A días de que se cumplan los 25 años de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero -dejó siete muertos, 300 heridos y una parte de la ciudad destruida- el Tribunal Oral Número 2 de Córdoba resolvió elevar a juicio oral y público la causa que involucra al expresidente Carlos Saúl Menem. Las audiencias comenzarán el 24 de febrero a las 9.

El proceso complementará al que se ejecutó en 2014 y terminó con las condenas a los exmilitares que ocupaban cargos jerárquicos al momento de las explosiones: Edberto González de la Vega, Carlos Franke y Jorge Antonio Cornejo Torino fueron condenados a 13 años de prisión, en tanto que Marcelo Diego Gatto recibió la pena de 10 años en todos los casos por el delito de "estrago doloso agravado por la muerte de personas".

Menem no fue parte de ese proceso ya que había sido beneficiado por la Cámara de Apelaciones de Córdoba con una falta de mérito. En 2013 el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, procesó al expresidente. Para Ochoa, en esa planta se concentraba el armamento que enviaban los cuarteles del Ejército antes de ser contrabandeado a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995 y en la explosión se intentó eliminar pruebas del contrabando en momentos en que la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires avanzaba en la investigación de ese delito. Sin embargo, posteriormente la Cámara anuló la decisión en beneficio del expresidente.

En agosto de 2017 la Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento e hizo lugar por mayoría, a los recursos de apelación que habían puesto el fiscal general Javier De Luca y el querellante, el abogado Ricardo Monner Sans, reseñó La Nación.

Hace dos años confirmó el procesamiento; los camaristas modificaron el carácter de participación que se le atribuía y lo fijaron como "autoría mediata". Recomendaron la "pronta elevación a juicio". El día de esa resolución el ya senador presentó en el Congreso su libro, "Mi vida y mi historia política". Lo hizo junto al entonces jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto.

Como se trata del mismo proceso que terminó con la condena de los militares, la imputación es "estrago doloso agravado por la muerte de personas". Las querellantes son las hijas de Ana Elba Gritti, fallecida en 2011. Su esposo, Hoder Dalmasso, murió el día de la explosión.

Gritti murió en 2001 sin conocer el fallo de la Justicia que afirma el "pleno convencimiento de que se trató de un atentado provocado de modo intencional, organizado y direccionado para lograr el ocultamiento de pruebas sobre el contrabando de material bélico y la consiguiente impunidad de sus autores y cómplices".