La AFIP finalizó este miércoles su alegato y pidió una pena de 8 años de prisión para Lázaro Báez por la causa conocida como “la ruta del dinero K”, donde se juzgan maniobras de lavado por alrededor de 60 millones de dólares. El organismo recaudador también solicitó penas para los cuatro hijos del empresario patagónico: Martín Báez (7 años y 6 meses), Leandro Baez (5 años), Luciana Baez (5 años) y Melina (4 años y 6 meses).

En el caso del arrepentido Leonardo Fariña, los abogados de la AFIP pidieron una pena de 6 años por entender que “su aporte no fue trascendental para el juicio”.

El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont también solicitó una condena de 7 años y 6 meses para el abogado Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín como coautores del delito de lavado de dinero, y de 7 años para Fabián Rossi.

La AFIP también pidió el decomiso de todos los bienes investigados y que se inicie una causa por falso testimonio contra varios testigos que declararon por la compra de un campo en Mendoza. Por ese caso, Fariña estuvo detenido dos años y 20 días. Recién fue liberado cuando ingresó al Programa de Protección de Testigos al declarar como arrepentido. En septiembre pasado, la Cámara de Casación decidió anular la condena.

Varios abogados que participan del juicio se fueron sorprendido por el monto de la pena solicitada para Lázaro Báez y la escasa diferencia con otras personas que tenían roles menores en la maniobra y recibieron penas de hasta 5 años.

La audiencia comenzó más tarde de lo previsto por un problema técnico con el aire acondicionado en la Sala AMIA, que obligó a mudarse a otro sala de audiencias en la planta baja de Comodoro Py, consignó Infobae.

La lectura del alegato se distribuyó esta vez entre los tres abogados que representaron a la AFIP en el juicio. En la audiencia anterior, el único orador había sido Luis González Ávalos. “La designación de Báez no fue azarosa, no fue fruto del Espíritu Santo. Todos sabemos que la designación tuvo que ver con aquella relación de amistad que tenía con quien fuera el entonces presidente, Néstor Kirchner”, fue una de la frases que sorprendió a todos los abogados.

La repercusión mediática generó una ola de rumores que llegaron hasta Comodoro Py, tal como reveló este medio. El lunes 10, dos días antes de retomar el alegato, ese abogado le mandó un mail a sus superiores para que ratifiquen o “rectifiquen” el rumbo del alegato. No habría recibido respuesta por esa misma vía.

El juicio continuará el próximo miércoles con el alegato de la Unidad de Información Financiera (UIF). Luego será el turno de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Fiscalía. De esa manera, no habrá sentencia antes de abril.

Lázaro se encamina a otro juicio por el campo en Uruguay

Mientras se desarrollaba el alegato de la AFIP en el tramo principal de la causa, la Sala II de la Cámara Federal confirmó los procesamientos, con prisión preventiva, de Lázaro Baez, el abogado Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín por la compra de un campo en Uruguay, un hecho que formaba parte de la “ruta del dinero K”.

Por ese campo, de 152 hectáreas, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños, publicó Infobae.

Por esta operación millonaria, Fariña también fue aceptado como arrepentido.

El juez Sebastián Casanello también había procesado a Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff Dávila, al financista Santiago Carradori, a Antonio Demarco, y a Osvaldo Guthux. La Cámara confirmó todos los procesamientos, pero decretó la falta de mérito para Demarco.

Con este fallo, todos los procesados se encaminan a un nuevo juicio oral por el delito de lavado de dinero.

Báez también tiene preventiva por la causa conocida como “M&P”, donde se investiga una maniobra para inyectar dinero en Austral Construcciones a través de otra empresa familiar. Durante la feria de enero, la Cámara de Casación rechazó el último pedido de la defensa para revocar esa medida.

En ese caso, Báez será juzgado junto a dos de sus hijos, Martín y Luciana, y otras 15 personas. La investigación arrancó en julio de 2016, a raíz de un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), con tres reportes de operaciones sospechosas (ROS).