Análisis de los modus operandi. Estudio en profundidad de la información que surge de las filmaciones de las cámaras de seguridad. Búsquedas en redes sociales de datos que pueden ser clave para avanzar en una investigación y lectura minuciosa de todas las fojas de los expedientes para no dejar de lado ningún detalle relevante. Con esos métodos, entre otros, en tres años de trabajo, un equipo especial de funcionarios y empleados judiciales logró identificar a 3450 sospechosos que figuraban en las causas como NN. Ahora, el mismo grupo, tendrá un nuevo desafío: colaborar con fiscales en la persecución de los prófugos y rebeldes de la Justicia.

Así lo resolvió el procurador general interino, Eduardo Casal, al disponer que la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), a cargo de José María Campagnoli, “colabore en las investigaciones criminales y correccionales con personas declaradas rebeldes, con órdenes de captura vigentes o averiguación de paradero, a fin de proponer medidas de prueba tendientes a lograr su ubicación cuando el fiscal nacional en lo criminal y correccional interviniente en el caso así lo requiera”.

Fuentes judiciales informaron al diario La Nación que, hasta febrero de 2019, según el Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas que funciona en la órbita de la Dirección del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación, había 46.982 personas prófugas o declaradas rebeldes de la Justicia. Aunque, aclararon, esa base de datos puede estar “sucia” y con datos de sospechosos que ya “no reportan interés” o que ya no están en la “lista de buscados”.

La decisión de Casal, según se desprende de la Resolución 88/20 de la Procuración General de la Nación (PGN), se tomó después de un pedido hecho por Campagnoli, quien además de la Ufecri conduce la fiscalía descentralizada de Núñez-Saavedra.

Según se desprende de la resolución de la PGN, Campagnoli le pidió a Casal una propuesta de ampliación de las competencias de la Ufecri al solicitar una autorización para realizar un análisis de la “información relativa a las personas imputadas en procesos penales que han sido declaradas rebeldes o a cuyo respecto rijan órdenes de captura o averiguaciones de paradero, a fin de proponer las medidas necesarias para lograr su ubicación y comparecencia ante los jueces”.

Casal, según explicó en la citada resolución, entendió “conducente” ampliar las funciones de la Ufecri “a fin de aprovechar los recursos humanos y técnicos existentes, así como para instrumentar acciones eficientes que mejores la respuesta institucional en las investigaciones que registren personas en cualquiera de las situaciones antes descriptas (con pedido de captura, declaradas rebeldes o cuyo paradero es desconocido)”, consignó al diario La Nación.

En la Ufecri trabajaban unas 60 personas que se reparten el trabajo en tres equipos. La dirección general está a cargo de Romina Del Buono, que trabajaba desde hace 20 años con Campagnoli en la fiscalía de Núñez-Saavedra.

Un nuevo desafío

“Creo que la resolución que ha adoptado el procurador general es una muy buena noticia no solo para quienes integramos la Ufecri y estamos naturalmente entusiasmados ante este nuevo desafío, sino también para toda la Justicia del fuero penal, porque finalmente el Ministerio Público Fiscal, como organismo encargado de promover la Justicia, tendrá una oficina encargada expresamente de la búsqueda de aquellas personas que, luego de cometer un delito, evaden la acción de los tribunales”, expresó Campagnoli al diario La Nación.

Y agregó: “Esto es algo fundamental en la persecución del delito y, sin embargo, no era objeto de un trabajo sistemático por parte de la Justicia: pese a lo mucho que le cuesta al Estado identificar al responsable de un crimen y reunir las pruebas de su responsabilidad, los esfuerzos por dar con los prófugos eran realmente pocos”.

La Ufecri está divida en equipos. Parte del grupo de trabajo se encarga de ingresar en el sistema todos los expedientes de autores desconocidos que son enviados a las 62 fiscalías criminales y correccionales de la ciudad de Buenos Aires.

Otra parte del equipo lo conforma la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), a cargo de Elías Collado, que tiene como función investigar e intentar ponerles nombre y apellido a los delincuentes NN. Ahora, el grupo que va a colaborar en la búsqueda de prófugos será conducido por Juan Pablo Bello y, el de gestión de expedientes, por Andrés Rimoldi.

“La asignación de esta tarea a la Ufecri apareció como algo natural porque hemos comprobado que muchos de los casos NN que esclarecemos cuando logramos identificar a sus autores fueron cometidos por personas que ya habían sido identificadas en la comisión de otro delito y que, sin embargo, se habían evadido del proceso; personas que, por no presentarse ante el juez del caso, habían sido declaradas rebeldes, pero que, sin embargo, nadie había asumido seriamente la tarea de buscarlas y someterlas a juicio. En la mayoría de los casos, ni siquiera se disponían las medidas más elementales, como que alguien vaya y vea si acaso estas personas no seguían frecuentando los mismos lugares o a las mismas personas. Hace años que decimos que la mayoría de los rebeldes o prófugos están en sus domicilios. ¡Y hasta publican fotos en redes sociales! Pero, la Justicia solo daba con ellos si eran nuevamente detenidos in fraganti”, afirmó Campagnoli.

Además de lo que puedan hacer de ahora en más los detectives de la Ufecri, en el Estado funciona en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación el Comando Unificado de Recaptura de Evadios (Cufre), integrado por especialistas de las cuatro fuerzas federales de seguridad: la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Según fuentes oficiales, en los primeros diez meses de este año, el Cufre detuvo a 71 personas que tenían cuentas pendientes con la Justicia.

“El equipo de investigadores de la Ufecri ha logrado fortalecer los mecanismos de búsqueda a través de las plataformas virtuales, públicas y privadas; además de realizar un trabajo mancomunado con las distintas fuerzas de seguridad y otras dependencias del Ministerio Público Fiscal; todo lo cual nos permitió agilizar la capacidad de respuesta y brindar un apoyo sustancial a los fiscales para el avance de los procesos criminales”, explicó Campagnoli.