La Oficina Anticorrupción (OA) renunció a ser querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, en donde están acusados la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia. Así se lo hizo saber por escrito el organismo, que dirige el ex fiscal Félix Crous, al Tribunal Oral Federal 5 que tiene en sus manos los dos casos para llevar adelante un único juicio, indicaron fuentes judiciales.

“El titular de este organismo ha decidido desistir del rol de querellante en la presente causa. Por lo tanto, se solicita a vuestras excelencias que se aparte a esta Oficina Anticorrupción de tal carácter, oportunamente asumido”, dicen dos escritos que se presentaron, uno en la causa Los Sauces y otro en la causa Hotesur, ante el TOF 5.

La decisión de la OA tiene un fuerte impacto político. Fue esa oficina, entonces liderada por Laura Alonso, en el gobierno de Mauricio Macri, la que más impulso la causa y ahora, con el regreso del kirchnerismo al poder y el fiscal Crous al frente, la que se baja.

El rol de la acusación en la causa Los Sauces y Hotesur, no obstante, sigue en manos de la fiscalía. Hay otra querella, la Unidad de Información Financiera, que habrá que ver si siguen los pasos de la OA. El caso está hoy en manos de los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg, publicó Infobae.

“Las razones por las que yo decidí desistir de ser querellante es que la Oficina nunca debió haber sido querellante en este caso”, afirmó Crous. “No entiendo muy bien por qué razón en su momento se constituyeron como querellantes. Y creo que los tribunales se equivocaron en aceptarlos como querellantes”, dijo. Además aseguró que hay otros casos de donde podrían bajarse de constituirse como querellantes, aunque no quiso precisar cuáles. Y opinó en los procesos judiciales termina habiendo múltiples acusadores públicos contra un “defensor solitario”.

Por lo pronto, en su resolución, la OA justificó su apartamiento de las causas con que “la facultad de esta Oficina de constituirse en querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional (art. 2°, inc. e). del Decreto PEN N° 102/99), se rige por los criterios de significación institucional, económica y social que condicionan su actuación”. Y remarcó la necesidad de “concentrar los limitados recursos humanos con que cuenta el organismo a casos más complejos, que demanden particular experticia en delitos de corrupción pública y de mayor actualidad”.

También explicó que los casos ya no están en etapa de investigación y que el debido impulso de la acción penal "se encuentra adecuadamente garantizado por la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano rector en materia de lavado de dinero, que actúa en carácter de querellante estatal, como así también por el propio Ministerio Público Fiscal, titular de la acción penal pública en representación del interés general de la sociedad".

"Es la propia UIF el organismo con autonomía y autarquía financiera a cargo del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos de origen ilícito (conf. Ley N° 25.246 y sus mod.), hipótesis delictiva que, precisamente, se ventila en las causas aludidas", se añadió.

Según se remarcó, "no puede soslayarse que los funcionarios de mayor jerarquía y experiencia que integran la Dirección Nacional de Litigio Estratégico, se encuentran afectados a múltiples juicios orales e intervienen en numerosas causas en que esta Oficina Anticorrupción, en el marco de su competencia específica (art. 1° del Decreto PEN N° 102/99) actúa como parte querellante, situación que exige concentrar los limitados recursos humanos con que cuenta el organismo a casos más complejos, que demanden particular experticia en delitos de corrupción pública y de mayor actualidad, sumado a la imposibilidad de ampliar la planta de profesionales en virtud a las disposiciones del Decreto PEN N° 132/20 sobre ‘Restricciones en materia de designaciones y contrataciones’”.

El caso Hotesur investiga el alquiler que realizaron las empresas de Lázaro Báez de habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner. Los hoteles eran gerenciados por la firma Hotesur, y la Justicia sospecha que esos cuartos permanecieron vacíos, pero se se simularon las contrataciones como una manera de facturar y de que ingresara dinero blanco a las arcas de los Kirchner.

A criterio de los investigadores, el dinero con el que Báez pagó era en realidad una devolución por los contratos viales que recibió de obra pública en Santa Cruz -algo que está siendo juzgado ahora en el debate oral de obra pública en donde Cristina Kirchner está acusada junto a Lázaro y los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Carlos Néstor Kirchner, entre otros-.

Fue la primera causa que se abrió en la Justicia cuando Cristina Kirchner aún era presidenta, por una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer. El caso estuvo en manos del juez Claudio Bonadio hasta que fue apartado de la causa. Se le asignó al juez Daniel Rafecas, hasta que fue apartado por la Cámara Federal y el caso fue sumado a la causa por asociación ilícita que había impulsado Elisa Carrió en 2008 y estaba en manos del juez Julián Ercolini.

Después, llegó el caso Los Sauces, cuando Cristina Kirchner ya había dejado de ser presidenta. Allí se investiga una maniobra similar a la de Hotesur, pero con el el pago de alquileres de inmuebles en Puerto Madero y Río Gallegos que realizaron Báez y Cristóbal López a la firma Los Sauces, de los Kirchner. El caso también estuvo en manos del juez Bonadio y fue denunciado por Stolbizer.

“Los hechos objeto de pesquisa se vinculan con una supuesta organización delictiva que habría funcionado durante el período comprendido entre el 7 de noviembre de 2006 y el 14 de diciembre de 2016, destinada a canalizar bienes de origen ilícito provenientes de las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo a través de la sociedad “Los Sauces S.A.”, a fin de otorgarle apariencia de legalidad”, describió la OA en su escrito.

La OA anunció que también desistía de ser querellante en la parte del expediente que investiga las maniobras presuntamente delictivas vinculadas con convenios y contratos suscriptos entre un grupo de empresas hoteleras que pertenecerían a la familia Kirchner y la firma Aerolíneas Argentinas S.A. Según la denuncia, se vendían paquetes turísticos a la ciudad de El Calafate, a través de los hoteles “Los Sauces”, “Alto Calafate” y “Las Dunas”, y se hospedaba a la tripulación de la línea aérea en los hoteles de la familia Kirchner. Esa parte de la investigación todavía está en instrucción y no había pasado a la etapa de juicio oral.

La hoy vicepresidenta considera que estas dos causas son una representación del “lawfare” en su contra. Incluso, acusó a los jueces de haber enfermado a su hija Florencia por la persecución judicial en su contra. Es que los hijos de la ex presidenta integraban el directorio de las empresas. Máximo, jefe de bloque de la bancada del Frente de Todos, porque ocupaba un rol en la administración de esas firmas durante los años en que sus padres ocupaban el Ejecutivo; Florencia, en tanto, porque tras la muerte de su padre, heredó parte del paquete accionario y cobró sueldos como directora de esas sociedades. En el caso Hotesur, además, Ercolini secuestró unos 4.6 millones de dólares que estaban en cajas de seguridad a su nombre en el Banco Galicia.

Apenas se conoció la noticia, Crous justificó la decisión tomada. En declaraciones a “Radio con Vos”, el funcionario aseguró que “el término investigación es equivocado” porque “esta investigación ya terminó y está en etapa de juicio”, y añadió que la OA “tiene una capacidad genérica de intervención”.

“Nuestra misión principal no es ser querellante en los juicios. Que es la que tratamos de reservar. La pata judicial de la OA es redundante. Estamos racionalizando nuestra intervención, el Estado ya tiene muchos representantes en los juicios. Esto es una deformación que tiene muchos años, que comenzó a fines de 80 en donde el Estado empezó a superponer los roles del fiscal. Y se encuentra que el Estado esta representado por el fiscal y múltiples organismos. Y hay una defensa solitaria, que viola la igualdad de armas. No hay que contribuir más a la deformación de los procesos judiciales”, aseguró.

¿La intención es bajarse de todas las querellas? “No, hay asuntos que nos esperan especialmente porque tienen un impacto para el erario o de altísimo impacto institucional. En esos casos, nos quedaremos”, dijo, aunque cuando le preguntaron en qué casos, no quiso adelantar la respuesta porque “estamos estudiando eso”.