Los abogados de los imputados en la causa conocida mediáticamente como “Sueño Entrerriano” pidieron la suspensión del juicio oral que está previsto iniciar el 18 de agosto próximo. Entre los principales acusados se encuentra el exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, informó Entre Ríos Ahora.

Además, los letrados rechazaron la propuesta del Ministerio Público Fiscal por el cual se pretende que las audiencias se realicen a través de un sistema mixto por la pandemia, con asistencia presencial y virtual de los acusados.

La megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

El lunes, cuando se reactivó la actividad judicial en la provincia luego de la feria, la Fiscalía pidió a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial que por su intermedio se pida a los acusados que respondan en 72 horas si asistirán al juicio o lo seguirán por Internet.

Las audiencias del juicio están fijadas para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de agosto y 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 22, 23, 29 y 30 de septiembre a las 9 en el Salón de Audiencias N°1 en los Tribunales de Paraná.

El plazo para responder se cumplió el miércoles al mediodía. La respuesta de los defensores fue en contra de realizar el juicio en el marco de la pandemia y apelaron a una Acordada del Superior Tribunal de Justicia, que reglamenta qué audiencias pueden realizarse en este período especial.

Consultado al respecto, el abogado Emilio Fouces, que defiende al exministro de Turismo Hugo Marsó y al empresario Gerardo Daniel Caruso, explicó la posición que presentaron ante la OGA, organismo que debe definir si el juicio se suspende o no.

“Antes de la feria judicial el Ministerio Público Fiscal presentó una propuesta para llevar adelante el juicio de una manera disparatada, con videoconferencia y testigos que deben venir de otros lugares”, señaló.

Al respecto, planteó que “hay tres de los imputados que no pueden venir porque viven afuera; y de los 150 testigos hay como 50 que son de Buenos Aires. Tienen que llegar a Paraná y hacer 15 días de cuarentena; después ir al juicio, declarar y volver a Buenos Aires y volver hacer la cuarentena”.

“La verdad es que es disparatada esta propuesta y por supuesto todos los abogados defensores nos opusimos porque coarta el debido proceso y el derecho de defensa”, confirmó Fouces.

“Con mis defendidos –añadió- hace 6 meses que no hablo más que por teléfono. Marsó vive en Colón y Caruso en Buenos Aires. A mí es a uno de los que más afecta esta situación. Cuando se reactivó la actividad judicial, nos corren traslado de la propuesta de Fiscalía y nos dan 72 hora para contestar. Por supuesto todos los abogados defensores nos oponemos”.

Finalmente, recordó la resolución del Superior Tribunal de Justicia para que el debate sea suspendido. “El planteo de Fiscalía es contrario a la Acordada del STJ sobre cómo manejar el tema de los procesos penales en cuarentena. Expresamente el Superior Tribunal dice que no se va realizar ninguna audiencia salvo que sea un delito de género o que el imputado esté privado de su libertad con prisión preventiva. Este caso no encuadra en ninguna de esas dos excepciones. Yo creo que se va a suspender porque es contrario a la reglamentación del Superior”.

“Nuestro planteo debe resolverlo la OGA. Calculamos que van a tomarse 72 horas para resolver”, cerró.

Acusados

En la megacausa están acusados el exgobernador y actual embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; el exministro de Turismo Hugo José María Marsó; Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.

Cabe recordar que en este caso, para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión. Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.