La Unidad de Información Financiera (UIF) dio a conocer a través de un comunicado que fue aceptada como parte querellante en el expediente que investiga los incendios en las islas de Victoria que se tramita con el número CPE 840/2020 en el Juzgado Federal de Paraná Nº 1, Secretaría Criminal y Correccional Nº 1 a cargo de Leandro Ríos, pero que al excusarse fue reemplazado por el subrogante a cargo del Juzgado Nº 2, Daniel Edgardo Alonso, quien lleva el caso en el fuero civil en la denominada causa ambiental. 

En este expediente de referencia se investiga la quema intencional de pastizales en el Alto Delta del Rio Paraná y otros delitos, como la obstaculización del tránsito y la comunicación, también “la presencia del delito de asociación ilícita calificada (Art. 210 bis CPNA) con la finalidad de llevar adelante dichos incendios”, se apuntó.

Esta participación y “vista de las actuaciones” de la UIF se solicitó al juez Alonso el pasado 1 de septiembre, informó ERA Verde. En la misma se pidió “copias digitalizadas de las actuaciones” del expediente iniciado a raíz de determinar si se cumple con la medida cautelar dictada por este mismo magistrado para proteger los humedales de las islas

La UIF “trabaja con la hipótesis de que detrás de la quema de pastizales en el Alto Delta del Rio Paraná subyace la presencia del delito de lavado de activos, en tanto y en cuanto dichos focos ígneos fueron intencionales y tuvieron por finalidad la creación de beneficios económicos de índole agrícola, ganadera o inmobiliaria”, se sostuvo. Se señaló además “que esto generó un plus valor económico delictivo que provocó el aumento del precio de las propiedades incendiadas en beneficio de sus titulares, enmascarado en la simulación de un simple hecho de la naturaleza”.

Asimismo, ante la “imposibilidad de una vinculación clara, hasta la fecha, entre la motivación agro-ganadera y el actuar de los investigados, la UIF planteó una nueva hipótesis investigativa tendiente a analizar que muchos de los propietarios poseen sus terrenos intrusados e intentan venderlos hace por lo menos tres años. En consecuencia, se solicitaron medidas investigativas que permitan establecer estos vínculos”.

De esta forma la intervención de la UIF busca reencausar la pesquisa bajo una perspectiva económica que direccione el análisis hacia el provecho ilícito buscado a través de estos delitos ambientales, y orientando la lucha contra el lavado hacia los delitos precedentes, conforme a los nuevos lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) quien en un plenario de junio de 2020 señaló “la intención de profundizar las investigaciones del lavado de activos proveniente de delitos ambientales”.

Fuente: ERA Verde