La causa tramita bajo el número de legajo 9.666, en el Juzgado Civil y Comercial Nº 1, de Paraná, a cargo del juez Juan Carlos Coglionese. En la demanda, a cargo de la Fiscalía de Estado, se indica que Gioria, siendo Tesorero General de la Provincia, en 2005, emitió dos cheques “sin causa” por el monto de $399.668,96 a favor de la firma Fokker Services Holanda.

El ex funcionario estuvo al frente de la Tesorería General de la Provincia durante más de una década: desde 2005, durante la última gestión de Jorge Pedro Busti, hasta 2014, en el segundo período de Sergio Urribarri. Surgió del riñón del exfuncionario bustista Oscar Horacio ‘Pacha’ Mori, en tiempos en que ambos estuvieron, por fines de los años ‘90, en la Dirección General de Rentas (DGR), en la primera gestión de Busti.

La Provincia también promovió una demanda similar contra la empresa, pero ambos legajos fueron acumulados porque “existía conexión causal y afinidad de pretensiones”. La unificación fue resuelta el 29 de mayo de 2019 por la Cámara de Apelaciones en los Civil y Comercial de Paraná. El 25 de noviembre del año pasado, con esa resolución en mano, el juez Coglionese aceptó la acumulación.

La acumulación se resolvió a pedido de la Fiscalía de Estado, que explicó en su presentación que en “ambos procesos se comparte el basamento fáctico que sustenta las pretensiones de ambas demandas, sin perjuicio de que, en cada caso, recaen imputaciones jurídicas diferentes que se dirigen en relación a distintos accionados, que podrían incluso formar parte de un litisconsorcio facultativo”.

En esa línea, se detalló que “la causa fáctica común invocada, reside en que ambas causas refieren al pago sin causa efectivizado a la Firma Fokker Services Holanda, autorizado por quien fuera Tesorero General de la provincia en el año 2005, mediante la emisión de dos cheques por el monto total de $ 399.668,96. Solo que en la primera causa se reclama la repetición del pago y en autos se demanda al ex Tesorero, por los daños y perjuicios ocasionados por el ejercicio irregular de sus funciones, al haber actuado sin la diligencia debida y con inobservancia de sus obligaciones y deberes a su cargo, al disponer la mentada autorización del pago sin causa efectuado a los apoderados de la sociedad aludida”.

La empresa de Países Bajos

La empresa a la que habría beneficiado el exfuncionario, Fokker Services Holanda, debe su nombre a Anthony Fokker, nacido en 1890 y fallecido en 1939, quien fue un pionero en la construcción de aviones.  La firma tiene su sede en Hoofddorp, en las afueras de Ámsterdam, Países Bajos. En su sitio Web, la firma se presenta como “proveedor independiente de servicios aeroespaciales” y que ofrece “soluciones a medida para aeronaves regionales, comerciales y militares”.

Gioria, imputado en la causa ATER

Esta causa no es la única que enfrenta Gioria, ya que se encuentra imputado por delitos contra la Administración Pública por haber participado –según la acusación de Fiscalía- en la mega estafa a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

Gioria renunció en junio de 2014, cuando estalló el escándalo por las compensaciones truchas en el organismo recaudador. La investigación se inició con una denuncia del entonces titular del organismo recaudador y actual diputado nacional, Marcelo Casaretto, para que se investigue un posible fraude entre 2012 y 2014, aunque luego se amplió a entre 2004 y 2007 y 2008 y 2011.

Al extesorero se le atribuyen actos que encuadran en las figuras típicas de simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros y cohecho pasivo en concurso ideal reiterados; y delitos de defraudación a la administración pública y cohecho pasivo en concurso ideal reiterados, todos concursados realmente.

Además de Gioria, también son acusados la exDirectora de Despacho de ATE, Estrella Martínez de Yankelevich, y sus ex empleados Abelardo Daniel Gaggión, Darío Barreto, Fabrizio Dayub, y Daniela Miño y Jorge Martín Zuttión, auditor del Tribunal de Cuentas de la provincia.

La fiscal a cargo del caso, Laura Cattáneo, pidió la elevación a juicio en abril de 2020.  En los años que llevó a la investigación judicial, de 128 procesados que tuvo la causa en 2017, a juicio llegan alrededor de 39 personas, entre funcionarios, empleados infieles y contribuyentes que participaron de las maniobras. Muchos privados lograron salidas alternativas al proceso porque accedieron a la suspensión del juicio a prueba al acordar con el ente recaudador pagar el dinero que había sido simulado por el personal que operó durante años en su interior.

Fuente: Entre Ríos Ahora