus funcionarios y seguidores lo consideran prisiones políticas. La interpretación de la Cámara Federal sobre arrestos que había ordenado el juez Claudio Bonadío en el caso de los cuadernos y luego la implementación del nuevo Código Procesal Penal permitió que las cárceles se vaciaran de políticos y empresarios arrestados por causas de corrupción. Sin embargo, hay dirigentes políticos que siguen presos que reclaman su libertad.

En esa lista aparece el exvicepresidente Amado Boudou, condenado por el caso Ciccone y que presentó un recurso extraordinario a la Corte Suprema apelando ese veredicto; y también el piquetero Luis D’Elía, quien había pasado tres meses en la cárcel por la causa del Memorándum y volvió a ingresar el año pasado por la condena en su contra por la toma de la comisaría de La Boca ocurrida en 2004. El caso de la dirigente Milagro Sala, en Jujuy, es el que más tuvo activo a Alberto Fernández antes de soñar con la Presidencia. No solo llegó a visitarla en Jujuy sino que, en noviembre pasado, dijo en varias entrevistas: “La detención de Milagro Sala es ilegal”.

El exministro Julio De Vido, que pasó dos años encarcelado por la causa Rio Turbio, espera ahora que el Tribunal que lo enjuiciará por ese expediente levante su prisión domiciliaria. En diciembre pasado, consiguió la libertad en la causa de los cuadernos, junto a su mano derecha en el exMinisterio de Planificación Roberto Baratta. El exsecretario de Transporte Schiavi, en tanto, también espera los resultados de un peritaje sobre su salud, a la espera de poder cumplir arresto en su casa por la causa de la tragedia de Once.

Juicios

Además del juicio por la obra pública, hay otros debates orales que esperan veredicto para este 2020. El primero es el juicio por la ruta del dinero K, en donde está sentado en el banquillo Lázaro Báez, sus cuatro hijos –uno de ellos, Martín, está preso junto a su padre- y el financista Leonardo Fariña, en su rol de arrepentido, entre otra veintena de acusados. Allí se investiga cómo se lavaron 60 millones de dólares a través de una estructura jurídica, bancaria y societaria. Lázaro Baez, su contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco pidieron la libertad porque ya hacen más de tres años y medio que están presos. Sin embargo, el juez Sebastián Casanello lo mandó a juicio por otro hecho descubierto en la instrucción: el empresario fue acusado de haber usado empresas fantasmas para inyectar dinero en Austral Construcciones cuando necesitaba pagar deudas.

Otro de los juicios que está en pleno trámite es el que tiene como protagonista a Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito, junto a su hija, su ex pareja y otros implicados de haber sido sus testaferros. En ese debate, que sustancia el Tribunal Oral Federal 6, se analiza otra causa que se unificó: la compra de trenes chatarra a España y Portugal, donde también está imputado De Vido.

Sin embargo hay otro juicio oral que levanta más expectativas periodísticas: es el que tiene sentados en el banquillo a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Se trata de la causa que investiga si existió una defraudación al Estado por el otorgamiento de planes de facilidades de pagos para la firma Oil Combustibles y por la que López y De Sousa quedaron detenidos en diciembre de 2017, cuando se detectó que habrían intentado vender la empresa en problemas financieros. Esa supuesta venta, dijo en septiembre pasado, la jueza María Capuchetti nunca existió y por eso ordenó liberarlos.

Aunque siguen en el banquillo a la espera de que se esclarezca si, como dijo la AFIP durante la gestión anterior, no se pagaron 8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles, las defensas confían en poder revertir las acusaciones en base a un peritaje sobre los números fiscales, y con la vista puesta en la denuncia penal contra Macri que se radicó en instrucción.

Espionaje

El caso D’Alessio fue el ejemplo que usaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner para exponer cómo los servicios de inteligencia operan en causas judiciales. El caso tiene como cara visible a Marcelo D’Alessio, un hombre que se hacía pasar como abogado y tenía llegada al mundo político, periodístico y judicial. D’Alessio está preso. Buscó convertirse en arrepentido, pero el juez Alejo Ramos Padilla rechazó el acuerdo al que había llegado con el fiscal Juan Pablo Curi. La Cámara Federal de Mar del Plata tiene a su estudio la apelación por este tema. Los camaristas también deben analizar el procesamiento dictado contra el fiscal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro.

Causa Nisman

La defensa de Diego Lagomarsino pidió que se cite a declarar a todos los peritos que intervinieron en el caso, tanto los del Cuerpo Médico Forense como los de Gendarmería Nacional. Los primeros concluyeron que no estaban en condiciones de concluir si se trató de un suicidio o un homicidio o si hubo otras personas en la escena de la muerte y los de la fuerza de seguridad que Nisman había sido asesinado. El planteo se hizo el último día del año. Mientras tanto, el quinto aniversario por la muerte del fiscal Alberto Nisman llegó en medio de las repercusiones por un documental de Netflix sobre el caso y la decisión de la ministra de Seguridad Sabina Frederic de llevar adelante una auditoría sobre cómo fue la pericia de Gendarmería que estableció la hipótesis del homicidio. El fiscal Eduardo Taiano prepara pedir la elevación a juicio para los cuatro custodios del fiscal del caso AMIA, sin incluir a Lagomarsino.

Odebrecht

Hay por lo menos tres causas abiertas en Comodoro Py en donde se investigan los negocios de Odebrecht en la Argentina durante la gestión kirchnerista. Es que los responsables de esa firma, en el marco de la causa LavaJato, aseguraron que habían pagado coimas en diferentes países de Latinoamericana para tener concesiones. En la Argentina, dijeron, pagaron 35 millones de dólares. Más allá de los acuerdos vía la Procuración, las pruebas recolectadas en Brasil nunca llegaron.

Los expedientes analizan los negocios hechos por Odebrecht en la Argentina con Aysa, con los gasoductos y para el soterramiento con el ferrocarril Sarmiento. En este último expediente no sólo fueron imputados ex funcionarios de Planificación encabezados por Julio De Vido, sino también el primo de Mauricio Macri Ángelo Calcaterra.

El juez Sebastián Casanello, en el caso de Aysa, dictó los primeros procesamientos para ex funcionarios y empresarios, que fueron confirmados por la Cámara Federal. Se cree que si en breve llegan unos peritajes que solicitó, estará en condiciones de elevar la causa a juicio, revelaron a Infobae fuentes judiciales. El juez Marcelo Martínez De Giorgi, en tanto, lleva adelante el caso del soterramiento, había dictado en abril procesamientos por negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes para los principales exfuncionarios como De Vido, Barattta, Jaime, Schiavi, José López y Manuel Vázquez, y dictado la falta de mérito para los empresarios. La Cámara Federal anuló esa decisión por falta de fundamentación.

El caso de los gasoductos, en tanto, ya tiene una parte en juicio oral por incumplimiento de los deberes de funcionario, una decisión tomada por el juez Daniel Rafeca, mientras que el análisis sobre supuestos soborno está en trámite. Precisamente, por esa decisión, De Vido impugnó la candidatura de Rafecas a la Procuración.

Corte Suprema

No solo en Comodoro Py se esperan novedades. Además de la suerte que tengan las presentaciones de la defensa de la ex presidenta ante el máximo tribunal, en el cuarto piso del edificio de Talcahuano 550 quedó pendiente, según la agenda fijada por el máximo tribunal en 2019, una respuesta al entonces diputado y hoy canciller Felipe Solá contra el decreto del gobierno de Mauricio Macri que autorizó a familiares de funcionarios a acceder al blanqueo de capitales cuando la propia ley lo prohibía; y una resolución sobre si el Defensor del Pueblo puede representar a los jubilados en la Justicia de manera colectiva. Se trata de una acción de clase que lleva más de una década para representar a los integrantes de la clase pasiva. Y, de ser así, hacer oír el reclamo para que se haga extensivo la actualización de haberes del caso “Badaro”, que generaría un golpe a las arcas del Estado.

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