El caso Canicoba, una operación que pone a prueba la palabra del Presidente

Canicoba Corral

El Consejo de la Magistratura define la situación del juez Canicoba Corral.

Por Carlos Pagni*

El oficialismo entró desde el fin de semana en un estado de excitación. La titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, pidió a la justicia federal que llame a declaración indagatoria a Gustavo Arribas, su antecesor durante la gestión de Mauricio Macri, por la presunción de que realizó intervenciones clandestinas en las casillas de email de dirigentes de la oposición y también de Juntos por el Cambio. El Gobierno corre el riesgo de poner de manifiesto, por el contexto en el que se realiza la presentación de Caamaño, una incoherencia que sería sorprendente.

Mientras lleva a la Justicia a Arribas, Silvia Majdalani y otros jerarcas del espionaje de la administración anterior, se prepara para indultar al juez que viene desistiendo de investigar un grupo de denuncias similares realizadas tres años atrás.

Ese juez es Rodolfo Canicoba Corral, quien mañana podría ser exculpado de los principales cargos por los cuales lo "investigaba" el Consejo de la Magistratura. El responsable político de esa gestión absolutoria fue hasta ahora Gerónimo Ustarroz. Es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo. Ustarroz, quien hasta esta tarde esta tarde creía contar con los votos para retirar la espada de Damocles del cuello de Canicoba, tiene un especial peso político porque es hermano de crianza del ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.

El caso Canicoba es el papel de tornasol más eficaz para determinar la consistencia del discurso institucional de todo el oficialismo. Desde las promesas de saneamiento judicial de Alberto Fernández, hasta las encendidas diatribas en contra de un supuesto lawfare que pronuncia Cristina Kirchner. También presenta una novedad.

Hasta ahora se sabía que la corrupción política obtenía de los tribunales federales un monto de impunidad gestionado por operadores judiciales. Con la "investigación" a Canicoba se agrega otro eslabón: los mismos operadores capturaron el Consejo de la Magistratura para ofrecer a los magistrados una dosis de impunidad adicional y cerrar así un círculo tenebroso.

Sobre Canicoba pesan cinco acusaciones: cobro de sobresueldos de la AFI en tiempos en se denominaba Secretaría de Inteligencia; incremento patrimonial, enriquecimiento ilícito, pedido de dinero a un imputado y viajes en aviones particulares de empresarios. La peripecia que siguió la "investigación" de estos cargos merece estar en un manual de procedimientos para proveer impunidad.

La primera responsable, la representante de los abogados Adriana Donato, confesó hace pocos meses que fue presionada para dormir el expediente. El caso pasó a manos de otro delegado del mismo sector: Juan Pablo Más Velez, vicerrector de la UBA que llegó al Consejo en una lista de la UCR confeccionada por el binguero, operador judicial de Macri y expresidente de Boca, Daniel Angelici. Más Vélez elaboró un dictamen en el que perdonó a Canicoba de todas las imputaciones, salvo de los viajes en aviones privados, que debería sortearse e indagarse por separado. Entre los numerosos defectos del trabajo de Más Vélez, el más importante fue haberse apartado del protocolo que el mismo Consejo siguió para estudiar y sancionar la conducta del juez Eduardo Freiler. Por ejemplo, en el expediente que desembocó en la condena de Freiler figuraban planillas con los pormenores de la evolución patrimonial del denunciado desde su ingreso a la Justicia. Con la misma vara, Más Vélez debería haber hecho esa reconstrucción de los activos de Canicoba y también de su esposa, Ana María Viviana Tejada, en cuyas actividades el magistrado justifica parte de su fortuna. Pero no lo hizo.

El consejero Pablo Tonelli, diputado de Pro, que fue el responsable de estudiar las declaraciones juradas de Freiler, pidió que se reúnan esas pruebas.

Cuando en noviembre del año pasado salieron a luz estas falencias, Más Vélez decidió retirarse de la Comisión de Acusación, dejando su lugar a su compañera de lista Marina Sánchez Herrero. Esta abogada radical pidió más tiempo para estudiar el caso. Sin embargo, el presidente de la comisión, el exradical, exanibalfernandista, exmassista y flamante kirchnerista Diego Molea, que es rector de la Universidad de Lomas de Zamora y representa a los académicos, se apresuró a someter a votación el dictamen de Más Velez. La noche anterior a que eso ocurriera, Más Vélez solicitó que se retirara su escrito absolutorio. Pero Molea no le hizo caso. Alegó que él lo hacía suyo y lo sometió a votación hace dos jueves. Por supuesto, votó a favor, igual que el representante del Poder Ejecutivo, Ustarroz; los legisladores kirchneristas María Pilatti Vergara, Vanesa Siley y Mariano Recalde; y el juez Alberto Lugones, presidente del Consejo. Los radicales, entre los que se incluye a Sánchez Herrero, enredados en intrascendentes argumentos procesales, se abstuvieron. La sesión fue desopilante. Se convalidó un texto repudiado por su propio autor, en una "investigación" calificada por su responsable de incompleta. Molea dijo que todo eso sucedía por "razones técnicas".

Igual que Más Vélez y Sánchez Herrero, Molea tiene un antiguo vínculo con Angelici, mediado por Alberto "Nacho" Biglieri. Con el paso de los días, sin embargo, se fue expandiendo la vergüenza. Ahora Molea y Sánchez Herrero cargan la culpa por lo sucedido en Andrés García, el secretario de la Comisión. Al parecer fue este burocrático abogado de Dolores el que no les hizo ver a tiempo que estaban exculpando de cargos graves, sin la necesaria investigación, a Canicoba Corral. De Alberto Olmedo.

Camino hacia el perdón

En su llamativa torpeza, Molea no pudo satisfacer del todo las instrucciones que recibió de Ustarroz, el garante final de que Canicoba quede libre de cualquier acusación. Se olvidó de que Más Vélez había dejado el cabo suelto de los innumerables viajes de Canicoba en jets particulares. Por esa hendija se podría iniciar una investigación patrimonial. La que Donato, Más Vélez y Sánchez Herrero no pudieron, no supieron o no quisieron realizar, por usar la fórmula de Raúl Alfonsín, el creador del Consejo de la Magistratura. Para salvar este error, algunos asesores de Molea imaginaban esta solución: como ya prescribió el cargo por supuesto cobro de sueldos de la ex Side, podría mandarse a archivar todo el expediente. Sería, de nuevo, por "razones técnicas".

Una de las peculiaridades que presenta el caso Canicoba es que consigue suspender la polarización entre kirchneristas y macristas. Los primeros en proteger al juez fueron, según infinidad de versiones, el extitular de la AFI, Arribas, y el binguero Angelici. Es decir, los principales gestores de Macri en los tribunales federales.

Angelici fue quien habría solicitado a Canicoba llevar preso al sindicalista Omar "Caballo" Suárez. La familia de Suárez lo acusó de pretender cobrar por mantenerlo libre. La reunión con Canicoba habría sido gestionada por Angelici en el verano de 2016, por teléfono, desde Punta del Este. Canicoba fue también quien se apresuró a sobreseer a Arribas por la acusación de un giro en negro de 700.000 dólares, vinculado al lava jato brasileño.

El encargado de garantizar la protección a "Rodi" Canicoba en el Consejo fue un delegado de Angelici: el representante del Poder Ejecutivo de la gestión de Macri, Juan Bautista Mahiques. Una versión muy fidedigna asegura que, frente a amigos del juez, Mahiques hizo hace un año y medio este reproche: "Rodi es muy desprolijo. Para hacerlo zafar tuvimos que dejar de lado la tarjeta de la mujer. Si la incluíamos en el expediente no le daban los ingresos para justificar los gastos". Mahiques es íntimo amigo de su sucesor, el camporista Ustarroz. Igual que de Wado de Pedro, quien asistió, en octubre pasado, a la asunción del angelicista Mahiques como jefe de los fiscales porteños. Compartieron su infancia en Mercedes. Es lógico: el amor por el terruño disuelve cualquier contradicción.

Sin embargo, lo más relevante es que el juez al que hoy el kirchnerismo pretende absolver a libro cerrado, es quien desistió hasta ahora de investigar las numerosas denuncias sobre espionaje clandestino de la AFI de Arribas y Majdalani, en contra de políticos opositores, oficialistas, periodistas, empresarios, jueces y sindicalistas. Hasta Lionel Messi figuraba como blanco de esos seguimientos.

Contradicciones insalvables

Para quien considere razonables las arbitrarias alegaciones de lawfare de la vicepresidenta, el comportamiento de Canicoba sería una prueba contundente en su favor. Si mañana se lo absuelve, el argumento del lawfare sólo servirá para animar las tertulias del Instituto Patria.

El perdón a Canicoba desafía al Presidente. Si se consuma, su promesa de terminar con una Justicia contaminada por el espionaje quedaría reducida a un artificio retórico. Hay muchas razones para intuir que Fernández no comparte lo que mañana planea decidir el kirchnerismo del Consejo. Entre ellas, una experiencia del ministro Claudio Moroni con el juez, que es mejor no recordar. Por eso el tratamiento que tenga el expediente que prevé tratarse hoy cobija, cifrada, la cuestión de la autoridad de Fernández en el campo de las instituciones, que es central para su contextura política. El problema es más complejo de lo que parece a primera vista.

Nadie supone que Ustarroz, Molea y los demás gerentes del kirchnerismo en el Consejo paguen el costo de absolver a Canicoba si no es para renovarle su cargo de juez federal una vez que cumpla los 75 años. Eso sucederá el próximo 29 de julio. El indulto esconde, por lo tanto, un anexo: el compromiso de que Fernández lo propondrá de nuevo ante el Senado para que siga ejerciendo la magistratura. En otras palabras: perdonarlo es postularlo.

La jugada podría ser acompañada por una de esas bromas que suele hacer la historia. Canicoba podría seguir ofreciendo a Arribas y Majdalani los beneficios de su desidia, que parece haberle suministrado hasta ahora. Bastaría con que reclame la causa que inició Cristina Caamaño desde la AFI con el argumento de que en su juzgado existen acusaciones preexistentes.

El curso que tome la denuncia de Caamaño contra sus antecesores depende también de una trama política. Una antigua versión, de fuentes más que fidedignas, afirma que el magistrado que debe investigarla, Marcelo Martínez de Giorgi, recibió la noticia de su nombramiento en el despacho que Antonio Stiuso ocupaba en la antigua SIDE.

Martínez de Giorgi tiene entre manos varias causas cuyo seguimiento era responsabilidad de Arribas. Entre ellas, la de Odebrecht, que involucra a Ángelo Calcaterra, y la de compra a Isolux del derecho a una explotación de energía eólica, que la familia Macri, asociada a Carlos Tevez y Guillermo Barros Schelotto, revendió al grupo Geneia.

Este último asunto es una de las pesadillas del expresidente. Martínez de Giorgi siempre tuvo la expectativa de que, por su tratamiento complaciente de esos casos, se lo ascendiera a camarista. Y que su esposa, Ana María Juan, fuera designada jueza federal en el conurbano. Macri perdió las elecciones y esos sueños quedaron sin cumplirse. A Martínez de Giorgi el transcurso del tiempo le ofrece una posibilidad inigualable: convertir en realidad sus fantasías, aceptando ser el verdugo de quienes las defraudaron.

(*Publicado en La Nación)

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