En uno de los Poderes del Estado donde mayor presupuesto se maneja y con un nivel de opulencia salarial incomparable al del resto de los trabajadores estatales, el 95% de los recursos se destina a salarios y solo el 5% queda para las cuestiones operativas. Esta puede ser una de las razones por las que el déficit de infraestructura es un tema recurrente.

Oficinas improvisadas, empleados hacinados, alquileres millonarios que se pagan durante años en propiedades que quedan abandonadas, son algunas de las situaciones que se repiten en los Juzgados Federales de la provincia, al igual que los anuncios sobre compras e inicio de obras que nunca se cumplen.

La necesidad de desarrollar un plan estratégico y la creación de una Superintendencia por parte del Consejo de la Magistratura que atienda esta problemática de una Justicia que funciona sin estructura, son los temas de este informe especial del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).

En 2019 se declaró la emergencia edilicia y tecnológica en dependencias del Poder Judicial de la Nación.  En materia edilicia tiene como finalidad “atender prioritariamente las deficiencias de las instalaciones existentes y llevar a cabo la programación de las obras de construcción, refacción, remodelación y/o ampliación de los inmuebles, teniendo en cuenta las necesidades edilicias y las pautas de higiene y seguridad del trabajo, en miras de lograr un eficaz servicio de justicia”.

“En materia tecnológica, tiene como fin efectuar acciones que permitan el correcto funcionamiento de los sistemas y equipos informáticos, como así también la modernización tecnológica del servicio de justicia”, se aseveró desde el Consejo de la Magistratura.

De este modo, se autorizó a la Oficina de Administración y Financiera a contratar los servicios, bienes u obras necesarias y previa autorización de la Comisión de Administración y Financiera, se podrá utilizar el procedimiento de contratación directa por urgencia (compulsa abreviada por urgencia) o de aprobación de gastos.

Nada de esto se puso en práctica en Entre Ríos.

“Entre Ríos es uno de los casos paradigmáticos”

El secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, analizó la realidad específica de la Justicia Federal de la provincia en una entrevista con Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).

En ese marco, rememoró que “hace dos años que venimos insistiendo en la necesidad de que se decrete la emergencia judicial porque la situación edilicia, del sistema de gestión informática y de la planta de personal hace que la justicia nacional prácticamente no pueda funcionar como debiera hacerlo un Poder tan importante del Estado. Sobre esto hemos trabajado muchísimo y en octubre del año pasado el Consejo de la Magistratura finalmente declaró la emergencia judicial”.

Afirmó que “Entre Ríos es uno de los casos paradigmáticos” y como ejemplo mencionó que “en materia edilicia, en el edificio de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná se cayeron los cielorrasos, uno cayó entero sobre el escritorio del presidente de la Cámara de ese entonces, (Mateo José) Busaniche lo cual no fue un desastre porque ocurrió a las 6 de la mañana, si hubiera sido unas horas más tarde estaríamos lamentando la muerte de un camarista federal”.

“En el edificio de calle 25 de Mayo están atestados, hay dos Juzgados Federales que funcionan allí. La gente de mantenimiento ha hecho maravillas adatando pequeñas piecitas, las mesas de entradas están en los pasillos, el despacho hasta hace poco del juez del Juzgado 2 era una vergüenza. A eso se le suma el Tribunal Oral”, describió.

Ante ello, el dirigente planteó que “hay un predio muy importante que está ubicado justo enfrente, que fue cedido a la Justicia que era del Ejército argentino y que permitiría un plan para hacer una verdadera judicial federal de Paraná, porque ahí podrían estar los Ministerios Públicos, los Juzgados, los Tribunales Orales, las Unidades Fiscales, todos juntos, y hasta la Secretaría Electoral, lo que permitiría vender el edificio que actualmente ocupa en calle Urquiza con el valor inmobiliario que tendría eso, con lo cual habría una recuperación económica”.

No obstante, cuestionó que “sin un plan estratégico no avanzamos ni en Paraná ni en ningún lado” y planteó que “hace un tiempo había empezado una obra para hacer los archivos y la empresa –en una suerte de complicidad con las decisiones del Consejo de la Magistratura- hizo una mala obra, que dejó sin terminar y prácticamente rompió y no construyó nada”.

A ello, agregó “el desastre que es Concepción del Uruguay, porque donde funcionaba el viejo Juzgado que está en calle Galarza 614 se sumaron los dos Juzgados en el mismo edificio y también el Tribunal Oral Federal, para el cual usaron las habitaciones de servicio del edificio y los empleados están apiñados en una cocinita. Es patético, es el peor Tribunal Oral Federal del país”.

“También sucede con el nuevo Juzgado Federal de Concordia, donde había un comodato que se cayó por la dejadez, se pudo reactivar y habría una posibilidad de que se ponga en marcha. Hay un disparate porque ya se está terminando el concurso para el Juzgado Civil de Concepción del Uruguay y ya fue nombrada la jueza de Concordia que quedaría colgada de la palmera. Además, habría que abrir de una vez por todas el Juzgado Federal de Victoria y la malversación que se hace en materia de alquileres no solo pasa en esta ciudad sino con muchos edificios de la Ciudad de Buenos Aires que han estado alquilados por años y algunos todavía hoy son ocupados solo parcialmente lo que demuestra una falta de criterio y de planificación”, describió.

“Está claro que la voluntad con que se trabaja en la jurisdicción federal de Entre Ríos es mérito de los trabajadores judiciales, y de los magistrados y fiscales”, sentenció.  

La clave: “Falta un plan estratégico”

Piumato resaltó que “Entre Ríos no tiene una Intendencia para encargarse de todos los edificios de la Justicia Federal de la provincia. Hace años que desde la Cámara y desde el sindicato estamos reclamando esto al Consejo de la Magistratura y no se forma la Intendencia, que es tener la gente competente, organizada, encargada, con funciones y materiales para –por lo menos- mantener lo que se pueda de lo que hoy está funcionando.  Algo tan sencillo como eso, tampoco se consigue y eso no es por la pandemia”.

Aunque marcó que “hay un arquitecto que lo hace de hecho”, cuestionó que “no está organizada la función como hay en casi todas las Cámaras del país”. “Tiene que haber una Intendencia que establezca los requisitos, si hay albañiles, electricistas, plomeros, todo lo mínimo para mantener el funcionamiento de la actividad judicial”, reclamó.

Consultado por los motivos de esas falencias, analizó que “los Consejos de la Magistratura cambian permanentemente, porque cambian las relaciones de fuerza o las personas y a veces duran solo dos años en vez de cuatro, y vienen con las preocupaciones de su función en el Parlamento y de sus provincias en función de la política, es decir que poco interés y poco esfuerzo le dedican a la tarea de administrar el Poder Judicial de la Nación. Hay una improvisación en el Consejo y por eso hace falta un plan estratégico que sí o sí tiene que ser dirigido por la cabeza del Poder Judicial que es la corte Suprema de Justicia”.

Como ejemplo, señaló que “en los últimos años no se ejecutaron las partidas de obras, porque habida cuenta de la inflación y la lentitud de las licitaciones, cuando salían las licitaciones a las empresas no les convenía y abandonaban las obras o pedían desmesuradas actualizaciones. Por esto no se ejecutaron en los últimos años las partidas que estaban previstas para construcciones”.

Ante ello, planteó que “una vez terminadas todas esas obras el ahorro brutal que tendría la Justicia sería impresionante porque tiene un montón de alquileres que dejaría de hacer y bienes que son valiosísimos”. 

Tres ejemplos entrerrianos

En Paraná la obra de refacción y restauración del ex edificio del Comando de la Segunda Brigada Blindada ubicado en calle 25 de Mayo N°233 está paralizada desde hace varios meses.

La Memoria Anual 2019 del Consejo de la Magistratura de la Nación indica que “con respecto a infraestructura, se previó la ejecución de un plan de obras distribuidos en todo el país, donde se priorizaron los proyectos sobre edificios en estado crítico y aquellos fijados como prioritarios por cada Cámara. Es así como se destaca la programación de obras de construcción, conservación y adecuación de edificios”.

Y agrega que para el ejercicio financiero 2020 se finalizarían trabajos en Juzgados de distintas partes del país, incluida la remodelación y ampliación de edificios de los Juzgados de Paraná.

No obstante, en el mismo documento se señala que por el trabajo de Fiscalización de la Comisión de Administración y Financiera “en función del control de legalidad ejercido, la Comisión intervino en las rescisiones de diferentes obras  públicas”. Entre ellas, “se rescindió el contrato que comprendía los trabajos de remodelación y ampliación de edificio ubicado en la calle 25 de Mayo Nº 233, Paraná, Entre Ríos, para instalar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, los Juzgados Federales N° 1 y 2 y el Centro de Cómputos del asiento, con la aplicación de multas”.

Concordia

El Juzgado Federal de Concordia es otro ejemplo de las leyes que no se cumplen, o que se cumplen a medias. El 29 de septiembre de 2010 se sancionó la ley que creó “un Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos” el cual “funcionará con dos Secretarías”.

Asimismo, se creó “una Fiscalía y una Defensoría Pública Oficial, las que tendrán a su cargo el Ministerio Público y de la Defensa” y “los cargos de magistrados, funcionarios y empleados para el Juzgado y el Ministerio Público”.

Se determinó en la norma que “el tribunal que se crea, tendrá competencia territorial en los Departamentos de Concordia, San Salvador, Federación, Federal y Feliciano, de la provincia de Entre Ríos, quedando así modificada por desmembramiento la competencia del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay”.

Asimismo, se dispuso en la ley que “los recursos necesarios serán incluidos en el Presupuesto General para la Administración Pública con imputación al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público, a partir del próximo ejercicio” y se indicó que “el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia comenzará a funcionar en el término de 180 días contados desde la sanción de la ley de presupuesto mencionada en el artículo anterior”.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación adoptarán las medidas necesarias para la instalación de dicho Juzgado y el Ministerio Público y para el cumplimiento de los demás efectos causados por su creación”, se dispuso.

En 2015 se designó a María Josefina Minatta como fiscal, quien se desempeña interinamente en Concepción del Uruguay, en 2017 se designó a Mauricio Gabriel Zambiazzo como defensor, y en 2018 juró como jueza Analía Ramponi.

Sin embargo, aún no hay un edificio en condiciones para que este Juzgado comience a funcionar.

En 2017, la Municipalidad de Concordia con el entonces intendente  Enrique Cresto a la cabeza, cedió en comodato al Consejo de la Magistratura parte del edificio del ex Policlínico Ferroviario, ubicado en calle Carriego 274, y los técnicos del organismo nacional elaboraron un anteproyecto para la remodelación del inmueble de dos plantas y con una superficie total de 1.226,97 metros cuadrados.

La ejecución de la obra corría por cuenta de la Municipalidad de Concordia con un presupuesto estimado de  22.493.418,31 pesos a octubre de 2019, que asumiría el Consejo de la Magistratura. Se estipuló que la empresa contratada tendría 120 días para realizar los trabajos.

El convenio para dar comienzo a las obras se firmó en junio de 2020 y a esa fecha ese presupuesto  había quedado muy desactualizado por los incrementos de muchos de los insumos, como el ascensor y todo el sistema de aire acondicionado y energía eléctrica, por lo cual se planteó la posibilidad de comenzar la obra de albañilería y rever los ítems en cuestión pero el Consejo de la magistratura sugirió que se haga un nuevo análisis de precios del total de la obra y reconsiderar una adenda al convenio original, lo cual se está efectuando en este momento”, indicó a Cuestión de Fondo, la secretaria de Desarrollo Urbano del municipio, Mireya López Bernis.

Ante ello, explicitó que “la obra no se inició y estamos a punto de enviar todo el análisis de costos para que se apruebe la adenda”. “Estimo que en este mes de noviembre ya se va a resolver porque ya se adelantó la cuestión enviando notas al Consejo de la Magistratura pidiendo la aceptación de la adenda, la cual se aceptó pero hay que enviar todo el informe y análisis completo”.  El nuevo presupuesto superaría los 44 millones de pesos.

Sobre el estado del edificio, indicó que “el edificio ocupa casi toda la manzana, que es patrimonial porque es de una época racionalista y todo eso se tuvo en cuenta a la hora de refuncionalizar y poner en valor el edificio”. “Hoy en un ala del edificio funciona la Secretaría de Salud municipal y el Juzgado estaría en otra ala del edificio con planta alta donde estará la parte administrativa, y planta baja, donde se ubicará la sala de audiencias, el depósito de elementos secuestrados, informática”, detalló.

Informó además que “se está analizando la posibilidad de habilitarle un sector de la planta baja que está bastante bien de estructura y no necesita tanta obra para que pueda comenzar a funcionar el Juzgado, aunque sea en parte. La jueza designada lo está evaluando pero el Consejo de la Magistratura lo tiene que aprobar”.  

Victoria

Un ejemplo similar al anterior es del Juzgado Federal de Victoria, que fue creado por ley en 2004 pero nunca fue habilitado.

El concurso para la designación del juez que estaría a cargo culminó el  7 de junio de 2018, fue aprobado por el pleno del Consejo de la Magistratura y elevada la terna al Poder Ejecutivo en el mismo día. El primer lugar de la terna recayó en Eduardo Ferreyra.

En una entrevista de junio de 2018 el entonces presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, aseguraba a Paralelo 32 Victoria que “la habilitación del Juzgado la realiza la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en este caso no existirán inconvenientes cuando el juez o jueza se encuentre designado”. También consideró como “muy probable que el Juzgado pueda ser puesto en funcionamiento este año”. “La previsión presupuestaria es importante, pero igualmente si así no lo estuviere, se puede proceder a la reasignación de partidas”, aclaró.

Sin embargo, nada de ello ocurrió. Durante la gestión de Néstor Kirchner en 2010, el Consejo de la Magistratura, alquiló un inmueble en calle Sarmiento 631. Se realizó una inversión superior a 1,5 millones de pesos y pusieron todo en condiciones para que pueda funcionar. En julio de 2012 la empresa contratista entregó el final de obra. Posteriormente enviaron el mobiliario que quedó depositado en las oficinas y desde hace nueve años se sigue pagando el alquiler.

También durante el gobierno de Mauricio Macri se enviaron pliegos de defensores, se llamó a concurso para nominar un juez y se había designado un fiscal que ganó por concurso, pero nada de ello logró la puesta en marcha del organismo.  

En noviembre de 2019 un camión cargó todo el mobiliario del Juzgado Federal de Victoria para llevarlos al Juzgado Federal que se habilitó en Gualeguaychú y que comenzó a funcionar el 6 de diciembre de ese año. Otro paso atrás de un proyecto que espera su concreción desde hace 16 años.

La ley de creación

La Ley N° 25.862 promulgada el 14 de enero del 2004 y publicada en el Boletín Oficial creó un Juzgado Federal de primera instancia con asiento en Victoria el cual contará con dos secretarías y toda la infraestructura necesaria para desarrollar sus funciones. En la norma se establece que el mismo tendrá competencia sobre los departamentos de Victoria, Gualeguay, Tala y Nogoyá, quedando así “modificada la competencia por desmembramiento del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Paraná”.

Además de un juez, los cargos que tendrá el Juzgado Federal incluyen  un fiscal, un defensor,  dos secretarios de Juzgado, dos prosecretarios administrativos, también personal administrativo y técnico, un jefe de Despacho (habilitado), un oficial mayor notificador, dos oficiales archivistas), dos escribientes, dos escribientes auxiliares, y personal de servicio.