El último informe central de la revista ANÁLISIS, que cuenta datos surgidos de más de 2000 horas de grabación de las testimoniales realizadas en la Fiscalía en el marco de la causa Contratos, dio origen a una denuncia presentada por uno de los defensores, Emilio Fouces, por entender que se violó el Código de Procedimiento Penal. El abogado consideró que se filtró material reservado sólo a las partes.

Más de 30 imputados y aproximadamente 2000 millones de pesos convierten a la causa que investiga la presunta desviación de fondos públicos mediante contratos fraudulentos en la Legislatura de Entre Ríos en una de las más relevantes de que se tenga memoria. ¿Puede la denunciada “fuga” de información derivar en pedidos de nulidad? ¿Sirve para algo la nota que dos fiscales dirigieron al director de Análisis, en la que le piden se abstenga de ahora en más de revelar datos personales sacados de los videos que dice tener? ¿Los cuestionamientos van solo contra quienes entregaron la información o también avanzan contra el periodismo por haberla publicado?

“Acá no se está cuestionando la libertad de información o la libertad de expresión. Son derechos constitucionales. Felicitamos al periodista que consigue el material y que lo da a difusión. Es su trabajo y está bien”. Tal la aclaración que Alejandro Canavesio, Presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, creyó oportuno formular de entrada, en diálogo con El Entre Ríos.

“Lo que preocupa a la abogacía del fuero penal -prosiguió Canavesio- es que acá se violó una norma procesal. Constituye una afrenta al ejercicio de la defensa, además de la violación al derecho del justiciable. Desde el Colegio queremos ser firmes y apoyar esta investigación y que se castigue a los responsables”, enfatizó.

La investigación a la que aludió es la solicitada por el abogado defensor Emilio Fouce, que pidió se logre dar con el responsable de la fuga de información que derivó en las revelaciones del último número de la Revista Análisis.

El actual titular del Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER), Alejandro Canavesio, alertó que la “filtración” en cuestión “pone en riesgo la propia investigación mayor porque se pueden producir cuestionamientos que hacen a la defensa de los investigados”.

Aprovechó para denunciar que no es la primera vez que ocurre. “Esto se repite reiteradamente en otras causas, con mayor o menor difusión a través de los medios masivos de comunicación. Merece una charla con la Sala Penal, con el Ministerio Público Fiscal, para ver que estas filtraciones no se produzcan. Es como se dice en la jerga: hay topos que producen estas fugas que ponen en riesgo la investigación”.

“El problema no está en la información que dan ustedes -reiteró Canavesio-. La libertad de expresión, la libertad de información están en la Constitución y todo tiene un mismo rango constitucional, tanto ese derecho que tiene el investigado, el justiciable, como el derecho del periodista a tener la fuente que tenga -que no tiene que revelar su nombre- y publicar lo investigado. La cuestión es que de adentro se está produciendo una violación a una norma que está vigente. Nadie puede tener acceso a la información más allá de las partes”.

La “fuga” y el MPF

Canavesio consideró que ante esa “fuga” de la que habla, debió reaccionar actuando de oficio el Ministerio Público Fiscal. “Tendría que haberse dado cuenta inmediatamente. Tratándose de una causa importante, tendría que haber reaccionado tras ver la publicación e investigar de oficio lo ocurrido, porque esa respuesta que da el Ministerio Público Fiscal diciendo que todos los abogados tenían acceso al expediente, hay que tomarla con mucho recaudo, porque si bien se pone a disposición, se retacea mucho. Esto es lo que me dicen los penalistas, que la información no la obtienen inmediatamente. No es que uno pide tomar vista y al día siguiente le dan el expediente y los CD para ver las testimoniales y demás. Esto tiene un proceso, más en época de pandemia, donde hay ciertos protocolos que cubrir. No se produce automáticamente y lleva un plazo. Esto de tirar el córner para ver quién toma la pelota, me parece que el Ministerio Público Fiscal en ese sentido, decir que son muchos los que tienen acceso, no justifica que esta información se haya filtrado”.

Resaltó que entre quienes posiblemente hayan filtrado la información están los propios abogados defensores, el Ministerio Fiscal y también la Fiscalía de Estado. “Y todos los empleados que están con el expediente en la Fiscalía”, acotó.

La nota de los fiscales

Canavesio opinó la nota que recibió el periodista Daniel Enz (autor del informe en cuestión) de parte de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, que le piden se abstenga de aquí en más de divulgar datos de identidad, fotografías o cualquier otro tipo de circunstancia relacionada con la identidad de personas que eventualmente puedan intervenir como testigos en el plenario.

 “Es protegerse la Fiscalía de algún error que se ha cometido en la propia Fiscalía, esta filtración de la que estamos hablando. Ahora bien, en la persona de Daniel Enz, haber recibido eso le debe haber producido indiferencia, porque si él tiene el material, está protegido constitucionalmente y a ese material lo puede dar a difusión. Que un fiscal le diga que no revele datos personales me parece que no corresponde en este contexto en el cual se ha dado. Ha hecho ya varias revelaciones, o sea que está actuando la Fiscalía sobre hechos consumados. Lo que tiene que quedar claro es que acá se ha producido una violación a una norma procesal al filtrarse cuestiones susceptibles de perjuicio hacia los justiciables y su derecho a la defensa y que lamentablemente se han dado a difusión. Pero esta difusión no está mal hecha, porque eso se ha obtenido lícitamente. Yo no creo que se haya producido algún ilícito para obtener el material. Todo lo contrario. Lo han obtenido en el marco de una investigación y está perfecto”, aclaró.

Para Canavesio, el ilícito estaría en quien suministró esa información que debía estar a resguardo. “Eso es lo que se tiene que investigar y dar seguridad a todos, para este proceso y para todos los procesos”.

“Sí se podrían dar procesos de dilación, dilatorias que pidan que se investigue, y que se desvíe el objeto principal de la investigación. Son estrategias que utilizan los profesionales, pero no creo que vaya a caer la causa por esta cuestión”, consideró.

Por último, aprovechó para deslizar un cuestionamiento al actual sistema penal entrerriano, al entender que los abogados defensores quedan relegados en su participación: “Antes había un juez de instrucción y trabajaba de otra manera -recordó-. Ahora hay un fiscal que tiene la potestad de investigar y no dar participación. Los abogados estamos muy en el observatorio, la vemos desde arriba. Esto es para revaluar el código de procedimiento y la actuación que tienen los fiscales en las distintas causas”, concluyó.