El abogado defensor de cinco imputados en la mega causa de los contratos truchos de la Legislatura, Emilio Fouces, presentó este lunes una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal solicitando que “se abra de manera urgente una investigación a fin de determinar quien o quienes han sido los responsables de este accionar contrario a derecho”. El letrado se refirió así al informe publicado en la última edición de la Revista ANÁLISIS sobre la causa que investiga los contratos “truchos” en la Legislatura entrerriana durante el período 2008-2018.

En una nota dirigida al Ministerio Público Fiscal, se refirió “en relación al grave hecho acaecido y respecto del cual se nos acaba de notificar la resolución emanada de esa fiscalía en el día de la fecha”, señaló, supo ANÁLISIS.

“Como abogado defensor en esta causa, y siguiendo precisas instrucciones de mis defendidos, debo manifestar que resulta llamativo y, a criterio de ésta defensa, inapropiado el accionar de ese MPF que es quien tiene la guarda y responsabilidad sobre el legajo donde obra agregada la información que, violando lo dispuesto por el art. 230 del CPP, ha sido entregado a un medio periodístico que no solo ha difundido y revelado identidades de entrevistados, fotografías y contenidos de entrevistas, sino que reproduce muchísima información obrante en el legajo y cuya publicación se encuentra prohibida por ley”, sostuvo.

Y agregó: “Que el responsable de este grave hecho, le ha ocasiona a mis defendidos importantes daños y perjuicios, además de violentar sus legítimos derechos de defensa y el debido proceso legal”.

“Por lo que solicito, dándole a la presente carácter de formal denuncia, se abra de manera urgente una investigación a fin de determinar quien o quienes han sido los responsables de este accionar contrario a derecho”, requirió en ese sentido.

Y añadió: “Asimismo solicito que con habilitación de días y horas inhábiles se dispongan y ejecuten las medidas necesarias a fin de asegurar y preservar las pruebas sobre el hecho en cuestión, que pudieran existir”.

Emilio Fouces solicitó a Fiscalía investigar la posible filtración de información de la causa contratos truchos de la Legislatura entrerriana, publicadas en el último número de la Revista ANÁLISIS.

Piden investigar cómo llegó la información a ANÁLISIS sobre los contratos “truchos”

“La Fiscalía es la primera que debería estar investigando”

En diálogo con el programa radial En el dos mil también (FM Nueva Litoral), Fouces explicó sobre el sentido de la denuncia que realizó: “Es tratar de poner un poco de racionalidad, equidad y, sobre todo, aplicación del Código de Procedimiento, que tanto se lo ha destratado en esta causa desde que inició”.

En ese sentido, confió: “Me sorprendí mucho el jueves con la publicación del semanario, lo compré, lo leí, quedé realmente sorprendido. Lo puse en conocimiento a mis representados y me pidieron que urgente tome las medidas que estaban a su alcance, porque lo que hace esa información es distorsionar en cierta forma lo que es la realidad de la causa y valiéndose de la violación de la reserva de información y de medidas probatorias que obran en el legajo, que está prohibido por ley que sea ventilado a la prensa”. Y acotó: “Quiero aclarar que no es nada contra la prensa que lo difundió, sino con la forma en que llegó a manos de (el periodista y director del medio, Daniel) Enz y de todo el grupo periodístico. Según el propio Enz son 2 mil y pico de horas de información, no es una foto que se sacó al pasar de un legajo, esto fue algo que se organizó. Ni los defensores tenemos esa información. Esto no es una simple filtración”.

Al respecto, se mostró molesto del comunicado difundido por el Ministerio Público Fiscal: “Esto lo que debería haber generado no es el comunicado que sacó Fiscalía del viernes a la mañana, que a raíz de ese comunicado es que decido hacer la denuncia. Un comunicado que pretende involucrarnos a los defensores y a la Fiscalía de Estado, que somos las tres partes, junto con ellos, que tenemos acceso al legajo, dando a entrever o dejándonos incluidos en los que podrían haber facilitado esa información”, advirtió. Y subrayó: “Por empezar, los defensores ni contamos con esa información, porque es producida por la Fiscalía en su legajo y bastante reticente ha sido a darnos participación; y, segundo, menos lo vamos a hacer cuando lo que se publica es todo en contra de los intereses y derechos de nuestros defendidos, y en un medio donde desde el principio ha tomado partido, desde el punto de vista periodístico, adjudicándole un hecho gravísimo a quienes representamos. Así que hay que desterrar de plano que eso haya salido de manos de un defensor”. Y sugirió: “Habría que preguntarle al fiscal de Estado, al doctor (Julio) Rodríguez Signes, si fue él quien le facilitó eso a Enz, y si no hay que averiguar en la Fiscalía”.

En ese punto, observó: “Hay que analizar a quién le beneficia volver a poner en el tapete una causa que está absolutamente empantanada, que no tiene un futuro muy prometedor para lo intereses de la acusación, y en determinado momento político”.

Al ser consultado por qué considera que se trata de una “causa empantanada”, apuntó: “Están trabajando desde noviembre un perito oficial del Superior Tribunal de Justicia, y peritos de partes, y no han podido determinar hasta ahora que haya un solo contrato falso, o trucho como le llaman ellos. Ahí está el primer problema”.

Y agregó: “Se está investigando una supuesta defraudación que significa 10 presupuestos de las cámaras para hacer contratos, y ninguna de las personas que estaban facultadas para firmar esos contratos está imputada”.

En ese punto, refirió sobre sus defendidos: “Uno es un contador que tuvo la mala suerte de compartir un espacio físico y gastos comunes, como es habitual en tantos estudios profesionales en la ciudad de Paraná, con dos personas que también están siendo sospechadas, no hay ninguna otra prueba en contra de este defendido mío”.

“Otro defendido mío era director de la administración de la Cámara de Diputados, era lógicamente quien firmaba los cheques y llevaba los expedientes, era su función. Está bien que lo hayan llamado pero no tenerlo 100 días preso y no haber llamado a los que firmaban por la parte contratante. Esos cheques eran consecuencia de un contrato en los cuales él no tenia nada que ver, los habían firmado un diputado con un contratado”, añadió. “Cómo van a tener a estas personas que acabo de nombrar imputadas cuando no está claro quién fue el que generó todo lo que ellos consideran que es un ilícito”, se preguntó.

Al ser consultado sobre si no se trataría de censura previa el pedido al semanario por parte del Ministerio Público Fiscal de que no difunda más información sobre esta causa, opinó: “Eso me parece una barbaridad, si la información la tiene el periodista. El periodista tiene la reserva de la fuente. El problema es que salga información de un expediente, un legajo, de semejante volumen de información, cuando la ley de procedimiento prohíbe que eso salga y que se le dé al periodismo”.

En ese punto, descartó que pueda implicar una nulidad de la causa: “Creo que no tiene nada que ver la nulidad de la causa, sí creo que habilita a investigar un hecho que está prohibido por ley; que causa perjuicio, en este caso a mis defendidos; que atenta contra su derecho a la defensa en juicio, contra su derecho a un debido proceso”.

Finalmente, indicó: “Considero que ese comunicado que saca la Fiscalía es haber minimizado una situación, es la primera que debería estar preocupada e investigando. Y no estar esperando que un abogado haga una denuncia, que encima me dijeron que la hice mal, que la tendría que haber hecho en otra oficina”.

“Se sirva abstener de divulgar datos”

A través de una nota enviada este lunes a Daniel Enz, los fiscales de la causa, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, le solicitan “que en caso de contar con el material que menciona en la publicación efectuada en el semanario `Análisis Digital´, bajo el título `Los videos de los contratos´(pag. 3 a 6), cualquiera sea el medio a través del cual las haya obtenido, en lo sucesivo se sirva abstener de divulgar datos de identidad, fotografías o cualquier otro tipo de circunstancia relacionada con la identidad de personas que eventualmente puedan intervenir como testigos en el plenario”.